México pretende hacer justicia sobre uno de los periodos más negros de su historia: 25 años de la segunda mitad del siglo XX en los que los cuerpos policiales y militares torturaron, asesinaron y desaparecieron a cientos de personas.

El presidente Andrés Manuel López Obrador firmó hoy un decreto para crear una comisión de la verdad que investigue los abusos y violaciones graves a los derechos humanos que tuvieron lugar entre 1965 y 1990 con el fin de hacer justicia por esos crímenes, buscar a las personas que todavía siguen desaparecidas de esa época —en torno al millar— y reparar a las víctimas.

Así lo indicó Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, durante un acto con motivo del 53er aniversario de la matanza de estudiantes de Tlatelolco, el 2 de octubre de 1968 —una de las acciones represivas más brutales del gobierno mexicano ocurrida en vísperas de que la capital del país albergara los Juegos Olímpicos.

A más de medio siglo, todavía se desconoce el número real de muertos. La cifra oficial fue de 30, pero pudieron rondar los 350 según una investigación posterior. En los hospitales se reportaron 53 heridos graves y se calcula que 2.000 personas fueron detenidas ese día.

Durante el evento también se presentó un proyecto para la reconversión de uno de los principales centros de tortura de la capital, la antigua Dirección General de Policía y Tránsito, en un lugar para la memoria.

Al llegar al poder en diciembre de 2018, el presidente López Obrador se comprometió a reconvertir los centros de tortura del pasado en memoriales para dar a conocer la historia y evitar que se repitiera. Uno de ellos ya abrió sus puertas con exposiciones y otros están por venir. Todas esas instalaciones, explicó Felix Hernández, un dirigente estudiantil en 1968, competían para ver dónde el trato era “más eficaz para destruir voluntades y sembrar terror”.

Los sótanos que ahora se quieren recuperar en Tlaxcoaque, al sur de Zócalo capitalino y que significa “lugar donde se miran las serpientes”, fueron en su momento la sede del servicio secreto mexicano, recordó el periodista José Reveles, “que en los años 50 incluso fueron contratados por Batista —el dictador cubano— para matar al entonces líder revolucionario Fidel Castro”.

Ahora, son habitaciones inundadas con olor a podredumbre donde las autoridades de la capital encontraron incluso una silla con correas que se utilizó para las torturas y harán una recuperación forense de cualquier material que pueda ser utilizado en la búsqueda de justicia, detalló la alcaldesa Claudia Sheinbaum.

“Yo vi la tortura de los muchachos”, recordaba Ana Ignacia Rodríguez, en un video proyectado por el gobierno de la ciudad grabado, durante una visita a las tétricas instancias . “Los sacaban del pasillo.. ‘Desnúdense’.., y con la manguera esa horrible contra incendios, que de por sí es dolorosa, los bañaban y luego pasaban con la picana (instrumento de tortura que da toques eléctricos) y yo tenía que verlo”.

Los intentos por sacar a la luz las atrocidades del pasado que han tenido lugar en México no han lograron condenar a nadie por los abusos, pero avanzaron en el esclarecimiento de la verdad, aseguró Reveles.

El más importante fue el proceso que llegó a sentar en el banquillo a un expresidente.

Cuando Vicente Fox (2000-2006) llegó al poder creó una fiscalía especial para investigar los movimientos políticos y sociales del pasado gracias a la cual se logró acusar a Luis Echeverría Álvarez (1970-1976) por dos masacres: la de Tlatelolco en 1968 —en la que él era secretario de Gobernación— y la de junio de 1971, ya con Echeverría como presidente.

La justicia federal estimó que el 2 de octubre de 1968 hubo un “genocidio” pero no determinó quiénes lo cometieron. Echeverría no pisó la cárcel y estuvo bajo prisión domiciliaría hasta que al final fue exonerado por los tribunales en 2007 por falta de pruebas.

En 2018, al cumplirse 50 años de la matanza, por primera vez una entidad oficial declaró los hechos como un “crimen de Estado”.

De forma paralela, en octubre de 2014 se presentó el informe de la Comisión de la Verdad del sureño estado de Guerrero, que intentó aclarar los abusos cometidos contra miembros de la guerrilla y sus simpatizantes en la década de 1970.

El informe llegó un mes después de que México reviviera su oscuro pasado con la desaparición también en Guerrero de los 43 estudiantes de magisterio de la escuela normal de Ayotzinapa, un crimen que después de siete años sigue sin esclarecerse y para el que también se creó una comisión de la verdad.