Diecisiete meses han pasado desde que una junta militar se tomó el poder en Myanmar a inicios de 2021. En ese tiempo, manifestaciones pacíficas y otras más violentas han alzado la voz por la falta de una democracia que experimentaron por solo diez años. Organizaciones internacionales de Derechos Humanos han levantado una advertencia que el lunes se concretó: 114 personas han sido sentenciadas a muerte en el último tiempo, y cuatro de ellas ya se llevaron a cabo, afirmó Humans Rights Watch.
A través de la horca, la junta llevó a cabo las primeras ejecuciones en el país en décadas. En 1988 se realizaron las últimas por la vía legal. Aduciendo a que ayudaron a la realización de “actos terroristas”, afirmó el gobierno en un comunicado, Myanmar sumó un nuevo antecedente a la larga lista de acusaciones de violaciones a los derechos humanos realizadas por organizaciones internacionales. La muerte del activista Kyaw Min Yu, el exparlamentario Phyo Zeya Thaw y dos protestantes acusados de asesinar a una mujer que creyeron informante del Ejército desataron protestas y la crítica de la comunidad internacional.
Kyaw Min Yu, más conocido como Jimmy, tenía 53 años antes de que se materializara la condena. Conocido por su activismo en busca de la democracia, era uno de los aliados de la derrocada líder de la Liga Nacional para la Democracia (LND), ganadora del Premio Nobel de la Paz en 1991 y ahora encarcelada, Aung San Suu Kyi, quien ofició como Consejera de Estado tras su victoria en las elecciones de 2015, puesto equivalente al de Primera Ministra.
Veterano del Grupo de Estudiantes Generación 88, movimiento prodemocracia que en 1988 velaba por votaciones. Un golpe que derrocó a otro previo, derribó las aspiraciones del grupo. Pasó 18 años encarcelado, saliendo libre en 2012. En octubre de 2021 nuevamente fue arrestado tras ser acusado de incitar disturbios, amenazar el orden público y de esconder armas y municiones en un apartamento de Yangon por la nueva administración de facto, detalló BBC.
Tras apelar a la sentencia de muerte y su posterior negación en junio de este año, su esposa dijo a Reuters que no reconocería la descripción que los militares hacían de su esposo al tildarlo de “terrorista”, agregando que todo el país estaba en rebelión contra los generales a cargo del país.
Junto a él fue ejecutado Phyo Zeya Thaw, rapero, cofundador del grupo Acid y exdiputado de 41 años que también apeló infructuosamente a la sentencia junto a Kyaw Min Yu. Encarcelado tras las revueltas de 2008, postuló al Congreso una vez liberado, logrando un escaño hasta 2020. “Quiero expresar el deseo de la gente. Así que todo lo que necesito es un micrófono”, dijo en un documental, refiriéndose a su doble labor como músico y parlamentario.
Acusado de disparar a personal de seguridad, afirmaron medios estatales al momento de su arresto, también se le acusó de formar parte de una red que planeó atentados en Yangon, todo según el gobierno militar. Phyo Zeya Thaw fue visto acompañando a Aung San Suu Kyi en muchas de las reuniones internacionales a las que acudió previo a ser derrocada.
Hla Myo Aung y Aung Thura Zaw completan la lista de ejecutados, prisioneros declarados culpables en abril de este año. Según el sitio web del jefe del Ejército, ambos habrían torturado y posteriormente asesinado a una mujer en marzo de 2021 al creer que era una informante de las fuerzas armadas.
La Asociación de Asistencia a los Presos Políticos (AAPP), agrupación activista del país, afirmó a Reuters que eran de Yangon y que habían sido parte de las protestas y movimientos que se resistieron al golpe de estado de 2021.
Los cuatro fueron declarados culpables en juicios a puertas cerradas, por lo que aún no está claro cómo se llegó a la conclusión de la participación de los condenados a muerte en los hechos imputados.
Erwin Van Der Borght, director regional de Amnistía Internacional, dijo que “estas ejecuciones equivalen a la privación arbitraria de vidas y son otro ejemplo del atroz historial de derechos humanos de Myanmar”, agregando que “los cuatro hombres fueron condenados por un tribunal militar en juicios muy secretos y profundamente injustos”.
Diversas manifestaciones se han desencadenado en el país tras la ejecución. Un cartel colgado en un puente de Yangon aseguraba que la junta militar tendrá que “estar dispuesta a pagar la deuda de sangre”, reportó The Guardian. “RIP Zeyar Thaw, Jimmy, Hla Myo Aung y Aung Thura”, cerraba la pancarta.
Los vaivenes democráticos de Myanmar
Los múltiples conflictos armados que han rodeado al país asiático datan de hace siglos, donde sucesivos golpes de Estado, cambios de mando abruptos, la colonización de Reino Unido por más de 60 años, guerras civiles y la presencia de cientos de grupos étnicos clamando por independencia parcial o total marcaron su historia hasta la actualidad.
La independencia llegó en 1948, proceso mucho más complejo que lo que estas líneas pueden resumir, pero que terminó abruptamente cuando grupos étnicos hicieron presión por lograr la autonomía o, en su defecto, una suerte de federalismo. Existen 135 etnias que conviven en Myanmar y que son reconocidas por el Estado, según datos oficiales de 2016.
Como respuesta, un golpe de Estado en marzo de 1962 inició un largo camino de alzamientos, cambios en el poder y protestas que dejaron saldos de miles de muertos, etapa que finalizó con las reformas de 2011, donde se liberalizó la economía y se introdujeron reformas políticas, pero manteniendo como presidente a Thein Sein, uno de los generales militares.
Ya en 2015, se realizó a la primera elección abierta en que el resultado se respetó, lo que posicionó a Myanmar como una democracia con elecciones abiertas. Hecho que no volvió a suceder cuando se repitió la instancia en 2020, ocasión que decantó en el golpe de estado que terminó con diez años de relativa estabilidad y que puso a la cabeza del país al gobierno actual.
La reacción internacional
La respuesta a la sentencia tuvo eco inmediato en diversos países y organizaciones. “Esto va en contra de nuestros repetidos llamados para que todos los detenidos sean liberados. También profundizará el aislamiento de Myanmar de la comunidad internacional”, dijo en un comunicado el ministro de Relaciones Exteriores de Japón, Yoshima Hayashi.
Por su parte, Richard Horsey, analista de Crisis Group, organización que vela por soluciones a crisis bélicas, aseguró a Reuters que “ya se eliminó cualquier posibilidad de diálogo para salir de la crisis creada por el golpe. Este es el régimen demostrando que hará lo que quiera y no escuchará a nadie. Lo ve como una demostración de fuerza, pero puede ser un grave error de cálculo”.
El relator especial de la Organización de Naciones Unidas (ONU) sobre Derechos Humanos en Myanmar, Tom Andrews, dijo estar “indignado y devastado por la noticia de la ejecución por parte de la junta de patriotas de Myanmar y defensores de los derechos humanos y la democracia”, pero también tuvo palabras dirigidas al resto de países. “Estos actos depravados deben ser un punto de inflexión para la comunidad internacional”.
En una línea similar, la embajada de Estados Unidos en el país asiático aseguró en un comunicado que condenaban “la ejecución por parte del régimen militar de líderes prodemocráticos y funcionarios electos por ejercer sus libertades fundamentales”.
