Ariel Henry fue designado el lunes 5 de julio de 2021 como primer ministro por Jovenel Moïse, el presidente de Haití. Dos días después, este último fue asesinado en su domicilio. Desde entonces, Henry, cuya autoridad ha sido reconocida por potencias extranjeras como Canadá, Estados Unidos, Francia y otros países occidentales, ha permanecido en el poder, a pesar de la desconfianza de la población y del llamado a elecciones democráticas por parte de la sociedad civil haitiana.
El 7 de febrero marcaba el fin del mandato de Henry, pero el mandatario ha hecho caso omiso a su responsabilidad democrática de ceder el poder y promete una transición que no se materializa, lo que ha avivado la ira de los ciudadanos.
En los últimos días, en violentas protestas, al menos cinco miembros de la Brigada para la Seguridad de las Áreas Protegidas (B-SAP) fallecieron en un enfrentamiento armado con la policía. La brigada, aliada de la oposición que ha buscado la destitución del primer ministro, se ha unido a protestas en todo el país. Lionel Lazarre, líder del sindicato de Policía SYNAPOHA, informó que la Policía Nacional de Haití detuvo a tres agentes de la B-SAP y confiscó uno de sus vehículos.
La B-SAP, encargada de proteger las zonas fronterizas y bosques de pinos en peligro, se desvió de su función al unirse a un exlíder rebelde, Guy Philippe, y opositores políticos del primer ministro Ariel Henry. Durante las protestas que exigían la renuncia de Henry, un líder de la brigada confirmó la muerte de sus compañeros. “Incendiaremos el país si Henry no renuncia”, advirtió.
Sus declaraciones hacen eco de las de muchos haitianos, indignados por la grave situación del país, que piden que el primer ministro cumpla su palabra de apartarse del cargo. A principios de semana, los partidos políticos anunciaron tres días de movilización para destituir a Henry.
En ciudades de todo el país, los manifestantes incendiaron edificios gubernamentales, bloquearon carreteras con vehículos volcados y barricadas en llamas, saquearon edificios e intentaron realizar un bloqueo frente a la oficina del primer ministro. En cada caso, las unidades antidisturbios de la Policía Nacional de Haití respondieron con gases lacrimógenos y en algunos casos disparando a los manifestantes.
En la misma fecha en la que se vencía su mandato, Henry llamó a la calma y destacó los esfuerzos de la Policía para frenar la inseguridad, en una alocución nacional transmitida después de la medianoche. También rechazó la idea de una transición prolongada y enfatizó la necesidad de elecciones. “Una transición no puede llevar a otra transición”, agregó.
El 7 de febrero también se cumplieron 38 años desde la expulsión del dictador Jean-Claude ‘Baby Doc’ Duvalier. Cinco años después, el país tuvo su primer presidente elegido democráticamente, Jean-Bertrand Aristide. Sin embargo, las promesas de Henry de entregar el poder a un presidente electo en 2024, plasmadas en el Acuerdo de Montana, que aseguraba celebrar comicios “lo más pronto posible”, no se hacen realidad.
Una oposición determinada a que Henry salga del poder
La posible salida del primer ministro Ariel Henry ha generado intensos debates políticos en Haití, especialmente en los días previos al 7 de febrero de 2024.
Schultz Simpssie Cazir, secretario general del partido político Ansanm pou Ayiti -Juntos por Haití- , afirmó a France 24 en español que “después de 30 meses de resultados decepcionantes, solo queda planificar la salida del poder”. Cazir se une a la coalición de grupos políticos y sociopolíticos que, en un comunicado del 2 de febrero, pidieron la dimisión de Henry y la formación de un Poder Ejecutivo en conformidad con la Constitución.
La coalición describe un panorama sombrío del país bajo el gobierno de Henry, señalando una degradación persistente en la situación política, económica y social desde la instalación del gobierno de excepción en julio de 2021. Se destacan más de 8.400 víctimas directas de la violencia de pandillas en 2023, un aumento del 122% respecto a 2022, según la BINUH, Oficina Integrada de la ONU en Haití.
Los firmantes de la declaración conjunta expresaron su preocupación por la indiferencia de Henry y sus ministros ante las dificultades de los ciudadanos forzados a desplazarse por la acción criminal de pandillas, especialmente en la región metropolitana de Puerto Príncipe.
“Luchamos por nuestra independencia y esperamos que sea victoriosa”
El 7 de febrero de 1986 quedará marcado en la historia de Haití como el día en que Jean-Claude ‘Baby Doc’ Duvalier, dictador respaldado por Estados Unidos, abandonó el país ante una creciente ola de protestas que se gestó desde 1985. ‘Baby Doc’ había asumido el poder a la edad de 19 años en 1971, sucediendo a su padre, François ‘Papa Doc’ Duvalier. Este último, elegido presidente en 1957, instauró una dictadura personal y se autoproclamó “presidente de por vida”.
France 24 habló con el exsenador Jean-Charles Moïse, líder político de la oposición. “Existe un paralelo entre la historia y la coyuntura, cuando un líder político no quiere renunciar, los haitianos protestamos por nuestros derechos y los sacamos del poder”, dijo Moïse.
“Esta no va a ser la excepción: primero ‘Baby Doc’, luego Aristide y ahora Henry. Luchamos finalmente por una independencia y esperamos que ésta sí sea victoriosa. Esta es nuestra cuarta revolución”.
La familia Duvalier mantuvo un régimen intensamente anticomunista y contrario a los sindicatos. A pesar de altibajos, recibió el respaldo del gobierno estadounidense durante la mayor parte de la Guerra Fría. La corrupción de los Duvalier saqueó la riqueza de los haitianos, manteniendo a la población en la pobreza mientras recompensaba a aliados y extranjeros con acceso a las riquezas del país. Durante su mandato, más de 60.000 haitianos fueron asesinados por el Estado bajo acusaciones de comunismo.
Desde su derrocamiento, Haití ha experimentado golpes de Estado y ocupaciones militares lideradas por Estados Unidos y otras potencias. La inestabilidad, la violencia de pandillas y la corrupción política continúan afectando a su población.
Guy Philippe, un regreso que agita las aguas políticas
Uno de los personajes más controvertidos de Haití está de vuelta en su tierra natal después de ser deportado de Estados Unidos en noviembre. Guy Philippe es un excomandante de la Policía haitiana y exsenador que lideró una rebelión en 2004 derrocando al presidente Jean-Bertrand Aristide.
El regreso de Philippe ha sido anticipado durante meses por sus seguidores y podría cambiar las dinámicas políticas en Haití, donde el gobierno del primer ministro Ariel Henry no ha logrado llegar a un acuerdo con partidos de oposición y grupos de la sociedad civil para llevar a Haití hacia sus primeras elecciones desde 2016.
El jefe del Consorcio Nacional de Partidos Políticos Haitianos de Philippe dirige a la B-SAP, que se supone que está a cargo de las áreas ecológicamente frágiles de Haití.
A pesar de una acusación en 2005 en Estados Unidos por tráfico de drogas y lavado de dinero, Philippe se postuló para el Senado haitiano en 2016, haciendo campaña abiertamente junto al candidato presidencial Jovenel Moïse. Philippe ganó un escaño en la segunda vuelta para representar a la región rural de Grand’Anse en el suroeste.
Aunque Haití enfrenta desafíos significativos, incluido el asesinato de su presidente en 2021 y la expansión de pandillas armadas, la deportación de Philippe ha añadido preocupaciones a un país ya afectado por la inestabilidad política y la crisis humanitaria.
Guerline Jozef, cofundadora de la Haitian Bridge Alliance, un grupo de derechos de los inmigrantes con sede en San Diego (EE.UU.) que trabaja con solicitantes de asilo en Estados Unidos, dijo que la deportación de Philippe no tenía sentido en el contexto actual.
“Es, de hecho, muy contradictorio con la propia narrativa del gobierno de Estados Unidos y desestabilizará aún más a Haití”, dijo. “Este es un claro ejemplo de cómo las políticas exteriores de Estados Unidos hacia Haití siguen siendo un factor importante en la desestabilización del país”.
Enero de 2024, el mes más violento en más de dos años
Un informe publicado este viernes 9 de febrero por la Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación en el país, destaca que el mes de enero de 2024 fue “el más violento en más de dos años” en Haití.
El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, manifestó su preocupación por la deteriorada situación de los derechos humanos en el país caribeño. “La violencia continua y creciente de las pandillas ha tenido consecuencias devastadoras para los habitantes de la nación caribeña”, explicó.
El informe reveló que, en enero de 2024, al menos 806 civiles fueron víctimas de asesinato, lesiones o secuestros. Además, aproximadamente 300 miembros de pandillas también fueron heridos o murieron. Así, la cifra total de muertos en el país se saldó en 1.108 tan solo en el primer mes del año.
Este número es más de tres veces superior al registrado en enero de 2023. Se destacó que entre el 20 de enero y el 7 de febrero, 16 personas perdieron la vida y 29 resultaron heridas en los enfrentamientos entre la policía y los manifestantes.
Además, el número de desplazados internos aumentó de 200.000 en noviembre de 2023 a alrededor de 314.000 en enero de 2024, y más de la mitad son niños (172.000).
El desplazamiento forzado de los habitantes se volvió común, considerándolo un nuevo fenómeno, ya que las bandas armadas conquistan territorios cada día.
Las dudas amenazan la llegada de la fuerza multinacional de paz
El 4 de febrero de 2024, se informó que la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad en Haití se ha visto afectada por la falta de apoyo financiero. Dirigida por Kenia, la fuerza multinacional planeada para abordar la creciente violencia de las pandillas no cuenta con el respaldo total de algunos líderes republicanos en el Congreso de Estados Unidos.
La Administración de Joe Biden inicialmente solicitó 50 millones de dólares al Congreso. Sin embargo, los legisladores solo liberaron parcialmente 10 millones de dólares. Ante esta situación, la Administración pidió 17 millones de dólares adicionales para poner en marcha el proyecto.
El presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, Michael McCaul, y el miembro de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, James Risch, presionaron por más detalles sobre la naturaleza de la misión y suspendieron cualquier financiamiento adicional hasta obtener más información.
A pesar de las dudas y la falta de financiamiento, el presidente de Kenia, William Ruto, ha expresado optimismo. En una declaración reciente, mencionó que su gobierno trabaja para abordar las preocupaciones planteadas y que la misión podría iniciar en la próxima semana, siempre que se completen todos los documentos entre Kenia y Haití.
El miércoles, el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, siguió llamando al despliegue rápido de una fuerza internacional armada para ayudar a la policía de Haití a combatir a las pandillas. Haití fue uno de los países que mencionó durante sus comentarios a la Asamblea General sobre las prioridades para 2024.
El llamado de la comunidad internacional a una fuerza internacional armada para ayudar a la policía haitiana ha generado preocupaciones entre la población. Misiones de Naciones Unidas han protagonizado escándalos en Haití en el pasado, como abusos sexuales a mujeres y niñas por parte de integrantes de los cuerpos de paz, ocurridos entre 2004 y 2017.
Haití ha enfrentado repetidos episodios de inestabilidad, violencia de pandillas y corrupción y la crisis tiene cada día un nuevo capítulo. La semana pasada se conoció que un juez pidió el arresto de Martine Moïse, viuda del presidente asesinado Jovenel Moïse en julio de 2021, a quien señala como posible conspiradora en el magnicidio.
La orden, por no comparecer ante el juez de investigación, fue emitida meses atrás, pero se hizo pública recientemente. Martine Moïse se ha negado a cooperar y ha exigido la destitución del juez. Aunque la policía no ha logrado su arresto debido a su ausencia en el país, la filtración coincide con la expiración del mandato del juez, mientras aún persisten incógnitas sobre los responsables del crimen.
Con un magnicidio sin resolver, el diálogo político en punto muerto, la presión de las bandas criminales y la corrupción, Haití ve aún lejana la promesa de la Revolución Haitiana de 1804, donde los esclavos liberados pusieron fin al colonialismo francés y establecieron un estado libre. Sin embargo, más de doscientos años después, esta libertad sigue estando en vilo.
