El inciso E del artículo 72 de la reforma judicial desató una nueva disputa entre el kirchnerismo y la oposición argentina. Políticos de la coalición Juntos por el Cambio del exmandatario Mauricio Macri y los principales diarios del país como Clarín y la Nación, al igual que la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa), rechazaron el agregado que se añadió en la última versión del proyecto que obligaría a los jueces a denunciar posibles presiones recibidas en sus funciones por los “poderes mediáticos”.
“Los jueces y las juezas de todos los fueros con jurisdicción federal con asiento en las provincias y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deberán dar estricto cumplimiento a las reglas de actuación que a continuación se indican, en el desarrollo de la función judicial que le ha sido encomendada”, señala el artículo 72, que trata sobre las “reglas de actuación” de los magistrados argentinos.
Entre las normativas está que los jueces deben tener un trato equivalente con las partes; no tener favoritismo, predisposición o prejuicio; garantizar un trato digno e igualitario; ejercer sus funciones libres de interferencias; y por último el punto de conflicto: “Comunicar en forma inmediata al Consejo de la Magistratura de la Nación cualquier intento de influencia en sus decisiones por parte de poderes políticos, económicos o mediáticos”.
Según el diario argentino la Nación, la iniciativa fue impulsada por el senador oficialista Oscar Parrilli, habitual vocero de Cristina Kirchner y que generó una queja oficial de Adepa por el riesgo que implica para la libertad de prensa en Argentina.
La modificación a último momento quedó al descubierto después que la versión enviada por el Ejecutivo el 30 de julio establecía que los magistrados deben “comunicar de forma inmediata cualquier intento de influencia por parte de poderes políticos o económicos, miembros del poder Judicial, Ejecutivo o Legislativo, amistades o grupos de presión de cualquier índole”, pero que no mencionaba directamente a la prensa.
La idea fue expuesta por primera vez el 4 de agosto por el senador Parrilli durante una audiencia en el debate por la reforma judicial. En esa instancia el exjefe de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) cuando Cristina era mandataria (2007-2015) señaló ante sus pares que “es necesario hablar explícitamente de los poderes mediáticos, porque hemos visto cómo en los medios de comunicación salían a alentar y a escrachar a distintos funcionarios del Poder Judicial porque no hacían lo que esos medios pretendían con determinada causa”.
A pesar de esto, el portal argentino Infobae sostiene que la modificación jurídica fue ejecutada a “espaldas” de Alberto Fernández y su ministra de Justicia, Marcela Losardo, que se enteraron horas después de la decisión, siendo ellos los artífices de la reforma judicial. De esta manera y tras horas de discusiones, Losardo y Fernández -que eran socios de un estudio de abogados- siguieron atentos el debate senatorial, pero horas después conocieron el nuevo inciso.
“Combatir el periodismo no ayuda a mejorar la Justicia”, señaló Adepa que cuenta con el respaldo de más de 180 empresas periodísticas argentinas.
Sin embargo, este es uno más de los desencuentros de larga data entre la prensa y el kirchnerismo. El analista político y columnista argentino, Fernando Laborda, señaló en 2010 que los primeros roces entre las partes se dieron en el gobierno de Néstor Kirchner debido al maltrato y a la nula disposición con los periodistas que favorecía a los medios que tuvieran “afinidad con las políticas del gobierno”.
En 2009, se conoció la Ley 26.522 o denominada “Ley de medios K” promulgada por la entonces mandataria Cristina Fernández, que estableció las normas de funcionamiento y distribución de licencias de medios radiales y televisivos del país. Un año después Adepa tildó al Ejecutivo de “enemigo” y de “buscar debilitar sus funciones”.
A pesar de las disputas, el mandatario Alberto Fernández y la ministra de Justicia buscarían que el inciso E, que será discutido la próxima semana en el Senado, no sea aprobado, sino por el contrario que se vuelva al “espíritu inicial” del proyecto redactado por el jefe de Estado.
