Los próximos cinco días serán jornadas claves para uno de los ministerios estrella del partido de izquierda español, Unidas Podemos. Y la cartera de Igualdad, dirigida por Irene Montero, estará en el centro del complejo juego de votos y apoyos en las que la amplia coalición oficialista -que tiene a Pedro Sánchez a la cabeza del gobierno- se encuentra enfrascada.
Montero y su ministerio se enfrentan a su mayor problema no gracias a VOX y la ultraderecha, principales críticos de su gestión: lo dardos esta vez vienen desde su propio sector. Las diferencias políticas e ideológicas sobre las medidas de género, un tema central para el conglomerado, se encuentran mayoritariamente al interior del oficialismo, donde el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), uno de sus principales colaboradores de gobierno, se enfrenta directamente a la posición de Montero en la posible reforma a la ley “solo sí es sí”.
Desde la agrupación progresista incluso han acusado a sus socios de “traición”, al aliarse con el Partido Popular (PP), Vox y Ciudadanos -todas agrupaciones opositoras-, para modificar el proyecto de carácter feminista en el que Montero se involucró desde su gestión y tramitación, hasta su despacho, el que fue aprobado a fines de 2022 por el Congreso.
Pero no es la única preocupación de la psicóloga que dirige el Ministerio de Igualdad desde enero de 2020. Otras tres aristas se cruzan en una semana marcada por la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, este 8 de marzo, lo que hace aún más simbólico lo que acontezca en los próximos días.
Al cisma que trizó las relaciones tanto entre ambos partidos como al interior del PSOE debido a la “ley trans”, además de la petición por parte de un grupo de las bases feministas para que la ministra dimita, se une la contraposición de visiones y prioridades demostradas entre Irene Montero y Pedro Sánchez sobre el tema, lo que se hizo evidente durante el sábado cuando ambos encabezaron mítines casi paralelos.
Una votación clave
Su origen es dramático. Corría el año 2016, específicamente el 7 de julio del aquel año, cuando un hecho remeció no solo a la sociedad española, sino que a gran parte del mundo occidental. Era la madrugada del día siguiente a la fiesta de San Fermín en España, cuando cinco hombres violaron a una mujer de 18 años, en un caso que luego se conocería como “La Manada” en muchos rincones del planeta.
Aquello gatilló la creación de la Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual, más conocida como la ley “solo sí es sí”. Fue aprobada el 25 agosto de 2022 por el Congreso de los Diputados, e Irene Montero, como ministra de Igualdad, jugaba un papel central en la promulgación de la norma. Esta incluía entre sus cualidades la eliminación de la distinción entre abuso y agresión, así como regulación de la necesidad del consentimiento expreso en las relaciones sexuales.
Durante su fase de creación y discusión, el proyecto fue criticado por algunos miembros del propio oficialismo, quienes consideraban la iniciativa como mal planteada y muy “verde”, aseguró El País al consultar de manera reservada a fuentes gubernamentales.
Una vez aprobada la ley, todo acto que atentara contra la libertad sexual de otra persona sin el debido consentimiento sería considerado una agresión sexual, la que alcanzaría penas de entre 1 y 4 años de prisión como castigo.
Pero en la práctica, la ley no ha funcionado como se esperaba en la teoría. Desde la entrada en vigor de la normativa, más de 700 agresores sexuales han visto reducidas sus condenas, mientras que 74 directamente han sido excarcelados, según información del Consejo General del Poder Judicial. Personas cercanas al Ejecutivo aseguraron a El País que las últimas jornadas no han sido fáciles.
Ante dichos números, Unidas Podemos y el PSOE se sentaron a discutir posibles reformas, las que no llegaron a buen puerto. Al contrario: este martes se deben votar las propuestas, y ante la falta de consensos, los socialistas decidieron presentar su propia modificación al texto, lo que no cayó bien en los aliados de corte progresista, especialmente porque la reforma propuesta por el PSOE cuenta con los apoyos de la oposición.
A horas de que venza el plazo, medios locales aseguran que no se ve probable un cambio en la postura de ambos partidos. Mientras que desde el PSOE acusan de que Unidas Podemos siempre propone las mismas ideas y no se abre a otras vías, la contraparte responde que sus aliados quieren “volver al Código (Penal) de La Manada”.
“Si finalmente llega el momento de votar una vuelta al Código Penal de La Manada, nosotros votaremos en contra, pero no queremos que eso ocurra. Llevamos dos semanas haciendo propuestas y pidiéndole al PSOE que se siente a negociar. Pensamos que el PSOE debería apostar por un acuerdo con la mayoría feminista de la Cámara, con un acuerdo en el seno del gobierno con el Ministerio de Igualdad y no apoyarse en el PP”, dijo el portavoz parlamentario de Unidas Podemos, Pablo Echenique, quien anunció que su agrupación votaría en contra de la moción de los socialistas.
Entre las modificaciones se incluye, por ejemplo, cambios en la idea del consentimiento, además de la restauración de las penas a ciertos delitos sexuales mediante la restitución de conceptos como la violencia y la intimidación como un subtipo de agresión.
Mientras los socialistas aseguran desde hace un mes que los cambios no difuminarán el concepto del consentimiento, Irene Montero ha insistido durante el mismo período que sí se desplazará, y que no está dispuesta a dar “ningún paso atrás” en su postura, demostrando el bloqueo total entre ambas agrupaciones, afirmó El País. Alejandra Jacinto, portavoz de Unidas Podemos, aseguró este lunes que sus aliados de coalición estaban realizando una “traición al feminismo”, graficando el quiebre en la materia.
“Es lamentable que el PSOE haya cedido a las presiones de la derecha y la extrema derecha y esté dispuesto a modificar la Ley de Libertad Sexual para volver al Código Penal de La Manada”, disparó Jacinto, agregando que “esperamos no ver mañana (martes) esa foto de la vergüenza que puede suponer que el PSOE se alinee con partidos declaradamente antifeministas”.
Dos agendas separadas
Los relojes marcaban casi la misma hora, pero dos eventos de corte feminista eran presididos por importantes autoridades, separando el foco en dos elementos distintos. Mientras el presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, anunciaba el sábado que su administración aprobará próximamente la futura Ley de Representación Paritaria en órganos de decisión, lo que podrá afectar la composición de los consejos de administración de las grandes empresas, Irene Montero se encontraba en un acto de partido con la secretaria general de Unidas Podemos, Ione Belarra.
“Obviamente que es importante que haya más mujeres feministas en los espacios de toma de decisión. Pero nuestra prioridad no es que unas pocas mujeres consigamos reventar los techos de cristal, sino que la última mujer, la más machacada, se pueda despegar del suelo pegajoso”, dijo en la ocasión la jefa de cartera.
La crítica, afirmaron medios locales, está en que mientras los socialistas tienen como foco la representatividad en las instituciones, desde Podemos han querido dar prioridad a iniciativas locales enfocadas en temas como la limitación de la hipoteca y el valor de la canasta básica de productos.
“Es muy importante que avancemos en que cada vez haya más mujeres feministas en los espacios de representación”, dijo en el acto Montero, “pero creo que nuestra prioridad tiene que ser ocuparnos de lo que nunca nadie se ha atrevido a ocuparse: de la ley de extranjería, de la regularización de las compañeras migrantes, del derecho al aborto en la pública, de combatir unas violencias sexuales absolutamente invisibilizadas”, agregó.
Datos del índice del grupo ClosinGap, que evalúa las diferencias de género en ámbitos como el empleo, la salud o la educación, detallan que la brecha de género en España tardará al menos 33 años en subsanarse. Según dicho organismo, el peso total de las mujeres en los altos cargos de las grandes compañías alcanza el 20,31%, lo que representa un leve aumento frente al el 19,83% registrado el año pasado en el V Informe Mujeres en los Consejos de Administración de las compañías del Ibex-35, elaborado por el IESE y ATREVIA, detalló el medio Que.
Un editorial del diario El Español también se unió a la discusión sobre la fractura oficialista al afirmar que “en la antesala del Día Internacional de la Mujer, PSOE y Unidas Podemos han vuelto a ejecutar, en sendos actos paralelos, la cada vez más habitual estrategia consistente en distanciarse sin llegar a romper”.
Para el medio, la presentación del proyecto de Sánchez está “destinado a eclipsar la agenda feminista de sus socios de gobierno es su futilidad. Porque el avance del poder femenino en las sociedades modernas, y en la española en particular, es ya una realidad”.
Por otro lado, la “ley trans” también ha sido objeto de discusiones internas en las bases feministas españolas. Lo fue en 2022, y todo indica que se volverá a repetir en esta nueva edición del 8M. Mientras Montero hizo un llamado el sábado para evitar que “den palmadas de alegría los adversarios” antes de la conmemoración e invitar a que el miércoles sea un día “para todas las mujeres”, sectores se han restado puntualmente por la indicada ley.
Según las detractoras, esta norma supone un “borrado de las mujeres”, lo que ya las llevó durante el año pasado a convocar a una manifestación paralela donde se leían pancartas que decían “Montero, dimisión”. Fue la primera vez en que el feminismo español caminaba separado en Madrid. Para este año ya hay convocadas dos marchas, con distintos recorridos y solo media hora de diferencia, adelantó El País. Así, la ministra de Igualdad se apresta a enfrentar su semana más compleja, con frentes en la arena política, pero también en la social, eje que sustenta a la propuesta de Unidas Podemos.