Era una de las principales preocupaciones tras la firma de los acuerdos de paz de 2016 entre las FARC y el gobierno presidido por Juan Manuel Santos: la seguridad en la Colombia posconflicto, especialmente en los territorios con escasa presencia del Estado y donde la guerrilla tenía el absoluto control. Eso es precisamente lo que denuncia Human Rights Watch, en un informe difundido hoy, en el que expone los abusos de grupos armados contra civiles colombianos y venezolanos en el noreste de Colombia, en la región fronteriza del Catatumbo.
El informe de 69 páginas -que incluye entrevistas a más de 80 personas en abril de 2019-, documenta una serie de asesinatos contra civiles, desapariciones, crímenes de violencia sexual, reclutamiento de niños como soldados y desplazamiento forzado cometidos por otras guerrillas, como el Ejército de Liberación Nacional (ELN), el Ejército Popular de Liberación (EPL) y un grupo que surgió de las FARC y que son conocidas como las disidencias del grupo subversivo ya desmovilizado. Así, la ONG sostiene que los grupos armados intentan controlar a la población a través de amenazas y que las víctimas incluyen a civiles, líderes sociales, defensores de derechos humanos, y venezolanos que huyen de la emergencia humanitaria en su país.
Al menos 25.000 venezolanos viven en el Catatumbo, según la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas (OCHA), debido a los limitados controles migratorios por parte de las autoridades colombianas, además de la posibilidad de encontrar trabajos mejor pagados que en Venezuela.
Falta de control estatal
Si bien la expectativa era que los acuerdos de paz significaran una oportunidad para atacar la violencia que por casi 50 años dejó profundas heridas en Colombia, a dos años de esos acuerdos aquello parece haber sido solo una ilusión. "La falta de control pleno y efectivo por parte del gobierno en algunas áreas que dominaban las FARC ha contribuido a que continúen la violencia y los abusos contra civiles. Otros grupos armados han ocupado este vacío y se disputan el control del territorio y de actividades ilícitas", sostiene el informe de HRW.
"Mientras los grupos armados se disputan el vacío que dejaron las FARC en el Catatumbo, cientos de civiles han quedado en el medio de un conflicto brutal", señaló el director para las Américas de HRW, José Miguel Vivanco. "Los venezolanos en el Catatumbo están atrapados en una encrucijada entre la guerra en Colombia y la desesperación por salir de la emergencia humanitaria en su país", agregó.
Más de 40.000 personas han sido desplazadas de sus hogares en el Catatumbo desde 2017, la mayoría durante 2018, según cifras gubernamentales. Las causas son principalmente los enfrentamientos entre los grupos armados y con la fuerza pública colombiana. La cantidad de homicidios en la zona se duplicó en los últimos tres años. Según estadísticas oficiales, en 2015 -año en que las FARC acordaron el cese al fuego unilateral como parte de las negociaciones de paz- hubo 112 homicidios, mientras que en 2018 se registraron 231.
HRW reporta que en ocho casos analizados por la ONG, presuntos miembros de grupos armados mataron a civiles tras acusarlos de cooperar con otros grupos, con la fuerza pública colombiana, o por negarse a sumarse a sus filas. También, entre enero de 2017 y mayo de 2019, 37 personas fueron víctimas de "delitos contra la integridad sexual" vinculados con el conflicto armado, según la Unidad de Víctimas de Colombia.
Los riesgos de alzar la voz
La compleja realidad para los líderes sociales y defensores de derechos humanos ya ha sido expuesto como una preocupación para las autoridades colombianas. Según el Instituto de Estudios sobre Paz y Desarrollo (Indepaz), desde la firma de los acuerdos de paz en 2016 hasta este año, han sido asesinados 738 líderes sociales y defensores de derechos humanos en Colombia. Desde 2017, los grupos armados han asesinado a nueve defensores de derechos humanos y líderes sociales en el Catatumbo, según datos de la Fiscalía General de la Nación y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH). "Catatumbo es una de las regiones más peligrosas de Colombia para quienes se atreven a alzar la voz en nombre de sus comunidades", advierte el informe. "El gobierno colombiano debería redoblar sus esfuerzos para protegerlos y asegurarse de que los responsables de estos homicidios rindan cuentas ante la justicia", señaló Vivanco.
El informe también retrata cómo los grupos han obligado bajo amenaza a niños de apenas 12 años a sumarse a sus filas. "En algunos casos los niños se unieron a los grupos por promesas de dinero", explica el informe. Entre los testimonios recogidos a habitantes del Catatumbo, sobresale el de Dalila (seudónimo), quien vive en una zona donde suelen haber combates entre los grupos armados y, por eso, las paredes de su casa están llenas de orificios de bala. El texto relata que a comienzos de 2018, tres hombres armados y con uniformes se presentaron en su casa. "Le dijeron que iban a llevarse a sus hijos mayores, que tenían 17 y 14 años. Dalila les dijo que antes tendrían que matarla. Los hombres le ordenaron que se fuera. Dalila envió a sus dos hijos a otro municipio donde vivía su hermana. Regresó a su tierra para vender sus animales y huyó a una ciudad cercana", agrega.
El experto en conflicto armado, Ariel Ávila, explica a La Tercera que las FARC operaban en 242 municipios de los más de 1.100 existentes. "Una buena cantidad de esos municipios tenían economías ilegales, como cultivos de coca. Hoy hay problemas de seguridad en 106 y de esos hay unos 70 muy complicados, entre esos el Catatumbo. Ahí hay un proceso de reorganización criminal de varios grupos", sostiene.
