El Tribunal de Sesiones de Edimburgo fijó hoy una vista para el 6 de septiembre en la que evaluará si el primer ministro británico, Boris Johnson, puede decidir cerrar el Parlamento y permitir así que el 31 de octubre el Reino Unido salga de la Unión Europea (UE) sin acuerdo.
La que es la corte de mayor rango de Escocia celebró este martes una vista preliminar en la que el juez Lord Raymond Doherty accedió a acelerar el proceso, teniendo en cuenta la proximidad de la fecha para el "brexit", y dictaminó que escuchará a todas las partes a inicios del próximo mes.
Además, el día 4 de septiembre tendrá lugar una vista preliminar para decidir sobre cualquier punto de conflicto legal entre las dos partes.
Un grupo de veinticuatro diputados, entre los que se encuentran la líder de los Liberales Demócratas, Jo Swinson; el diputado laborista Ian Murray, la parlamentaria del Partido Nacionalista Escocés (SNP) Joanna Cherry y la independiente Heidi Allen, respaldan esta acción que fue presentada el 6 de agosto.
La razón por la que los diputados decidieron presentar la demanda en Escocia es que el Tribunal de Sesiones continúa reunido durante el periodo vacacional, mientras su homólogo inglés está suspendido.
Los políticos sostienen que sería ilegal clausurar la Cámara de los Comunes para que no bloquee un abandono abrupto del bloque comunitario, ya que Johnson se ha comprometido a que el país salga de la UE en la fecha prevista del 31 de octubre, aunque sea sin un tratado, un extremo que rechaza la mayoría del Parlamento británico.
La medida es del todo controvertida, porque, en caso de querer activar este mecanismo, Johnson necesitaría el permiso de la reina Isabel II, lo que algunos analistas sostienen que pondría a la soberana en una situación incómoda.
El jefe del Ejecutivo británico se ha negado a descartar el cierre del Legislativo, argumentando que todas las opciones deben estar sobre la mesa para garantizar que el país formaliza su divorcio de las instituciones europeas en la fecha programada.
El Gobierno británico, que se niega a abandonar el bloque con el acuerdo negociado por la anterior administración (rechazado hasta en tres ocasiones por el Parlamento), ha desmentido que no esté dispuesto a negociar un nuevo tratado, como han especulado los líderes europeos.
Los Veintisiete consideran que las peticiones de Londres, en particular su pretensión de eliminar la salvaguarda que evitaría una frontera dura en la isla de Irlanda, son inaceptables.
El año pasado, el mismo grupo de parlamentarios presentó una acción similar que llevó al Tribunal de Justicia Europeo a dictaminar que el Reino Unido tenía la capacidad de revocar de forma unilateral (sin el acuerdo de los Veintisiete) la aplicación del artículo 50 que inició el proceso de retirada de la UE.
