Manoseada como pocas otras palabras en el mundo de la política, el adjetivo de “histórico” cabe precisamente en lo ocurrido este jueves en España. Esto, luego de que el Congreso aprobara de forma definitiva una de las leyes más relevantes y controvertidas del período democrático en ese país: la amnistía a cientos de involucrados en el proceso independentista catalán de la década pasada, incluidos activistas, políticos y policías.
Durante una sesión parlamentaria llena de insultos, descalificaciones y -al final- celebraciones oficialistas, el gobierno de Pedro Sánchez, líder del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), pudo cantar victoria.
La aprobación por 177 votos a favor y 172 en contra no solo significa la apertura de una nueva etapa política en el país europeo, donde cerca de 400 involucrados no deberán cumplir castigo por los delitos cometidos entre el 1 de noviembre de 2011 y el 13 de noviembre de 2023 “en el contexto del denominado proceso independentista catalán”. También es la promesa cumplida de Sánchez para con sus aliados momentáneos del nacionalismo -incluido Carles Puigdemont-, quienes le prometieron su apoyo en la investidura a cambio de impulsar la amnistía.
En el Congreso, las críticas volaron de ida y de vuelta. El líder opositor, Alberto Núñez Feijóo, aseguró que la firma de la ley será “el acta de defunción del PSOE” y acusó a Sánchez de “cobarde” por no estar presente en la discusión del jueves. Sus aliados de extrema derecha de Vox fueron más allá, lanzando insultos a los congresistas oficialistas a viva voz. “Traidor” y “corrupto” se escuchó en varias oportunidades durante la sesión, pero sus pares oficialistas no se quedaron atrás. Cuando el socialista Artemi Rallo subió a hablar, respondió acusándolos de “neofascistas” y “filonazis”.
“El gobierno ha conseguido empatar el partido en el último minuto”, resumió a Euronews Jordi Sarrión, consultor político. Con la aprobación de la ley, España se apresta para ingresar “en una nueva etapa de diálogo con Cataluña”, añadió.
Pero, en concreto, ¿qué implica la aprobación de esta ley? A continuación, fechas, alcances y posibles consecuencias de la polémica amnistía española.
¿Qué es una amnistía?
En primer lugar, una amnistía se define como una herramienta jurídica que impide el enjuiciamiento penal de las personas encausadas, y en algunas ocasiones, como esta, los Estados la utilizan para resolver conflictos.
Hay diferencias entre esta figura legal y el indulto. Este último implica “el olvido de los hechos delictivos sin perdonar los mismos”, dijo a Euronews el abogado y cronista parlamentario Antonio Gómez de Olea. En cambio, la amnistía es “el perdón total de los delitos”, lo que implica que el Estado reconoce haber obrado mal por la redacción de determinadas leyes, o que la Justicia no debería haber encausado a los condenados implicados, añadió.
En el caso español, hay dos lecturas en las antípodas respecto a por qué se utilizó la amnistía. Por un lado, el PSOE y Sumar, las dos bancadas que componen al gobierno de Pedro Sánchez, han argumentado que su aplicación es necesaria para sanar las heridas que quedaron abiertas tras el fallido intento de independencia catalana durante la década pasada. De hecho, entre las razones que políticos del oficialismo y los independentistas esgrimieron, destaca que la ley busca “la normalización institucional, política y social en Cataluña”.
En la vereda contraria, el Partido Popular (PP) y Vox acusan al Jefe de gobierno incluso de “traidor” por ceder ante las presiones de los nacionalistas catalanes, añadiendo que la verdadera razón del apoyo de Sánchez a la ley es que necesitaba de los votos de Junts per Catalunya y de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) para asegurar un nuevo gobierno socialista.
¿Qué implica su aprobación?
La aprobación de esta ley se traduce, en la práctica, en la eliminación de todo registro de delito realizado en el marco de 12 años que comprende entre noviembre de 2011 y el mismo mes de 2023, siempre que esté ligado al contexto del procés. Esto incluye tanto a las dos consultas independentistas ilegales realizadas en Cataluña -la del 9 de noviembre de 2014 y el referéndum del 1 de octubre de 2017-, como los actos no necesariamente relacionados con las consultas, pero sí a la reivindicación por la independencia catalana, detalló El País.
Según los cálculos de los negociadores de la ley, esto incluiría a más de 400 personas. Al mismo tiempo, abarca los delitos de malversación de fondos públicos, siempre que el destino de esa desviación de dineros haya tenido como destino el financiar el procés, y no un “propósito de enriquecimiento”, entendido esto como un “beneficio personal de carácter patrimonial”.
En la lista de posibles candidatos se incluye la lista de 73 policías y guardias civiles involucrados y procesados -pero no condenados- por delitos de lesiones durante los enfrentamientos registrados el 1 de octubre de 2017.
Hay excepciones para acceder a la amnistía. No podrán optar a ella quienes hayan cometido actos que puedan ser calificados como terroristas, conforme a los parámetros establecidos por la directiva europea, en 2017, pero limitado a que estos “hayan causado de forma intencionada” graves violaciones de derechos humanos reguladas en los artículos 2 y 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, detalló El País. Dichos artículos refieren al derecho a la vida y a la prohibición de la tortura. Al mismo tiempo, quedan excluidos hechos que hubieran producido la muerte de una persona, aborto o lesiones graves.
¿Desde cuándo empezará a regir?
Para que la ley comience a regir y los primeros efectos de su ejecución comiencen a producirse, debe ser publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE), lo que previsiblemente ocurrirá recién la próxima semana.
Sin embargo, esto no significa que los implicados automáticamente quedarán libres de penas una vez se oficialice. Esto, porque la nueva ley deberá ser aplicada por cada tribunal que, o tenga un procedimiento abierto que se vea afectado por la amnistía, o si ya dictó una sentencia. El texto legal aprobado este jueves señala que la medida deberá ser aplicada por los tribunales “con carácter preferente y urgente”, lo que les entrega un plazo máximo de dos meses para tramitarlo una vez vigente la ley.
De ese modo, los jueces deberán alzar de forma “inmediata” tanto órdenes de búsqueda y captura, como las de ingreso a prisión, ya sea a nivel nacional, europea o internacional, explicó El País. Esto incluye cualquier medida cautelar vigente sobre los potenciales beneficiarios de la amnistía.
¿Podrían trabar la amnistía?
Dicho lo anterior, posiblemente se dé un paso extra en el mecanismo, puesto que la amnistía aún puede ser recurrida ante el Tribunal Constitucional. Ahora, si es declarada inconstitucional por dicho ente judicial, o si es llevado a consultas al Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) y este no entrega una respuesta favorable, podría paralizarse la aplicación de la amnistía en el caso concreto sobre el que se está tratando, al menos hasta que se pronuncien definitivamente.
La injerencia del Tribunal de la UE responde a que la Justicia española está supeditada al Derecho comunitario al ser un país miembro de la Unión Europea, explicó Euronews. Por ende, una vez la amnistía sea publicada en el Boletín Oficial del Estado, los jueces españoles podrían elevar la causa a Luxemburgo. En ese caso, sería la Justicia europea la que determinaría si hay conflicto con las normas comunitarias, lo que podría llevar a que se reformule la ley.
En el PP fue Isabel Díaz Ayuso, una de sus caras más fuertes y la presidenta de la Comunidad de Madrid, quien adelantó poco después de la aprobación de la ley que las 11 comunidades autónomas dirigidas por los populares presentarían un recurso de inconstitucionalidad.
¿Qué ocurrirá con Puigdemont?
Una de las grandes interrogantes es qué ocurrirá con quien fue la cara visible de gran parte del procés catalán, Carles Puigdemont, expresident de la Generalitat. Actual diputado al Parlamento Europeo e instalado en Bélgica luego de ser puesto en búsqueda y captura en territorio español, el político catalán todavía está a la espera.
De hecho, el periódico La Vanguardia apuntó a que las decisiones que el Tribunal Supremo tome respecto al caso de Puigdemont y de Oriol Junqueras, presidente de ERC que también está en una posición similar, “marcarán el camino del resto de causas”.
El expresident está imputado en dos causas. La primera, de carácter financiero, es por malversación de fondos públicos utilizados en el referéndum del 1 de octubre. La segunda causa, más compleja, lo involucra en la causa terrorista por las protestas del Tsunami Democràtic.
Respecto a la malversación, mantiene orden vigente de detención si entra a España, lo que podría caer prontamente gracias a la amnistía, considerando que deben bajar las medidas al respecto. Sin embargo, explicó el citado medio, si el juez eleva una cuestión de constitucionalidad al TC o prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea para determinar la aplicabilidad de la amnistía en los casos que involucran a Puigdemont, se podría paralizar la aplicación de esta hasta que resuelvan.
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