Una auténtica guerra civil se vive desde hace un poco más de un año en Puerto Príncipe. No se trata de un Ejército contra una facción rebelde, sino de bandas criminales que tienen el control de facto en la ciudad, y ante las cuales, en muchos casos, las fuerzas del orden de Haití no pueden enfrentar.
La inseguridad en la capital haitiana alcanzó niveles “comparables a los de un país en guerra”, alertó la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en un informe publicado este lunes, en el que subraya el importante incremento de los homicidios y los secuestros en el país.
Y es que luego de meses de una “paz relativa” en el barrio de Bel Air, la tregua de la coalición criminal G9 y los grupos del sector se rompió a inicios de marzo, lo que ha generado ataques y contraataques.
Esta semana se conoció la muerte de un líder importante de las bandas en Haití, Ti Makak, por parte de la policía, y aunque parezca uno de “los mayores golpes” propinados al crimen organizado, no representa sino una parte del gran conflicto que se vive día a día en el país caribeño.
Entre la multitud de pandillas que se reparten y pelean Puerto Príncipe, hay una coalición que es reconocida como la más importante: el G9 an Fanmi e Alye (G9, una familia y aliados), liderado por el expolicía Jimmy Chérizier, conocido también como “Barbacue”.
Chérizier empezó su trayectoria criminal en noviembre de 2017, cuando siendo policía tomó parte de un supuesto operativo antipandillas en Puerto Príncipe, que terminó convirtiéndose en la ejecución extrajudicial de al menos 14 civiles. De ahí en adelante se le vincularía con decenas de asesinatos, incluida la masacre de La Saline, donde murieron 71 personas.
De a poco Chérizier fue tomando poder entre los otros grupos y, según señalan informes de la Escuela de Leyes en Harvard, el grupo de Barbacue habría recibido apoyo material, logístico y financiero por parte del Presidente Jovenel Moïse: transferencias de dinero, armas, uniformes de la policía y vehículos oficiales, entre otras cosas.
De todos modos, la principal fuente de ingresos de las bandas del G9 es la extorsión: por un lado, a través del cobro de “pagos de protección” a negocios locales, vendedores y conductores, y por el otro el secuestro por recompensa, que es ya una “industria” en palabras de Chérizier. Otra fuente de entrada de recursos, indica InSight Crime, la obtienen estas bandas a través de la absorción de servicios públicos, como electricidad y agua, a cambio de pagos.
Sancionado por las Naciones Unidas por cometer “abusos graves contra los derechos humanos”, Jimmy Chérizier sigue siendo el hombre más poderoso del país, muy a pesar del primer ministro Ariel Henry. El año pasado llegó a orquestar un bloqueo de combustible para protestar por un alza de precios anunciado por el Ejecutivo, y ha afirmado en más de alguna ocasión que Henry está relacionado con el asesinato del Presidente Jovenel Moïse, ocurrido en julio de 2021.
Para sus seguidores, sin embargo, Chérizier es un “revolucionario” luchando contra un gobierno corrupto. En una entrevista con AP, Barbecue se sentó en una silla en medio de una calle vacía y afirmó: “No soy un ladrón. No estoy implicado en secuestros. No soy un violador. Sólo estoy llevando a cabo una lucha social. Soy una amenaza para el sistema”.
Estos últimos meses, ha sido el barrio de Bel Air, en Puerto Príncipe, donde la mayoría de los problemas se está dando. Una banda criminal bajo el liderazgo de un secuestrador condenado y huido de la cárcel, Kempes Sanon, ha transformado tal barrio en su centro de operaciones y secuestros.
Esta banda hace parte de una gran confederación, llamada la G-PEP, dirigida por Gabriel Jean Pierre, y que tiene por barrio central el Brooklyn de Cité Soleil, también en Puerto Príncipe. La rivalidad principal, al final, es entre las dos confederaciones: la G-PEP y el G9, y durante los veranos de 2021 y 2022 feroces batallas tuvieron lugar entre ambos grupos, hasta que en diciembre se instaló una tregua.
Por eso mismo, desde el medio Haiti Liberté comentan de esta manera los combates en Bel Air. “Algunos analistas se preguntan si los enfrentamientos que están explotando actualmente no han sido concebidos para darle un pretexto a Washington y Ottawa, para así lanzar una tercera ocupación militar extranjera en Haití en menos de tres décadas”.
En medio del caos y el conflicto, otro frente se abrió este lunes, cuando un grupo de vecinos en un barrio de Puerto Príncipe, al ver un auto policial con supuestos pandilleros, los tomó, golpeó y quemó vivos. Se trató de 13 personas que estaban en custodia policial y que fueron rociadas con gasolina antes de que se les prendiera fuego.
“Durante el registro de un minibús con individuos armados a bordo, la policía confiscó armas y otros equipos. Más de una decena de individuos que circulaban a bordo de este vehículo fueron lamentablemente linchados por miembros de la población”, fue el comunicado de la policía haitiana al respecto.
Según la Deutsche Welle, desde ese lunes hasta ahora no ha pasado un día sin que se linche a al menos 10 presuntos pandilleros, siguiendo las informaciones de los medios de comunicación locales. De todos modos, la policía no ha dado cifras exactas respecto del tema.
En muchos de los registros que dan vueltas por las redes sociales en Haití, señala DW, “se observan enfrentamientos entre policías y miembros de pandillas, así como a vecinos contra bandidos. Pero también se presentan videos con pandilleros atados y quemados”. “Los bandidos son despedazados a machetazos y luego quemados, porque según algunas creencias -debido a alguna protección mística- las balas no pueden matarlos”, completa la cadena alemana.
El conflicto de pandillas y la ausencia del Estado han vuelto extremadamente difícil la vida en el país. La Red Nacional de Defensa de Derechos Humanos (RNDDH) de Haití aseguró este lunes que solo en los últimos seis meses ya han muerto o desaparecido 400 personas a causa de la violencia desencadenada.
Particularmente en los departamento del Oeste y de Artibonite, los ataques armados y masacres contra civiles han ido en aumento este año, asegura el informe de la entidad, con cientos de muertos y decenas de violaciones a mujeres y niñas.
La misma ONG también habló de una veintena de masacres en los últimos cinco años. Todo esto ha llevado al primer ministro Ariel Henry a solicitar, el año pasado, el envío de una fuerza extranjera. Esta solicitud, de todos modos, aún no se concreta.
