En la sesión de apertura del Consejo de Derechos Humanos de hoy, la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, hizo un reporte actualizado sobre Venezuela. Así, la exmandataria reconoció que el gobierno ha hecho ciertas concesiones a su organismo, al permitirle a su organismo que ingresara por sexta vez a la prisión de Ramo Verde. También confirmó que, tal como se había prometido, el gobierno liberó a 83 personas. Sin embargo, advirtió que quedan varios temas pendientes, como los casos de la jueza María Lourdes Afiuni y el periodista Braulio Jatar. En ese sentido, la alta comisionada denunció "casos de tortura y malos tratos, tanto físicos como psicológicos, de personas arbitrariamente privadas de su libertad, en particular de militares".
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La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, entrega declaraciones hoy en Ginebra. Foto: EFE[/caption]
Bachelet lamentó también que el gobierno de Nicolás Maduro no considerara su solicitud de disolver las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de la policía y que, en vez de eliminarlas, hayan optado por reafirmar su apoyo a éstas públicamente. Bachelet hizo referencia a la información obtenida por la ONG Monitor de Víctimas, que identifica 57 casos de presuntas ejecuciones cometidas en Caracas durante julio. "Mi Oficina ha seguido documentando casos de posibles ejecuciones extrajudiciales cometidas por miembros de las Fuerzas de Acción Especiales de la Policía Nacional en algunos barrios del país", señaló.
Las FAES son un comando especial de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) de Venezuela, creado en abril de 2016 bajo el argumento de combatir el crimen organizado. Sin embargo, se les ha criticado en numerosas ocasiones por ser un instrumento político de Nicolás Maduro, y han sido acusados de ser un grupo de exterminio y represión de opositores. Carlos Peñaloza, un general retirado del Ejército venezolano, incluso se refirió a ellos como la "Gestapo venezolana".
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Nicolás Maduro durante un acto de gobierno el sábado en Caracas. Foto EFE[/caption]
Según cifras de Monitor de Víctimas, entre mayo y noviembre de 2017, de las 403 muertes en las que participaron los cuerpos de seguridad del Estado en Caracas, 124 fueron atribuidos a las FAES, lo que corresponde a un 31%. A su vez, el comando fue responsable de un 62% de los asesinatos cometidos por la PNB.
El escuadrón alcanzó "notoriedad" tras la publicación del informe de derechos humanos presentado por Michelle Bachelet en julio de 2019, en el que hizo un llamado "al gobierno de Venezuela a que de manera inmediata disuelva las FAES". En ese reporte, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos señalaba que las personas entrevistadas se refirieron constantemente a las Fuerzas de Acciones Especiales como "escuadrón de la muerte" o "grupo de exterminio". Además, el organismo manifestó que le preocupaba que "las autoridades puedan estar utilizando a las FAES para infundir miedo a la población y mantener control social".
Por eso, en esa oportunidad pidieron que se eliminara el comando creado por Maduro inmediatamente y que se estableciera un mecanismo imparcial e independiente, apoyado por la comunidad internacional, para investigar las ejecuciones extrajudiciales llevadas a cabo durante distintas operaciones de seguridad. También pidieron "asegurar que sus responsables rindan cuentas" y que "las víctimas sean reparadas".
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Manifestantes de la oposición se enfrentan a agentes de seguridad durante una protesta contra el gobierno de Nicolás Maduro en enero de 2019 en Caracas. Foto: AFP[/caption]