Las claves del juicio político que tiene a Guillermo Lasso en la cuerda floja

Este martes está fijado el juicio político contra Guillermo Lasso, Presidente de Ecuador, que podría ser destituido a causa de una supuesta trama de corrupción que viene del gobierno de Lenín Moreno. Al mandatario se le acusa de “peculado” o malversación de fondos, mientras que él responde señalando que se trata de “un intento desesperado, atemporal y violento de robar la estabilidad del país”.

Con altas posibilidades de que se alcance la mayoría en la Asamblea, esta sería la segunda vez que se intenta destituir a Lasso. En junio pasado, en medio de las protestas y huelgas convocadas por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), el Legislativo fracasó en su primer intento de sacarlo del poder.

A continuación, algunas de las claves del juicio político:

Este domingo, la Secretaría de la Asamblea llamó a los 137 congresistas ecuatorianos –el Parlamento es unicameral–, para que se presentaran a las 10 de la mañana de este martes, en una sesión donde se debatirá si se acepta o no la “censura y destitución” de Lasso como presidente. Para esto, se debe conseguir una mayoría calificada de 92 votos.

Lasso acudirá al hemiciclo a defenderse, luego de que se aprobara hace exactamente una semana una “moción de censura”, o sea, la posibilidad de debatir tal destitución. En ese entonces se dio el vamos al proceso con 88 votos, por parte de la coalición de izquierda “correísta” Unión por la Esperanza (UNES) y el movimiento indigenista Pachakutik.

El juicio partirá con la exposición de ponentes, que detallarán de qué se acusa a Lasso. De ahí, el presidente ejercerá su derecho a la defensa, respondiendo las acusaciones en su contra. Luego de eso, se retirará del hemiciclo para dar paso al debate en el Congreso, donde cada asambleísta tendrá 10 minutos para exponer su opinión y argumentos. De ahí, el Parlamento tendrá cinco días para convocar la votación definitiva.

El juicio político nace de un contrato entre la empresa pública, Flota Petrolera Ecuatoriana (Flopec), y el consorcio privado Amazonas Tankers, que se firmó durante el mandato de Lenín Moreno, y que habría sido perjudicial para las arcas del Estado. El contrato fue anterior a la llegada de Lasso, y la acusación que hace la oposición al presidente es que no dio por terminado ese contrato, en lo que cabe como “malversación de fondos”.

La oposición que quiere cesar a Lasso argumenta que él conocía de antes la trama de malversación. De todos modos, un informe de la Contraloría recomendó no enjuiciar al presidente, ya que las instituciones alrededor del contrato no se habrían percatado de los seis millones de dólares que se perdieron.

La resolución aprobada por la Asamblea Nacional el pasado martes señala que a Lasso y Hernán Luque, el expresidente del directorio de la Coordinadora de Empresas Públicas, “definieron la continuación de los contratos de transporte de petróleo en favor de terceros, conscientes de que los mismos representaban una pérdida para el Estado”.

“Consecuentemente, el Presidente de la República conocía y sabía de la estructura de corrupción en Flopec”, sentencia el informe legislativo.

Justo antes de votar la censura y destitución, el Congreso tuvo que votar la composición de su mesa por los próximos dos años. En esa votación se reeligió al presidente Virgilio Saquicela, con la suma de los partidos cercanos al expresidente Rafael Correa, por la izquierda, una facción de Izquierda Democrática, por la centroizquierda, y el Partido Social Cristiano por la centroderecha.

Así, la nueva mesa del Congreso se aprobó con 96 votos, dando indicios de lo que podría ocurrir este martes: si para la destitución por el juicio político que se le practica a Lasso se necesitan 92 votos, es esperable que en la votación final el correísmo y el PSC logren juntar esa cantidad de voluntades, sostienen analistas.

De todos modos, desde Izquierda Democrática la asambleísta Wilma Andrade señaló que la votación por la mesa no implicó condicionamientos para la votación contra el presidente. Según ella, el grupo de asambleístas que ella lidera se pronunciará una vez que escuchen al acusado.

El presidente lo niega todo, y asegura que se usaron argumentos falsos para armar su acusación. Incluso, respondió con un texto de 91 páginas a la Asamblea. Su ministro de Gobierno, Henry Cucalón, comentó al respecto que el presidente tiene una “decisión firme de defenderse, de acudir a la Asamblea Nacional para desvirtuar este proceso de juicio político que no tiene fundamento alguno”.

De todos modos, de conseguirse la mayoría necesaria para desbancarlo, Lasso tiene una última carta en su mano: la muerte cruzada, una figura de la Constitución ecuatoriana que le permite disolver la Asamblea y convocar a elecciones anticipadas. El mandatario ya ha amenazado con usar este mecanismo hace tres semanas.