Las nuevas víctimas de las deportaciones de Trump: inmigrantes legales, académicos e incluso turistas

Los ejemplos crecieron rápidamente durante la semana pasada, y todo apunta en una dirección: Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, abrió una nueva fase en su política migratoria -o antimigratoria- durante los últimos días, y esta va mucho más allá de su promesa de deportaciones masivas de inmigrantes indocumentados.

Tres casos fueron recopilados por el periódico The New York Times durante la semana pasada. En Virginia, un grupo de agentes de inmigración ataviados con máscaras llegaron hasta la casa de un académico de la Universidad de Georgetown y lo arrestaron; en la frontera sur de EE.UU., dos turistas alemanes fueron detenidos durante semanas pese a intentar ingresar de forma legal al país; y en la Universidad de Columbia, la policía golpeó numerosas puertas en busca de manifestantes propalestinos.

Junto a ello, la Casa Blanca aseguró que está trabajando para poner fin al estatus legal de más de 500.000 migrantes que llegaron a Estados Unidos desde países como Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela.

Este último país, de hecho, fue objetivo de las más recientes sanciones impulsadas por el republicano, donde cobrará un arancel del 25% para cualquier país que compre petróleo y gas de Venezuela, culpando a la migración y la llegada del Tren de Aragua a la nación estadounidense como las causas que explican la medida.

“Cualquier país que compre petróleo o gas de Venezuela estará obligado a pagar un arancel del 25% a Estados Unidos sobre cualquier comercio que realice con nuestro país. Toda la documentación se firmará y registrará, y el arancel entrará en vigor el 2 de abril de 2025, el Día de la Liberación de Estados Unidos”, escribió el mandatario este lunes en su red social Truth Social.

Según Trump, “Venezuela ha enviado a EE.UU., de forma deliberada y engañosa, a decenas de miles de delincuentes de alto rango y de otros tipos, muchos de los cuales son asesinos y personas de naturaleza muy violenta. Entre las bandas enviadas a Estados Unidos se encuentra el Tren de Aragua, designado como ‘Organización Terrorista Extranjera’. Estamos en proceso de devolverlos a Venezuela. ¡Es una gran tarea!”, cerró.

La serie de medidas llevó a una jueza de la Corte de Apelaciones de EE.UU. a asegurar este lunes que los nazis tenían más derechos para impugnar su expulsión de Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial que los migrantes venezolanos deportados por la administración Trump, consignó la agencia Reuters.

En una polémica audiencia, la magistrada Patricia Millett dijo al abogado del gobierno Drew Ensign: “Los nazis recibieron un mejor trato bajo la Ley de Enemigos Extranjeros de lo que ha sucedido aquí”, refiriéndose a una ley que solo se había utilizado tres veces en la historia de Estados Unidos, siendo la última para internar y expulsar a inmigrantes japoneses, alemanes e italianos durante la Segunda Guerra Mundial, consignó la citada agencia.

Según el periódico neoyorquino, los agentes fronterizos están empleando tácticas más agresivas en los puntos de entrada a Estados Unidos, que la administración Trump denomina “investigación reforzada”, lo que ha llevado a países como Alemania para actualizar las advertencias de viaje a sus compatriotas.

No es la única medida de endurecimiento, porque, al mismo tiempo, la administración está persiguiendo a inmigrantes legales -quienes ingresan de forma regular- que “han expresado opiniones que el gobierno considera que amenazan la seguridad nacional y socavan la política exterior”, consignó el Times.

La decisión ha provocado que las comunidades migrantes en EE.UU. afirmen que se les está persiguiendo ya ni siquiera por infringir una ley, sino por sus opiniones políticas.

Tricia McLaughlin, portavoz del Departamento de Seguridad Nacional, defiende la nueva postura del gobierno. “La administración Trump está haciendo cumplir las leyes de inmigración, algo que la administración anterior no hizo”, dijo a la prensa local cuando se le preguntó sobre las recientes detenciones. “Aquellos que violen estas leyes serán procesados, detenidos y expulsados según sea necesario”, añadió.

Pero para Gil Kerlikowske, excomisario de Aduanas y Protección de Fronteras y exjefe de Policía de cuatro ciudades, la política actual “es un déjà vu” de lo realizado en el primer gobierno de Trump, pero “con esteroides”, señaló al Times. “Tanto si se trata de discursos y críticas como de tarjetas de residencia, lo están llevando a un nivel completamente nuevo”.

Eso se reflejó en el caso de dos turistas alemanes que, por separado, fueron detenidos en los pasos fronterizos de San Diego y Tijuana, para luego ser enviados a un centro de detención lleno de gente. Según denunciaron luego, se les negó el acceso a un traductor y fueron puestos en confinamiento solitario, detalló la prensa estadounidense. Similar fue el caso de una ciudadana canadiense, quien acusó a las autoridades migratorias de haberla detenido y “encadenado” después de marcar sus papeles de visado.

Los turistas no son los únicos que se han visto afectados. Al menos dos académicos vivieron en carne propia las modificaciones a la política migratoria estadounidense en los últimos meses, y uno de los casos amenazó con escalar hasta convertirse en un conflicto diplomático.

Ese fue el caso de un científico francés al que se le impidió su ingreso a EE.UU., y según el ministro de Educación Superior de la nación europea, los agentes de la Patrulla Fronteriza norteamericana encontraron mensajes personales en los que el académico expresaba su “opinión personal” a otros colegas y cercanos sobre las políticas científicas de Trump. Desde Francia alegan que eso habría motivado la negativa de ingreso al país.

Sin embargo, la administración republicana niega aquello. Fue a través de Tricia McLaughlin que negaron la acusación y señalaron que el científico “tenía información confidencial en su dispositivo electrónico del Laboratorio Nacional de Los Álamos, que había tomado sin permiso y tratado de ocultar”, detalló The New York Times.

El segundo caso ocurrió con el Dr. Rasha Alawieh, especialista en trasplantes de riñón y profesor de la Universidad Brown que fue detenido por el Departamento de Seguridad Nacional tras retornar a EE.UU. desde Líbano tras reunirse con familiares.

La detención ocurrió pese a la existencia de la prohibición que un juez dictaminó contra las deportaciones sin garantías jurídicas y bajo la ley de 1798 contra Enemigos Extranjeros, que se creó pensando en tiempos de guerra. El autor de la medida fue James Boasberg, a quien ahora Trump califica de “lunático de la izquierda radical”, pese a que fue electo por unanimidad en el Senado durante 2011, y con un largo historial de decisiones que afectaron tanto a demócratas como a republicanos.

Según las autoridades migratorias, encontraron entre las fotos del teléfono de Alawieh supuestas “fotos y videos que mostraban simpatía hacia figuras de Hezbolá”, añadiendo que asistió al funeral del líder del grupo islamista libanés en febrero.

Además de investigaciones propias del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), las que se están centrando en buscar videos, publicaciones en internet y recortes de prensa de protestas en campus universitarios contra la guerra entre Israel y Hamas, otros grupos están ayudando. Middle East Forum, un think tank conservador, aseguró a través de un comunicado público que tenía más de 15 investigaciones activas sobre “cuestiones de seguridad nacional”, los que compartirían “con las agencias gubernamentales pertinentes”.

La deportación de personas que viven en Estados Unidos y que cuentan con tarjetas verdes o visas válidas no es sencilla. Es por eso que Trump ha tenido que invocar una herramienta muy específica de la Ley de Inmigración y Nacionalidad que otorga amplias facultades al secretario de Estado, entre ellas, el poder expulsar a los extranjeros que sean considerados como una amenaza para los intereses de la política exterior del país.

Fue gracias a ello que los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas detuvieron a Mahmoud Khalil, el hombre graduado de Columbia con ascendencia palestina cuyo papel en las protestas universitarias le valieron un arresto que remeció la discusión al respecto. Khalil cuenta con una tarjeta verde, por lo que se considera un residente permanente legal de EE.UU.

Otro tipo de expulsiones se está dando de manera soterrada: la deportación por “ausencia”. Ana Maldonado-Alfonzo, abogada de Aid for Life, una ONG que ayuda a migrantes en Nueva York, dijo a El País que por miedo, dejadez u “olvido”, muchos migrantes citados ante un juez no asisten y terminan sellando su destino.

“La gente tiene terror a salir a la calle, pero si no se presentan, se genera automáticamente la orden de deportación y no es fácil frenarla. Para reabrir el caso hay que justificar la incomparecencia, pero ¿cómo justificas el miedo? Si el motivo ha sido una enfermedad, debes presentar un reporte médico; incluso a veces les coincide otra vista a la misma hora en el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, y de hecho no deberían faltar a ninguna de las dos, pero incluso eso se puede documentar…”, explicó. “Pero ¿y el miedo?”, cerró.

Debido a esta situación, la cifra de “deportaciones por ausencia” ha crecido considerablemente. En otras palabras, se trata del abandono de la causa de regularización migratoria. Si bien la figura existía desde antes, su aplicación solo se ha acrecentado.

Más dramático fue el caso de una mujer de la tercera edad de origen mexicano que, mientras volvía a su hogar de hacer compras, fue detenida.

El Equipo de Respuesta a la Deportación y la Inmigración (DIRE) de Nueva Jersey asiste mayoritariamente a venezolanos y mexicanos -seguido por hondureños y guatemaltecos- en caso de arrestos o interrogatorios por parte de agentes de migración.

Fue en ese contexto donde se enteraron del caso de la abuela mexicana “desaparecida”. En diálogo con El País, Ellen Whitt, voluntaria de la organización, detalló que “tuvimos el caso de una abuela, sí. El ICE llegó a su casa y desconectó las cámaras de seguridad de la entrada para que no quedara registrada la detención. Llegaron, les abrió la puerta y por desgracia se la llevaron, después de 30 años viviendo aquí”.

“Yo misma hablé con la familia la noche que ocurrió para intentar localizarla. Había sido trasladada a Louisiana sin ninguna razón”, añadió. “Qué amenaza podría suponer para la seguridad nacional una abuela mexicana de Nueva Jersey que fue detenida recientemente al regresar de la compra, es algo que escapa a todo intento de comprensión”, planteó El País citando a la voluntaria.