Debido a la proliferación de arriendos de corta duración que está enfureciendo a los habitantes de España, el municipio de Sevilla ha decidido lanzar una ofensiva con una decena de medidas que se lo pondrán más difícil a quienes ofrecen sus casas como alojamientos turísticos irregulares.
El alcalde José Luis Sanz ya ha avanzado que se mirarán con lupa, “una a una”, las licencias que se concedieron tras los cambios en el Plan General y ha pedido a la Junta de Andalucía el retiro de éstas a 715 departamentos que, advierte, “incumplen la normativa”. La iniciativa que más revuelo ha generado es, sin embargo, otra: cortar el agua a los alojamientos turísticos que no respeten la ley.
La alcaldía de la ciudad al sur de España anunció que revisará todos los alojamientos turísticos y que pedirá a la empresa pública de aguas Emasesa que corte el suministro a los inmuebles que no cumplan la normativa, en caso de que sigan arrendándolos, según informa el diario The Independent.
“Tras una inspección por parte de la policía turística en la que se compruebe que allí no hay domicilio, sino un negocio que no es regular, se habla con Emasesa y se abre el protocolo de corte de agua”, indicó el delegado de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla, Juan de la Rosa, a TVE.
El portavoz de la Asociación Viviendas Turísticas Andalucía, Juan Cubo, ve complejo poner en marcha esta medida. “Posiblemente sea difícil de llevar a cabo”, dice, y cita el caso de alguien que ocupa una vivienda. “Es imposible cortarles los suministros de agua y de luz. No sé exactamente el Ayuntamiento cómo va a poner en marcha esas medidas”, declaró la cadena española.
Pero el Ayuntamiento de Sevilla ya ha cortado el agua seis veces en el último año a alojamientos turísticos irregulares en el centro histórico, tras sucesivos incumplimientos de la ley, señala el diario El País.
“Esta tajante medida ha supuesto el cierre de los apartamentos, que algunos propietarios han intentado revertir sin éxito. Tres dueños de los seis pisos han recurrido el corte del agua en los tribunales, pero la justicia ha respaldado el cerrojazo al encontrar proporcionada la resolución, motivada por las quejas de los vecinos, hartos del ruido y trajín de los turistas”, detalla el periódico.
El Ayuntamiento sevillano quiere acotar el problema porque estima que hay 5.000 alojamientos ilegales en la ciudad, que se suman a los 10.000 que tiene registrados. Es decir, uno de cada tres departamentos es ilegal, según el Consistorio, que confía en que el aumento de inspecciones consiga un efecto disuasorio los próximos años, porque al ritmo actual la plantilla de agentes de la Policía Local tardaría una década en revisarlos todos.
De hecho, en el Parlamento de Sevilla se está valorando un proyecto de ley que pretende prohibir más licencias de arriendo vacacional en el casco antiguo y en el colorido barrio de Triana, al otro lado del río.
Incluso, a principios de año, se advirtió a los turistas que pronto se les podría cobrar por visitar los principales destinos turísticos de la ciudad. Quienes visiten Sevilla pronto tendrán que pagar una entrada para explorar la Plaza de España, la estructura que sirvió de plató a la película de 1999 “La amenaza fantasma”, de la franquicia Star Wars, y que es también un enclave de la vida cultural, donde se celebran conciertos, obras de teatro y desfiles de moda.
Sevilla no es ni mucho menos la única ciudad de España que, de una manera u otra, busca la forma de controlar un incremento de alojamientos turísticos que tensa aún más un mercado residencial ya de por sí tirante. Así, Madrid ha decidido congelar la concesión de licencias y endurecer las multas; Barcelona quiere extinguir sus licencias a medio plazo, lo que afecta a miles de pisos turísticos de la urbe; en Santiago de Compostela han reforzado su normativa, mientras que en Valencia se ha adoptado una moratoria.