Una serie de medidas aplicará el gobierno argentino para frenar a las organizaciones piqueteras en las manifestaciones de este miércoles contra el ajuste económico anunciado por el Presidente Javier Milei.
El Ministerio de Seguridad porteño entregó las cuatro prohibiciones básicas para los manifestantes, los que no podrán interrumpir el tránsito vehicular, cubrirse el rostro de manera intimidatoria y usar palos o elementos contundentes, además de impedirse la presencia de niños en las marchas.
“No vamos a dejar que corten las calles”, advirtieron las autoridades.
Estas medidas se analizaron en una cumbre urgente que sostuvieron este martes las autoridades del Ejecutivo argentino y capitalinas encargadas de la seguridad pública, para concretar las medidas que se utilizarán para enfrentar las protestas, en un ambiente convulsionado por los planes de Milei para estabilizar la economía trasandina, golpeada por una alta inflación.
En la sede del Ministerio de Seguridad Nacional, en la zona de Palermo participaron la titular de esa secretaría de Estado, Patricia Bullrich, y el ministro de Seguridad porteño, Waldo Wolff, además de personeros a cargo de las tareas operativas de ambas administraciones.
En la reunión se precisaron los roles que tendrán las fuerzas de seguridad. Por ley, a la policía nacional le corresponderá asumir el control del orden en estaciones y trenes, más las históricas plazas de los Dos Congresos y de Mayo.
Ya se anticipa que deberán asumir las tareas más delicada, porque la mayoría de los piqueteros se trasladará en tren desde distintos puntos hasta el centro de Buenos Aires. Sin considerar que también los manifestantes intenten cruzar el Puente Pueyrredón por la fecha emblemática (el 20 de diciembre, aniversario de la crisis que derivó en la renuncia de Fernando de la Rúa), para llegar al Congreso y Plaza de Mayo.
Posteriormente, cuando los piqueteros salgan de las estaciones de trenes, la responsabilidad recaerá en las autoridades policiales de la ciudad de Buenos Aires, quienes ya anunciaron que su principal objetivo serán que los manifestantes no corten las calles. A la vez, el Ministerio de Seguridad porteño entregó las cuatro prohibiciones básicas para los manifestantes, los que no podrán interrumpir el tránsito vehicular, cubrirse el rostron de manera intimidatoria y usar palos o elementos contundentes, además de impedirse la presencia de niños en las marchas”.
Durante las discusiones, el primer problema surgió ante la advertencia de un funcionario ministerial sobre el uso de cámaras de identificación facial de los manifestantes en las protestas, como lo había anunciado previamente la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, con el respaldo de Bullrich.
“Nosotros tenemos un programa de reconocimiento facial cuestionado por la Justicia. No vamos a usarlo. Y si no estuviera cuestionado, tampoco lo usaríamos”, afirmó el personero del gobierno de la ciudad, lo que generó cierta tensión con el sector estatal.
“Eso lo puedes hacer con la orden de un juez. Que te permita acceder a las cámaras del lugar o que te habilite a a filmar en el momento. ¿Algún juez se animará a hacerlo? Bullrich subió la apuesta para intentar disuadir, pero vamos a ver cómo resulta”,dijo una fuente con experiencia en este tipo de manifestaciones, según reporta el diario bonaerense Clarín.
En la reunión se precisaron los roles que tendrán las fuerzas de seguridad. Por ley, a la policía nacional le corresponderá asumir el control del orden en estaciones y trenes, más las históricas plazas de los Dos Congresos y de Mayo.
Ya se anticipa que deberán asumir las tareas más delicada, porque la mayoría de los piqueteros se trasladará en tren desde distintos puntos hasta el centro de Buenos Aires. Sin considerar que también los manifestantes intenten cruzar el Puente Pueyrredón por la fecha emblemática (el 20 de diciembre, aniversario de la crisis que derivó en la renuncia de Fernando de la Rúa), para llegar al Congreso y Plaza de Mayo.
Posteriormente, cuando los piqueteros salgan de las estaciones de trenes, la responsabilidad recaerá en las autoridades policiales de la ciudad de Buenos Aires, quienes ya anunciaron que su principal objetivo será impedir que los manifestantes provoquen alteraciones en la seguridad pública.
