Entre julio de 2015 y marzo de 2017, la Fiscalía General registró la muerte de 505 personas, entre ellas cuatro mujeres y 24 niños, a manos de las fuerzas de seguridad en el marco de las protestas de la oposición contra el gobierno de Nicolás Maduro. Los responsables de estas muertes no tuvieron consecuencia legal alguna, según denuncia el último informe del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh), dado a conocer hoy.

El informe es el segundo documento que evidencia las violaciones a los derechos humanos cometidos por las fuerzas chavistas. Según registros de organizaciones de la sociedad civil, al menos 570 personas, incluidos 35 niños, fueron detenidos arbitrariamente entre el 1 de agosto de 2017 y el 30 de abril de 2018.

Agentes de seguridad, principalmente miembros del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) y la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), recurrieron al uso excesivo de fuerza, detenciones arbitrarias, tortura y malos tratos para intimidar y castigar a los detenidos y para extraer confesiones o información en lugares de detención clandestinos.

Los casos más graves tuvieron lugar en cuarteles del Sebin, Dgcim y del Ejército, en 19 estados de Venezuela.

La ONU documentó 90 casos de personas privadas de libertad, antes, durante y después de la ola de protestas masivas en 2017, que fueron sometidas a una o más formas de malos tratos y tortura, entre los que se incluyen "descargas eléctricas, golpes fuertes -con tubos de metal y bates de béisbol-, violaciones y otras formas de violencia sexual, asfixia con bolsas de plástico y productos químicos, simulacros de ejecución y privación de agua".

El informe indicó que "la impunidad" era "predominante" y que las autoridades no investigaron de manera rápida y efectiva las denuncias verosímiles, lo que "hubiera permitido procesar a los presuntos autores y proporcionar reparaciones a las víctimas". Además, la tortura infligida a detenidos por "haber expresado ciertas opiniones políticas o por haber ejercido sus derechos humanos no son incidentes aislados".

Estos tratos fueron confirmados por los testimonios en "diferentes unidades de seguridad de todo el país, en diferentes centros de detención y con el presunto conocimiento de oficiales superiores, lo que demuestra un patrón de conducta", denunció el informe.

Además, los detenidos tuvieron acceso limitado a alimentos y agua potable, mientras que se les negó atención médica a quienes se encontraban en mal estado de salud.

El mismo patrón de violaciones a los DD.HH. durante las protestas se observó durante la operación en el centro de detención de Amazonas en agosto de 2017, que dejó 39 reclusos muertos y en la operación que terminó con siete miembros de un grupo armado en "El Junquito", en enero de 2018. Según el informe, en ambos casos "los agentes de seguridad usaron exceso de fuerza, manipularon la escena y la evidencia para que las muertes parecieran ser el resultado de los intercambios de fuego".

Debido a que el gobierno venezolano no permite el ingreso del Alto Comisionado de DD.HH. al país, el informe fue realizado con 150 entrevistas a víctimas y testigos, así como representantes de la sociedad civil, periodistas, abogados, médicos y numerosos informes y datos.

El Acnudh calificó de "lamentable" la situación en Venezuela y pidió crear una comisión de investigación internacional, además de una mayor "implicación" de la Corte Penal Internacional. En febrero, la CPI inició exámenes preliminares por "presuntos crímenes" durante las protestas de 2017 que dejaron 125 muertos.