Las alarmas se encendieron este lunes en Chile, cuando uno de los diputados de la Comisión Especial Investigadora sobre Criminalidad en la Macrozona Norte consultó a un prefecto inspector de la Policía de Investigaciones (PDI) sobre posibles antecedentes de la entrada de maras -las famosas y peligrosas pandillas presentes principalmente en Centroamérica- a territorio chileno. Ante la consulta, el miembro del organismo policial solicitó una reunión “reservada”, es decir, secreta, para discutir el asunto.
Durante la sesión, dos prefectos inspectores exponían sobre crimen organizado y secuestros, prácticas detectadas con mayor frecuencia en el norte del país, principalmente. Constituida el 21 de diciembre del año pasado, la comisión fue el escenario ideal para que el diputado Jaime Araya (Ind. PPD) consultara por la posible presencia de miembros de las maras en territorio chileno, considerando la agresiva y polémica “guerra” declarada por el Presidente de El Salvador, Nayib Bukele, a estas organizaciones criminales, las que se han visto empujadas a salir del país.
“En su combate a la delincuencia (por parte de Bukele), ¿no tiene como efecto derivado que buena parte de las bandas que operaban se trasladaran a otros países? ¿Y tenemos antecedentes de si esas están llegando a Chile?”, le preguntó Araya.
“Para ser fiel a esa respuesta, pediría hacer una sesión reservada”, respondió el jefe nacional antinarcóticos y contra el crimen organizado, el prefecto inspector Paulo Contreras Cortés.
Acto seguido, se agendó la realización de una reunión secreta para el próximo lunes a las 15:00, con el fin de exponer los antecedentes que, presumiblemente, la institución policial dispone sobre la presencia de miembros de las maras en Chile.
La “guerra” contra las maras
Apilados, semidesnudos y esposados, cientos de hombres posaban involuntariamente ante las cámaras, las que registraron una de las fotografías que impactaron al mundo durante 2022. Eran miembros encarcelados de las maras, pandillas a las que Bukele les había declarado la “guerra”, lo que mantiene al país en un largo período de estado de excepción. La justificación, dicen las autoridades, estaría en el bajo número de asesinatos registrados en comparación a años anteriores, pese a las numerosas y constantes críticas de organismos internacionales por el resguardo de derechos fundamentales de la población.
¿Cómo se llegó a esa situación? Las maras, pandillas radicadas principalmente en Centroamérica y especializadas en secuestrar, asesinar y extorsionar por dinero a la población, son uno de los tipos de organización criminal más reconocidos, lamentablemente, de esa zona del continente, y según estimaciones de marzo de 2022 citadas por las BBC, sus filas contaban con cerca de 70.000 pandilleros en El Salvador.
Fue en respuesta a la particularmente sangrienta jornada del 27 de marzo del año pasado, cuando se registraron 62 homicidios en un mismo día, que la Asamblea Legislativa decidió aprobar la puesta en marcha del estado de excepción que, a 10 meses de su implementación, aún se mantiene vigente tras la aprobación mes a mes de su reinstauración. Este martes entró en vigor la nueva extensión, la que durará hasta el 15 de febrero.
Aquellos días marcaron el inicio de una “guerra” declarada por el Presidente Bukele contra las maras, logrando miles de arrestos de pandilleros, pero también de personas luego declaradas por la justicia como inocentes tras ser arrestadas en el contexto de “detenciones arbitrarias”, reclaman organismos internacionales.
En la práctica, la cruzada de Bukele, defendida a rajatabla por el mandatario y sus seguidores, se ha traducido en la detención de más de 61.000 personas bajo el estado de emergencia, según estimaciones oficiales, en una medida que, según encuestas y el nivel de apoyo en el Congreso unicameral, cuenta con pleno respaldo. La consultora CID Gallup aseguró en su última medición de diciembre que el mandatario goza de un 86% de aprobación ciudadana, convirtiéndose en el líder nacional con mayor respaldo en la región y manteniendo la tónica de sondeos previos. En el Congreso, por otro lado, contó con los votos de 67 legisladores de los 84 escaños disponibles para extender por décimo mes consecutivo el estado de excepción.
Entre las restricciones a los civiles y las atribuciones de las fuerzas de orden que más destacan, están la limitación a la libertad de asociación, la suspensión del derecho de una persona a ser debidamente informada de sus derechos, así como al informar de las razones de su arresto, y la asistencia de un abogado.
Además, modifica sustancialmente el plazo de la detención preventiva, pasando de 72 horas a 15 días, permitiendo a las autoridades intervenir celulares y correspondencia de quienes consideren sospechoso, detalló el diario Los Angeles Times.
Organismos internacionales de derechos humanos han criticado constantemente la sostenida reducción de libertades individuales, así como los errores cometidos por las autoridades y fuerzas policiales.
“Muchos arrestos parecen haberse basado en la apariencia o los antecedentes sociales de los detenidos, y grupos locales de derechos humanos han documentado que cientos de personas sin conexión con las pandillas han sido detenidas”, argumentó Human Rights Watch en el informe anual publicado el 12 de enero pasado.
“Las organizaciones de derechos humanos (...) han documentado graves abusos por parte de las fuerzas de seguridad durante el estado de excepción, incluidas detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, tortura y otras formas de malos tratos, y violaciones del debido proceso”, agregó la ONG.
Desde el gobierno descartaron las acusaciones, y fue el ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, quien salió a defender la administración de Bukele de las críticas durante la discusión de ampliación del estado de excepción.
“Está demostrado que la valentía del Presidente Nayib Bukele al mandar por un tubo a todo este montón de organismos internacionales que venían a querernos decir aquí cómo teníamos que hacer la plana y que pasaron más de 30 años queriendo dictar la plana, el resultado después de los 30 años es un fracaso rotundo”, dijo el funcionario.
A principios de enero, el gobierno aseguró que El Salvador había reducido los asesinatos en 2022 en un 56,8% en comparación a 2021, mientras que Villatoro argumentó que se habían registrado 495 asesinatos durante el año pasado, lo que sería la cifra más baja en una década, recalcó. Sin embargo, no considera los, al menos, 120 homicidios de supuestos pandilleros muertos en enfrentamientos con las autoridades.
Según Bukele, las maras controlan aproximadamente el 80% del país, detalló Al Jazeera, y este martes aseguró que “El Salvador se ha convertido en el país más seguro de América Latina y eso se dice fácil, pero no ha sido fácil y lo hemos logrado gracias a un trabajo articulado de todo el gobierno”.
“Ya los jóvenes no son arrancados de sus familias por el luto, por la muerte, por el asesinato. Si no que ahora tenemos la tranquilidad de que nuestros niños van a estar bien, de que nuestros jóvenes van a estar bien, que nuestros artistas, líderes comunitarios (...) van a estar bien”, agregó Bukele, en un evento público relacionado con estas pandillas.
Entre todas las organizaciones criminales de este tipo presentes en la región, dos destacan por su infame cometido: la Mara Salvatrucha, también conocida como MS13, y la Mara Barrio 18, o simplemente Barrio 18, donde ambas pandillas se presentan como rivales mortales.
El funcionamiento de las maras
Ambas existen, al menos, desde la década del 80, y su origen se remonta a los barrios pobres de refugiados de Los Ángeles, Estados Unidos, donde un masivo flujo migrante proveniente de El Salvador, Guatemala, y Nicaragua se asentó en el país huyendo de las guerras civiles que azotaban a dichas naciones en el contexto de la Guerra Fría, explica el sitio web especializado, InSight Crime. Desde allí, la influencia de ambas creció tanto hacia el centro del continente americano, como a Europa y Canadá.
En octubre de 2012, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos catalogó a la Mara Salvatrucha como una “organización criminal trasnacional”, convirtiéndose en la primera de su tipo en adquirir esa categoría en el país norteamericano. Luego, en 2013, un informe sobre la violencia de las pandillas del Departamento de Justicia de la misma nación advertía de la peligrosidad de estas agrupaciones, asegurando que “estas dos pandillas (MS13 y Barrio 18) han convertido el triángulo norte centroamericano en la zona con la tasa de homicidios más alta del mundo”.
A través de un modelo de economía basado principalmente en la extorsión, la Mara Salvatrucha destaca por ser una organización depredadora que basa su supervivencia en los fuertes lazos sociales que construye en los lugares en que se asienta, detalló InSight Crime. Desde negocios, colegios y personas particulares caen al interior de un verdadero ecosistema financiero, donde pagan -obligados o para asegurar protección- a las pandillas.
La distribución y conformación de éstas varían dependiendo de la organización delictual. En el caso de la MS13, estos cuentan con un lenguaje, códigos y jerarquía propia, con una organización más bien laxa presente en Estados Unidos, México y toda Centroamérica, al menos de forma confirmada. Si bien se desconoce si existe un único líder, los jefes de las “clicas” -células que trabajan en lugares específicos- son llamados “correderos” o “palabreros”, y cuentan con un subalterno directo, así como tesorero y cargos menores encargados de cometer las operaciones delictuales.
En cambio, la Barrio 18, que tiene mucha más influencia en Estados Unidos que en el sur del continente, al contrario que la MS13, divide sus territorios en “canchas” compuestas por varias “tribus”, y los colaboradores, quienes no necesariamente son pandilleros, ayudan con la logística, transporte e inteligencia, explicó el sitio web especializado.
Empujados a cruzar fronteras por la constante presión policial del presidente salvadoreño, el éxodo de la Mara Salvatrucha se había registrado desde mediados de 2022, cuando las autoridades del país centroamericano informaron de la presencia de líderes de la MS13 en México.
“Muchas de esas sillas (puestos de mando), que están pendientes (de capturas), sabemos que están en México, y que desde allá están girando instrucciones de manera cobarde”, dijo en junio a la prensa local el ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro.
En diciembre, dos pandilleros de la misma mara fueron capturados en Guatemala, para luego ser expulsados de vuelta a El Salvador bajo la acusación de homicidio agravado. Según el medio Canal 8, Guatemala detuvo a 89 pandilleros salvadoreños a lo largo de 2022, donde 45 pertenecían a Barrio 18, 34 eran miembros de Mara Salvatrucha y el resto no fue posible identificar su afiliación delictual.
