La Unión Europea respondió este viernes a la toma de posesión de Nicolás Maduro como presidente de Venezuela para un tercer mandato asegurando que no cuenta con legitimidad democrática y que una mayoría de venezolanos votó al candidato opositor Edmundo González el pasado 28 de julio, en unas elecciones marcadas por las irregularidades y cuyos resultados oficiales no han sido verificados por las autoridades electorales.
“La Unión Europea se solidariza con el pueblo de Venezuela, que votó pacíficamente el 28 de julio de 2024 para determinar el futuro de su país. Millones de venezolanos votaron por el cambio democrático apoyando a Edmundo González Urrutia por una mayoría significativa, según las copias de las actas electorales a disposición del público”, indicó una declaración de la Alta Representante de la UE para Política Exterior, Kaja Kallas, en nombre de los 27 miembros del bloque.
“Como las autoridades se han negado a publicar las actas oficiales de los colegios electorales, los resultados anunciados siguen sin verificarse y no pueden reconocerse como representativos de la voluntad del pueblo. Las autoridades venezolanas han perdido una oportunidad clave para respetar la voluntad popular y garantizar una transición democrática transparente y con garantías para todos. Nicolás Maduro carece, por tanto, de la legitimidad de un presidente elegido democráticamente”, resume el bloque en su declaración conjunta.
Para responder a la investidura de Maduro, la UE decidió prorrogar un año más, hasta el 10 de enero de 2026, las medidas restrictivas habida cuenta de la situación en Venezuela, al tiempo que adoptó sanciones contra 15 personas más. Estas personas forman parte del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela, del poder judicial y de las fuerzas de seguridad.
“En vista de esta situación, el Consejo ha decidido adoptar un nuevo paquete de sanciones selectivas contra 15 individuos responsables de socavar la democracia, el Estado de Derecho o los derechos humanos en Venezuela. El objetivo es apoyar una solución negociada y democrática a la crisis”, señala la declaración.
Esta decisión eleva a 69 el número total de personas sujetas a las sanciones, que incluyen la inmovilización de activos y la prohibición de facilitar a las personas incluidas en la lista, directa o indirectamente, fondos o recursos económicos. Además, dichas personas están sujetas a la prohibición de entrada en la Unión Europea.
“La UE no ha adoptado ninguna medida que pueda perjudicar al pueblo venezolano o a la economía. La responsabilidad de poner fin a la crisis en Venezuela recae en sus autoridades. La revocación de las sanciones de la UE dependerá de avances tangibles en materia de derechos humanos y Estado de Derecho en Venezuela, junto con pasos significativos hacia un diálogo genuino y una transición democrática”, concluye la declaración.
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