Liderada por Facundo Jones Huala: por qué el gobierno argentino declaró a la RAM como organización terrorista

El Gobierno de Argentina declaró este viernes a la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) como una organización terrorista, argumentando su presunta responsabilidad en los incendios forestales que han devastado miles de hectáreas en la Patagonia.

La medida fue oficializada mediante la Resolución 210/2025, firmada por la ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, lo que implica la inscripción del grupo en el Registro Público de Personas y Entidades Vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET).

Con esta decisión, la RAM queda incluida en una lista donde figuran organizaciones como Hamás, Hizbolá, Al Qaeda y Yihad Islámica.

Desde Argentina, declaran que el jefe de la RAM es Facundo Jones Huala (36), un hombre de nacionalidad argentina con descendencia mapuche considerado como “guerrero”, quien tiene hasta ahora, un largo prontuario incluyendo en Chile donde fue enjuiciado y condenado a 9 años de prisión que cumplía en la cárcel de Temuco por los delitos de tenencia ilegal de armas e incendio de un fundo el 2018.

Sin embargo, el año 2024, la Corte Suprema chilena ordenó su libertad tras acoger un recurso de amparo de la Defensoría Penal Pública.

La RAM es un grupo radicalizado que, según el Gobierno argentino, ha estado vinculado a una serie de ataques violentos en la Patagonia desde 2010.

De acuerdo con el informe técnico jurídico que acompaña la resolución, la organización ha sido responsable de atentados incendiarios contra viviendas, establecimientos, vehículos, maquinarias y personas, con el propósito de “sembrar el terror”.

La ministra Bullrich sostuvo que “los incendios intencionales reivindicados por los líderes de la RAM han arrasado los bosques milenarios patagónicos”, y que los ataques perpetrados por el grupo constituyen actos terroristas. Además, el Gobierno vincula estos atentados con declaraciones previas de su líder, Facundo Jones Huala, quien en el pasado ha manifestado su oposición a la estructura capitalista y su intención de sabotearla.

Sin embargo, Jones Huala ha rechazado las acusaciones, afirmando que “dicen que andamos prendiendo fuego los bosques donde vive nuestra gente. Todas mentiras. Jamás lo hemos hecho ni lo haríamos”. A pesar de esta negativa, el Gobierno ha insistido en que los incendios recientes en la Patagonia forman parte de un patrón de sabotajes promovidos por la RAM.

Cabe destacar que Jones Huala, estuvo involucrado en otros actos de esta magnitud años anteriores tanto en Argentina como en Chile. El 2013 causa de un incendio a la explotación agrícola Pisu Pisue, ubicada en la localidad de Mantilhue, comuna de Río Bueno, en la Región de Los Ríos y en mayo de 2016 había sido detenido en Chubut en un allanamiento.

En el caso del 2013, el 2018 Jones Huala fue condenado por 9 años en la cárcel de Temuco. Sin embargo, en agosto del año pasado, desde la Corte Suprema, se acogió un recurso de amparo presentado por la Defensoría Penal Pública, por lo que pudo salir del recinto estimando que debía tenerse por cumplido el saldo de pena que lo mantenía como privado de libertad.

El ministro de Defensa, Luis Petri, justificó la medida a través de un comunicado en su cuenta de X: “Terroristas, eso son y así deben ser tratados y juzgados cada vez que la RAM incendia o causa estragos en la Patagonia, poniendo en peligro la vida, los bienes y los recursos naturales de todos los argentinos”.

Desde el oficialismo se ha insistido en que esta categorización es necesaria para frenar la escalada de violencia y los daños ambientales que han afectado a la región. La resolución también hace referencia al prontuario de Jones Huala, quien estuvo detenido en Chile y recientemente fue arrestado en Argentina por intento de hurto y resistencia a la autoridad. El documento señala que “el incendio, como herramienta de presión, fue reivindicado públicamente por el líder de la RAM”.

La inclusión de la RAM en el RePET podría abrir la puerta a nuevas medidas judiciales y represivas contra sus integrantes. Al ser considerada una organización terrorista, sus miembros podrían enfrentar sanciones más severas, además de la posibilidad de que se congelen sus activos financieros y se restrinja su accionar en el país.

Desde el ámbito político, la decisión ha generado opiniones divididas. Mientras algunos sectores apoyan la postura del Gobierno en la lucha contra la violencia y el daño ambiental, otros han cuestionado la solidez de las pruebas presentadas y temen que la medida se utilice para criminalizar a comunidades mapuches en la Patagonia.

Asimismo, la decisión de inscribir a la RAM en la lista de organizaciones terroristas podría derivar en conflictos diplomáticos con Chile, país donde Jones Huala ha sido detenido en el pasado y donde existen comunidades mapuches organizadas con reivindicaciones territoriales similares.

A medida que avance el año, será clave observar cómo se implementa esta resolución y cuáles serán sus efectos en el conflicto de tierras y en la seguridad en la región patagónica.