Las duras críticas que enfrenta la Comisión de la Verdad de Ortega

Gozará de autonomía para realizar "las averiguaciones que corresponden", porque está "totalmente libre" para realizar su trabajo, prometió el presidente de la Asamblea Nacional de Nicaragua, el diputado del oficialista Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) Gustavo Porras al anunciar días atrás la composición de la Comisión de la Verdad, entidad que en un plazo de tres meses deberá investigar y presentar su informe sobre las protestas que ocurrieron del 18 al 23 de abril y que dejaron al menos 47 muertos, según el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh).

Pero el cuerpo de investigación ya era cuestionado antes de su juramentación por diversos sectores. Sus detractores dudan de su trabajo y su independencia, ya que fue creada exclusivamente por diputados afines al Presidente Daniel Ortega y a su esposa, la Vicepresidenta Rosario Murillo, a quien organismos humanitarios responsabilizan de ser, junto con la Policía Nacional, responsables de las muertes.

Estudiantes universitarios, que han sido los principales protagonistas de las protestas contra el gobierno, así como organizaciones humanitarias, la iglesia católica y empresarios reclaman una investigación con presencia internacional para determinar la responsabilidad por las muertes ocurridas durante las protestas.

Ante la presión, la Comisión de la Verdad pidió el jueves la asesoría técnica a la Comisión Interamericana de DD.HH. (CIDH), cuya presencia en Managua fue denegada la semana pasada por el mandatario.

Pero los críticos de la comisión no solo cuestionan el sesgo de los diputados que la crearon, sino también la línea ideológica de sus integrantes. El Cenidh ha declarado que las personas que conforman esa comisión están "comprometidas" con el gobierno.

Uno de sus miembros, Francisco Uriel Molina Oliú, es un sacerdote que en los 80 promovió la Teología de la Liberación, predicando a favor del entonces gobierno sandinista. En 1996, por su relación con el partido Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) lo expulsaron de la orden franciscana.

Mirna Cunningham, en tanto, es una antigua activista del FSLN en la Región Autónoma de la Costa Caribe Norte. Cairo Amador, por su parte, es hermano de Carlos Fonseca, fundador del FSLN. Los otros miembros de la comisión son Javier Francisco López Lowery, que perteneció a la Policía Nacional y actualmente trabaja como vicerrector general de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, y Adolfo Jarquín Ortel, subprocurador de Derechos Humanos.

En un duro editorial, el diario nicaragüense La Prensa catalogó a la Comisión de la Verdad como "la comisión orteguista de la mentira". "Ortega demuestra con la 'Comisión Porras' su desprecio a la justicia que demanda la iglesia católica, la sociedad civil, los gremios empresariales, toda la gente decente de Nicaragua", señala.

"Es una burla y una inmoralidad que el mismo régimen que ha masacrado a más de 40 jóvenes nicaragüenses desarmados, se arrogue la facultad de investigarse a sí mismo. Con una burla infame como esa y con la represión que continúa en todo el país, Ortega y Murillo demuestran que no quieren un diálogo auténtico del que pueda salir la decisión de hacer justicia y a continuación el indispensable acuerdo para iniciar el proceso de democratización", concluye.b

El Cenidh ha acusado a los miembros de la comisión de estar "comprometidos" con el gobierno. ¿Mantiene esas declaraciones?

Mantenemos esas críticas. Definitivamente son personas que no merecen ninguna credibilidad. Todos tienen un compromiso partidario con el gobierno.

El gobierno no aceptaba la presencia de la CIDH. Pero la Comisión de la Verdad pidió su asesoría técnica. ¿Cómo se explica este giro?

Son unos manipuladores. Entonces ellos lo que quieren es decir: "¿Quieren que venga la CIDH? Bueno, nosotros se los vamos a traer, y va a trabajar con nosotros". Eso no lo van a lograr, confiamos en los miembros de la Comisión Interamericana de DDHH.

¿Si la CIDH no participa de la investigación, considera sin validez el informe que entregue la Comisión de la Verdad?

No tiene ninguna credibilidad. Por la polarización que existe en el país y el nivel de desconfianza, es urgente que dejen entrar a la CIDH a monitorear las investigaciones.

¿Ve alguna salida a la actual crisis en Nicaragua?

Tenemos que encontrarla. Sin embargo, las salidas jurídicas son muy difíciles. No puede haber ninguna salida jurídica sin una salida política y eso pasaría, en primer lugar, por la renuncia de Ortega.