Las razones de Hong Kong para oponerse a las extradiciones a China

El proyecto de ley de Hong Kong sobre extradiciones a China continental, suspendido este sábado, motivó un pulso entre la oposición, que considera que pone en riesgo el "alma" de la isla y el gobierno que sostiene que apunta solamente a llenar un vacío jurídico.

El gobierno de este territorio chino quiere que el Consejo Legislativo (LegCo, parlamento) apruebe una ley autorizando las extradiciones a los territorios con los que no existe un acuerdo bilateral, incluyendo la China continental.

Según las autoridades, el texto llena un vacío jurídico e impedirá que Hong Kong se convierta en un refugio para ciertos criminales. Según el gobierno, existen sistemas para evitar que la ley sirva para que China persiga a opositores políticos.

La jefa del gobierno, Carrie Lam, afirma también que el texto responde a normas internacionales en materia de derechos humanos y que solo afectará a los autores de crímenes graves susceptibles de condenas de más de siete años de prisión.

Los opositores temen sin embargo que la población de Hong Kong (7,3 millones de personas) así como la gente que transita por el aeropuerto queden a merced de la justicia china, opaca y politizada.

El rechazo del proyecto reúne a sectores muy distintos de la población, incluyendo abogados, influyentes organizaciones jurídicas, directivos empresariales, cámaras de comercio, periodistas, activistas y diplomáticos occidentales.

Pero la lucha contra el poder solo es el último capítulo de lo que muchos ven como un combate para salvar el alma de Hong Kong.

El territorio es desde hace diez años escenario de convulsiones políticas entre las autoridades favorables a Pekín y los opositores, que denuncian el control chino que atenta contra sus libertades.

China recuperó el control del territorio en 1997, hasta entonces una colonia británica, tras un acuerdo con Londres.

Hong Kong tiene cierta autonomía y goza de libertades que no existen en la China continental, en teoría hasta 2047. El sistema llamado "un país, dos sistemas" garantiza en principio la libertad de expresión y la independencia de la justicia.

Además el estado de derecho y el sistema judicial heredados de Reino Unido son un factor esencial del éxito económico de este centro financiero mundial.

Pero los opositores acusan a China de incumplir el acuerdo y de querer limitar las libertades de Hong Kong antes de la expiración del plazo.

El gobierno asegura que la ley de extradiciones no afectará al sistema de Hong Kong pero sus detractores creen que tendrá enormes consecuencias.

"La credibilidad de Hong Kong está ahora en juego", dijo a la cadena CNBC Tara Joseph, presidenta de la cámara de comercio estadounidense.

Los opositores temen que Pekín persiga tanto a los hongkoneses como a los extranjeros en su territorio, lo que afectaría a su reputación como plaza financiera y económica.

Estados Unidos, inmerso en una guerra comercial con China, cree por su parte que la ley podría "dañar el entorno económico de Hong Kong y someter a nuestros ciudadanos que residen o visitan Hong Kong al sistema judicial caprichoso de China".

Este sábado, la jefa del gobierno, Carrie Lam, anunció la suspensión del proyecto, cuyo voto final estaba previsto el 20 de junio.

"El gobierno ha decidido suspender el procedimiento de enmienda legislativa", declaró a la prensa Carrie Lam.

"El consejo dejará de trabajar en el proyecto de ley hasta que hayamos completado nuestras explicaciones y escuchado las opiniones" al respecto, dijo.

"No tenemos la intención de fijar una fecha límite para esta labor", agregó.

El gobierno chino apoyó este sábado la decisión de Carrie Lam.

"Apoyamos, respetamos y entendemos esta decisión", afirmó un portavoz del ministerio de Relaciones Exteriores chino, Es un intento "de escuchar más" las opiniones sobre este proyecto "y de restablecer la calma cuanto antes", dijo.

Por su parte, la oposición mantuvo el llamado a manifestar el domingo.

"La gente de Hong Kong persistirá y mantendrá sus protestas hasta que el ejecutivo retire la ley", afirmó a la prensa Jimmy Sham, del Frente civil de Derechos Humanos.