Tras meses de discusión legal, el gobernador demócrata de California, Gavin Newsom, dio el visto bueno este jueves para que sus funcionarios inicien el desalojo y desmantelamiento de campamentos esparcidos a lo largo y ancho del estado azul, detalló The New York Times citando a miembros de la administración californiana. La máxima, eso sí, era actuar “con urgencia y dignidad”.
La orden bajó hacia los funcionarios un mes después de que la Corte Suprema permitiera a Newsom el avanzar con su política de desalojos a personas sin hogar tras entregar a los gobiernos locales una mayor autoridad en torno a los desmantelamientos de campamentos. Esta es una de las principales preocupaciones de los votantes en el estado liderado por los demócratas, aseguró el portal estadounidense Politico.
No se trata de un problema menor. Según el Times, estas zonas compartidas en los que ciudadanos sin techo se agrupaban en espacios públicos, muchas veces parques o incluso veredas, han irritado particularmente a los californianos, quienes han lidiado de forma más directa y masiva con la situación que otros estados del país.
Las estimaciones indican que ya en 2023 había unas 180.000 personas sin hogar en California, la tasa más alta del país. Esto, en un lugar reconocido como uno de los estados donde el costo de vida es de los más elevados de Estados Unidos. Del total, unos 123.000 estaban desamparados incluso de noche, y, a diferencia de Nueva York, “la mayoría de las jurisdicciones de California no garantizan el derecho a la vivienda”, explicó el Times.
Ahora, será el propio gobernador Newsom quien asesorará a los distintos condados y ciudades del estado sobre la mejor forma de intensificar la aplicación de los desalojos, mas no puede obligarlos a actuar.
A través de un comunicado, el gobernador -al que muchos miran como una posible carta presidencial futura- aseguró que su administración “ha trabajado duro para hacer frente a esta crisis en nuestras calles”. Y añadió: “Sencillamente, ya no hay excusas (…). Es hora de que todos hagan su parte”.
Posterior a aquello, y en conversación con CNN, Newsom aseguró que su directriz “ordena a las agencias estatales intervenir urgentemente ante los peligrosos campamentos y dar apoyo y asistencia a los individuos que viven en ellos”, y establece criterios para que todas las autoridades del estado “puedan hacer lo mismo”.
En la misma línea, instará a las autoridades locales a que, además de mover a los homeless, también los motiven a que utilicen los espacios en los que el Estado ha invertido millones de dólares para resguardarlos.
Para entender a fondo el alcance del problema, es necesario volver un tiempo atrás, cuando el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito -que abarca 9 estados más territorios, incluidos California y Oregon- confirmó la sentencia de un tribunal inferior de 2020 en el caso Ciudad de Grants Pass contra Johnson (caso de acción colectiva presentado en 2018) donde se invalidaban las ordenanzas anticampamentos en esta urbe del sur de Oregon. En aquel momento, el juez Neil Gorsuch señaló que el poder de decidir cómo abordar la falta de vivienda recae en gran medida en los funcionarios locales.
Esa decisión judicial generó que las piezas del dominó empezaran a derrumbarse, irritando principalmente a los funcionarios demócratas que veían con preocupación los números de personas sin hogar en el estado.
Todo cambió a fines de junio de este año, cuando, desde la otra vereda, les llegó una mano. Fue la decisión de la Corte Suprema, con una mayoría conservadora que regularmente es foco de críticas demócratas, la que les permitió avanzar en su plan de desalojo. “La situación ha creado una extraña situación de complicidad entre los líderes demócratas de la costa oeste, que suplicaron a la mayoría conservadora del tribunal superior que anule la decisión del Noveno Circuito”, relató en la fecha Politico.
En aquellos días del mes pasado, Newsom señaló que la resolución del Tribunal Supremo “elimina las ambigüedades legales que han atado las manos de los funcionarios locales durante años”, y “otorga a los funcionarios estatales y locales la autoridad definitiva para implementar y hacer cumplir políticas para despejar los campamentos inseguros de nuestras calles”.
De regreso al presente, algunas voces demócratas ya han celebrado la decisión del máximo ente judicial estadounidense, y todo indica que se plegarán a los lineamientos del gobernador Gavin Newsom. Por ejemplo, la alcaldesa demócrata de San Francisco, London Breed, señaló la semana pasada que las autoridades municipales planeaban ser “muy agresivas y firmes a la hora de trasladar los campamentos” a partir del próximo mes, y no descartó que se empiece a citar judicialmente a las personas sin hogar que se nieguen a ser trasladadas a un alojamiento estatal.
Desde la vereda opuesta, el alcalde republicano de Lancaster, California, R. Rex Parris, dijo estar ansioso por iniciar su plan de desalojo, recogió The New York Times. “Estoy calentando la excavadora”, declaró.
De todos modos, todavía no hay unanimidad al respecto. La gran mayoría de los gobiernos locales se han mostrado divididos sobre si aplicar la medida, aseguró el periódico neoyorquino, ya que la sentencia de la Corte Suprema dejó intactas muchas protecciones civiles, incluidas las prohibiciones de multas excesivas y violaciones de las garantías procesales.
Además, tras la implementación de la nueva política californiana, voces críticas no se demoraron en aparecer, especialmente desde la sociedad civil. Algunas incluso aseguraron que demandarán a los gobiernos locales por maltrato a las personas vulnerables que viven en la calle.
Karen Bass, alcaldesa de Los Ángeles que había hecho del combate contra las personas sin techo uno de sus principales objetivos políticos, ahora ha matizado su postura y se convirtió en una de las mayores disidentes de la medida impulsada por el gobernador Newsom. Según ella, esta “podría envalentonar a quienes desean criminalizar a los angelinos sin hogar”, dijo tras el fallo de la Corte Suprema.
“Este fallo no debe usarse como excusa para que ciudades de todo el país intenten salir de este problema mediante arrestos u ocultar la crisis de personas sin hogar en ciudades vecinas o en la cárcel”, añadió la edil demócrata en un comunicado.
A su favor juega un reciente estudio realizado por la RAND Corporation, citó el Times, donde se concluye que “el desmantelamiento de los campamentos tenía poco o ningún efecto a largo plazo sobre la población de personas sin hogar de una ciudad”.
La administración de Newsom, sin embargo, ha respondido asegurando que ha destinado alrededor de US$ 24.000 millones en políticas destinadas a la falta de vivienda desde que asumió el cargo en 2019, y que ya ayudaron a trasladar a más de 165.000 personas sin hogar a viviendas temporales o permanentes, consignó el mismo periódico.
