En febrero pasado, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, propuso un paquete de 20 reformas, con las que espera regresar el espíritu social a la Constitución promulgada en 1917 y que, aunque ha sufrido numerosos cambios, es la que rige el país actualmente. En sus palabras, la esencia de estas normas y nuevos derechos es “reencauzar la vida pública por la senda de la libertad, la justicia y la democracia”.
“Las reformas que propongo buscan establecer derechos constitucionales y fortalecer ideales y principios relacionados con el humanismo, la justicia, la honestidad, la austeridad y la democracia que hemos postulado y llevado a la práctica desde los orígenes del actual movimiento de transformación nacional”, aseguró durante su presentación el pasado 5 de febrero.
Asimismo, señaló que las propuestas están encaminadas a modificar “artículos antipopulares” introducidos durante “el periodo neoliberal” de las últimas cuatro décadas.
A pocas horas de que concluya su sexenio -pues el 1 de octubre la Presidenta electa Claudia Sheinbaum tomará posesión del cargo- a López Obrador le quedan varias reformas de este paquete, que deberán ser discutidas y, en su caso, aprobadas por las dos terceras partes de ambas cámaras del Congreso (es decir, 334 votos de 500 a favor en la Cámara de Diputados, y 86 de 128 en la de Senadores, lo que se conoce como mayoría calificada).
La primera reforma de este paquete en ser aprobada fue la reforma judicial, que ha causado amplia controversia en el país y que finalmente fue promulgada por López Obrador el 15 de septiembre, unas horas antes de dar el último Grito de la Independencia de su sexenio en el Zócalo de la Ciudad de México.
López Obrador anunció el viernes que promulgaría este domingo o lunes las reformas constitucionales para militarizar la Guardia Nacional y reconocer los derechos de los pueblos indígenas tras su aprobación en los congresos estatales. El mandatario expuso que ambas modificaciones, propuestas por él y votadas en el Senado, ya recibieron el aval de más de la mitad de los 32 congresos locales, un requisito necesario para cambiar la carta magna.
A continuación, el detalle de las reformas propuestas por AMLO.
1. Indígenas y afrodescendientes
El Gobierno propone modificar el artículo 2 de la Constitución para reconocer a los pueblos indígenas y afromexicanos como sujetos de derecho público, mejorando su bienestar mediante el impulso del desarrollo, la participación de mujeres indígenas en la toma de decisiones, y el fortalecimiento de la educación indígena, intercultural y plurilingüe. Se incluirá su participación en censos y estadísticas oficiales.
2. Pensiones para adultos mayores y con discapacidad
La iniciativa propone que los trabajadores de 65 años que comenzaron a cotizar después del 1 de julio de 1997 reciban una pensión igual a su último salario, hasta el monto del salario promedio registrado en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). La reforma en Materia de Bienestar busca convertir en derechos constitucionales programas sociales, garantizando pensiones para personas con discapacidad menores de 65 años y su rehabilitación, además de asegurar que las pensiones para adultos mayores, personas con discapacidad y becas mantengan su valor a lo largo del tiempo y se transfieran directamente a los beneficiarios.
Se revertirán las reformas de pensiones de 1997 y de 2007. El Presidente aseguró que “afectan injustamente a trabajadores del seguro social y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) pues les impiden jubilarse con el 100% de su salario”. López Obrador propuso la creación de un fondo semilla que se irá incrementando, al tiempo que se utilizará para compensar a los trabajadores afectados por la legislación actual que data de 1997 y la reforma de una década más tarde, a las que llamó “reformas antilaborales del período neoliberal”.
3. Becas a estudiantes de familias vulnerables
Las Becas para el Bienestar Benito Juárez pasarían a ser parte de la Constitución. El monto variará según el grado escolar, pero se otorgarán para todos los niveles: desde el básico (preescolar, primaria y secundaria), educación media superior y superior.
4. Atención médica universal gratuita
Los montos se incrementarán cada año de manera progresiva y se adicionará que “los estudios médicos, intervenciones quirúrgicas y medicamentos necesarios” también sean gratuitos.
5. Vivienda
La iniciativa propone que el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) ofrezca viviendas en arriendo accesibles, con opción de compra tras 10 años, priorizando a trabajadores con más años cotizando y sin vivienda.
6. Bienestar animal
Propone la reforma de los artículos 3, 4 y 73 de la Constitución para prohibir el maltrato animal y obliga al Estado a garantizar protección, trato adecuado y conservación de los animales.
7. Medio ambiente
La iniciativa propone que México sea libre de maíz transgénico, prohíbe la minería a cielo abierto y el fracking por su impacto ambiental y riesgos para la salud.
8. Mejor uso del agua
Se debe autorizar presupuesto para garantizar que el agua esté disponible para todos y no deben darse concesiones en zonas con baja disponibilidad de este recurso.
9. Prohibir el comercio de vapeadores y de drogas químicas
El Presidente propuso añadir párrafos a la Constitución para prohibir estos productos, señalando que los vapeadores ocultan sustancias tóxicas y que el fentanilo es una amenaza global creciente. También planteó “penalizar con severidad el delito de extorsión de la delincuencia organizada” y “el delito fiscal ejercido por la delincuencia de cuello blanco mediante factureras”.
10. Salario mínimo
Se propone modificar el artículo 123 para establecer que el salario mínimo nunca esté por debajo de la inflación. El salario para profesores de educación básica de tiempo completo, de policías, guardias nacionales, soldados, marinos, médicos y enfermeras no será menor a lo que perciben los trabajadores afiliados al seguro social.
11. Prisión preventiva
El Presidente propone modificar el artículo 19 de la Constitución para ampliar el catálogo de los delitos que requieren prisión preventiva oficiosa. Se argumenta que todos estos delitos -como el narcomenudeo, la extorsión y la defraudación fiscal- han aumentado durante el actual Gobierno y que se deben combatir para garantizar la paz, la seguridad y la salud.
12. Garantizar el derecho a la educación y al trabajo
Se agregará un párrafo al artículo 123 para garantizar el derecho a la educación y al trabajo a jóvenes entre 19 y 29 años que no estén trabajando ni estudiando, otorgándoles un apoyo económico equivalente a un salario mínimo durante un año, mientras completan su formación en el marco del programa Jóvenes Construyendo el Futuro.
13. Apoyo al campo
Mejorar las condiciones de los campesinos a través de “un jornal justo y permanente” -el salario que recibe un agricultor por día de trabajo-, como una extensión del programa Sembrando Vida. López Obrador repitió una máxima de su Gobierno a propósito de la cuestión agraria: “que coman los que nos dan de comer”. También a los pescadores se les dará un apoyo anual, sin especificar cantidad.
14. Trenes de pasajeros
La reforma al artículo 28 dice que se utilizarán los 18.000 kilómetros de vías férreas concesionados y destinados al transporte de carga para trenes de pasajeros. El Estado también estará obligado a garantizar el derecho a los servicios de internet, ya sea con una empresa pública o concesiones a particulares. El Presidente también propuso devolver a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) su carácter de “empresa pública estratégica, en beneficio de los consumidores domésticos y del interés nacional”.
15. Reforma eléctrica
Se propone modificar tres artículos de la Constitución. El cambio al artículo 28 implementa que el Estado mexicano será el único responsable del sistema eléctrico nacional, garantizando autosuficiencia energética y tarifas bajas. El cambio al artículo 27 prohíbe que empresas privadas prevalezcan sobre la CFE. Y el cambio al artículo 25 elimina el concepto de empresa productiva del Estado para CFE y Pemex, cambiando su modelo a empresas públicas del Estado.
16. Reforma electoral
Propone modificaciones a 18 artículos de la Constitución. Busca reemplazar el Instituto Nacional Electoral (INE) por el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC), que también absorbería los órganos electorales locales. Contempla la reducción de los gastos destinados a campañas y partidos políticos, además de disminuir el número de regidores en ayuntamientos.
La reforma también contempla eliminar las candidaturas plurinominales y sobre todo, reducir el Congreso de 500 a 300 diputados y de 128 a 64 senadores.
Además, el Presidente propuso que tanto los consejeros como los magistrados de los organismos electorales sean electos por el voto directo de la ciudadanía y reducir del 40% al 30% el número de participantes en consultas populares para hacerlas válidas y vinculatorias, una propuesta que también aplica para la revocación de mandato.
17. Guardia Nacional
Se traspasará la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) como un mecanismo para, aseguró, “evitar que (la Guardia Nacional) se corrompa como la antigua Policía Federal” y para que sus elementos obedezcan “a una disciplina que, en cuanto a su formación, es militar; pero en cuanto a su acción es policial”.
Al unirse a la Sedena, la Guardia Nacional se consolidará como institución para contribuir a la seguridad pública, pues “desarrollará sus actividades con capacitación y adiestramiento policiales, no bélicos”. El comandante de la Guardia Nacional deberá tener el grado de general de división en activo, y su nombramiento será realizado por el Presidente, a partir de la propuesta del secretario de la Defensa Nacional.
18. Convertir en política de Estado la austeridad republicana
López Obrador llamó a volver a redactar “con mayor claridad y contundencia” el artículo 127 constitucional, con el principio de que ningún servidor público de los tres poderes pueda ganar más que lo que percibe legalmente el Presidente de la República.
19. Eliminar o fusionar organismos por duplicidad de funciones
El Gobierno propone eliminar siete organismos autónomos y fusionar o extinguir 17 organismos descentralizados, como el Instituto Nacional de Transparencia (INAI) y el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Sus funciones se transferirían a dependencias de la administración pública por duplicidad de funciones. Además, se eliminarían la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción y la Condusef, entre otros, y algunos institutos se convertirían en Unidades Administrativas.