Los jefes de las seis fracciones de la Asamblea Legislativa de Costa Rica tenían previsto reunirse este martes con la Comisión de Seguridad y Narcotráfico para analizar los 10 proyectos de seguridad ciudadana impulsados por los poderes del Estado, a fin de evaluar una posible vía rápida en el Congreso. Ello, justo cuando Costa Rica, otrora el país más seguro de Latinoamérica, viviera su año más violento en 2023.
El conjunto de iniciativas fue dado a conocer la semana pasada durante una visita del presidente de la Asamblea Legislativa, Rodrigo Arias, y del Poder Judicial, Orlando Aguirre, al presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, a quien le informaron en qué consisten los nuevos proyectos, su contenido y la ruta a seguir para la aprobación de manera ágil en el Parlamento.
Tras esa reunión, el presidente de la Asamblea comentó que el siguiente paso era tener la reunión con los jefes de fracción de los seis partidos presentes en la Asamblea Legislativa, para lograr que le den un aval a los proyectos y agilizar los trámites en el Plenario en vistas de que se conviertan en leyes. En concreto, los 10 proyectos que se consideraron prioritarios para comenzar a enfrentar la violencia son los siguientes:
- Ley a la Reforma de Naturalizaciones: Este proyecto busca que las personas que obtuvieron la nacionalidad costarricense y cometan un delito se les revoque dicha condición y puedan ser extraditadas.
- Capitales emergentes: Tiene como objetivo que el Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD) pueda disponer de los bienes que son decomisados al narcotráfico previo a que exista una resolución judicial.
- Endurecer antecedentes penales: Evitaría que se les otorguen beneficios carcelarios a personas reincidentes.
- Préstamos gota a gota: Con este proyecto de ley se busca penar a las personas que den préstamos mediante dicha modalidad al perseguir el cobro extorsivo.
- Intervenciones telefónicas: Según explicaron los expertos, se buscaría ampliar el catálogo de delitos por los que se da la apertura de celulares de los sospechosos.
- Reforma a Ley de Armas y Explosivos: Con dicha iniciativa se pretende endurecer las penas a aquellas personas que sean encontradas con un arma de fuego sin los permisos correspondientes.
- Bajar pena para monitoreo: Se buscaría que las personas que puedan acceder a monitoreo electrónico (tobilleras) deban tener una condena menor a 4 años. Actualmente, las personas con penas de hasta 6 años pueden optar por este beneficio.
- Reforma a prisión preventiva: Se brindará mayor protección a la comunidad al imponer penas de prisión preventiva más duras.
- Castigar personas que recluten menores de edad: Las autoridades endurecerán las penas a quienes recluten a menores de edad para bandas organizadas.
- Ampliar plazos en los procesos contra menores de edad: Actualmente, para formular una acusación y solicitar el internamiento de una persona menor de edad hay un plazo de 24 horas, en algunos casos de crimen organizado este lapso es realmente corto, por lo que extenderán los plazos.
La decisión de reunirse este martes para evaluar una posible vía rápida en el Congreso fue tomada por el presidente de la Asamblea Legislativa, Rodrigo Arias, en razón de la situación de inseguridad que vive el país. “Ya están los 10 proyectos, ustedes los tienen, se les enviaron. El paso siguiente es fijar una fecha para que esta mesa de trabajo nos haga a todos, sobre todo a los jefes de fracción, la misma presentación que nos hizo a los presidentes de los tres poderes, sobre la importancia de cada proyecto”, dijo Arias.
El presidente del Congreso expresó preocupación por el incremento de homicidios y por los dos asesinatos de oficiales de policía de las últimas semanas, uno en Limón, el 18 de enero, y otro la noche del 24 de enero en Garabito -en el que hubo varios menores de edad involucrados-. Así, enfatizó que la urgencia por combatir la criminalidad es apremiante, porque la violencia está tomando “proporciones realmente peligrosas”.
El paquete de proyectos surge en respuesta de los altos índices de violencia registrados en 2023. Según advirtió en diciembre el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), “el enfrentamiento entre bandas delictivas perturba la convivencia pacífica que ha caracterizado a Costa Rica”. El lugar más golpeado por el narcotráfico es el cantón central de la provincia de Limón, pues el creciente flujo de cocaína ha reanudado las disputas por el puerto, principal punto de salida de narcóticos del país. Al finalizar el año pasado, Limón registró una tasa de homicidios de 91 personas por cada 100 mil habitantes, a la vez que hubo un aumento en el número de asesinatos del 45%, según datos de InSight Crime.
Costa Rica -que ocupó el primer puesto entre los países de Latinoamérica en el Índice de Paz Global 2023 publicado en junio- cerró el año pasado con la cifra histórica de 907 homicidios, lo que representa un incremento del 38,6% en comparación con los 654 registrados en el mismo período de 2022, informó el Organismo de Investigación Judicial (OIJ). El OIJ afirmó que dos de cada tres asesinatos ocurren por ajuste de cuentas relacionados con el narcotráfico, principalmente producto de la lucha por territorios entre los grupos delictivos.
El Organismo de Investigación Judicial también destacó que el país tuvo una estabilidad durante los años 2015 al 2021 con un promedio de 577 homicidios, con una tasa cercana a 11 casos por cada 100.000 habitantes, pero que a partir del 2022 se dio el aumento significativo en la cantidad de homicidios registrados en el país.
Según el Índice de Paz Global 2023, en América Latina y el Caribe el país más pacífico fue Costa Rica, en el puesto 39 de 163 del listado, seguido de Uruguay (50), Argentina (54) y Chile (58). Los menos pacíficos son Venezuela (140), México (136) y Brasil (132).
