Luego de que el 17 de marzo pasado el Tribunal Constitucional de Perú declarara fundado el recurso de amparo presentado por su defensa, se espera que hoy esa institución publique la sentencia a favor del habeas corpus que restituye el indulto otorgado al expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), anulado por una sentencia de la Corte Suprema en 2018. Así, Fujimori, de 83 años y preso desde 2007, quedaría libre en las próximas horas.
De acuerdo a fuentes consultadas por el diario limeño La República, los votos de los magistrados Marianela Ledesma y Eloy Espinoza-Saldaña estarían disponibles recién hoy por la tarde, lo que provocaría la excarcelación del expresidente condenado por los crímenes de La Cantuta y Barrios Altos, cometidos durante su gobierno, lo que le valió una pena de 25 años de prisión.
Desde su decisión del pasado 17 de marzo, se espera que el Tribunal Constitucional publique el fallo para conocer el porqué de su fallo, el cual valida nuevamente el indulto al exmandatario, que fue otorgado el 2017 por el entonces Presidente Pedro Pablo Kuczynski y que fue anulado por el Poder Judicial un año después.
Sin embargo, el magistrado del Tribunal Constitucional Eloy Espinosa-Saldaña confirmó que sigue pendiente la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la cual se está reuniendo desde el 16 de marzo hasta el 4 de mayo; donde se verá el caso de Barrios Altos. Justamente por ello, el Poder Judicial había negado inicialmente el indulto a Fujimori.
Una vez que Fujimori salga de prisión deberá cumplir una serie de condiciones que le impedirán el libre movimiento, como la orden de informar por escrito apenas salga de la cárcel cuál será su domicilio, que debe estar en el radio urbano de Lima. En el caso de ser internado en algún establecimiento médico, también debe notificarlo.
Además, no puede ausentarse de la localidad donde reside y debe solicitar una autorización de requerir salir fuera de la capital. También está obligado a presentarse ante el tribunal cuando este lo requiera, salvo que su salud lo impida.
“En caso de que incumpla las reglas de conducta impuestas se revocara la medida previo requerimiento por la de prisión preventiva”, explicó la jueza Miluska Cano.
Ante la preocupación de que Fujimori pudiera escapar del país, como cuando en medio de la crisis política de 2000 huyó hacia Japón, la fiscalía pidió que se le impida salir de Perú por 18 meses en el marco del proceso por el Caso Pativilca. Los fiscales atribuyen a Fujimori la “autoría mediata” de la matanza de los seis campesinos, tipificación que involucra a la cadena de mando de una organización. La ley peruana establece que el presidente es “el jefe supremo de las Fuerzas Armadas”.
La excandidata presidencial e hija del exmandatario, Keiko Fujimori, dijo que su padre “se queda en el Perú y vamos a pasar todos los exámenes acá con los médicos peruanos, porque su salud es frágil”.
En ese mismo sentido, el abogado de Fujimori, César Nakazaki, aseguró que el expresidente permanecerá en el país una vez que salga de prisión y que no existe peligro de fuga, pues su intención es quedarse con su familia. “Como hemos indicado, una vez que el presidente Fujimori recupere su libertad, él va a estar con su familia, continuar su tratamiento médico y morir en el Perú, así que no hay ningún problema”, dijo el penalista.
Conocida la decisión del Tribunal Constitucional, el Presidente de Perú, Pedro Castillo, escribió en su cuenta de Twitter: “La crisis institucional a la cual me referí en mi mensaje al Congreso se refleja en la última decisión del Tribunal Constitucional. Los órganos de justicia internacional a los que el Perú está adscrito y el Estado de Derecho deberán cautelar el ejercicio efectivo de la justicia para el pueblo”.
En ese sentido, el primer ministro, Aníbal Torres, informó que el Ejecutivo acudirá a instancias internacionales para revertir el indulto a Fujimori. El jefe del gabinete recordó los “gravísimos delitos” ocurridos en el régimen de Fujimori.
“El Tribunal Constitucional ha dictado esa sentencia que se tiene que acatar. Eso no quiere decir que sea impugnada ante los tribunales internacionales”, dijo Torres, citado por RPP. El premier aseguró que el gobierno actuará “con estricta sujeción al marco legal, al marco constitucional y al marco convencional”.
