El Gobierno británico publicó hoy un borrador para las negociaciones sobre su salida de la Unión Europea (UE) en el que propone un periodo de transición sin una fecha de conclusión definida, entre presiones del sector euroescéptico del Partido Conservador por avanzar hacia una ruptura más abrupta.

El documento, algunos de cuyos fragmentos divulgaron los medios por la mañana, sugiere que la etapa de transición "debería estar determinada sencillamente por el tiempo que requerirá preparar e implementar los nuevos procesos y sistemas que apuntalarán la futura relación".

El texto apunta a que esa fase podría alargarse "alrededor de dos años", tal como ya ha defendido la primera ministra, la conservadora Theresa May, y propone "dialogar" sobre la fecha para cerrar la transición que ha propuesto Bruselas, el 31 de diciembre de 2020, pero no aporta más detalles sobre los planes de Londres.

Ante la polémica generada en el Reino Unido por esa falta de definición, un portavoz de Downing Street, despacho oficial de May, aseguró esta tarde que la intención del Gobierno es que el acuerdo en firme al que lleguen Londres y Bruselas incluya una "fecha final".

Esos parlamentarios critican que durante el periodo de transición el Reino Unido estará sometido a las normas comunitarias, pero habrá perdido cualquier poder para influir sobre ellas, lo que convertirá al país, según el conservador Jacob Rees-Mogg, en un Estado "vasallo" de la UE.

Londres saldrá de forma oficial de la Unión el 29 de marzo de 2019, pero el Gobierno de May quiere mantener durante cierto periodo los beneficios del mercado único y la unión aduanera comunitaria, a cambio de continuar contribuyendo al presupuesto europeo durante ese periodo.

La primera ministra ha sostenido desde el pasado octubre que esa etapa debería durar dos años, pero el negociador jefe comunitario, Michel Barnier, ha subrayado que debe limitarse a 21 meses.

Bruselas quiere que la transición concluya el 31 de diciembre de 2020, cuando se cierra el periodo presupuestario de siete años que entró en vigor en 2014, lo que permitiría entrar en el siguiente presupuesto sin contar ya con la aportaciones del Reino Unido.