Los alcances de la polémica “ley del oro” con la que Bolivia busca acelerar la recuperación de su economía

Las tres federaciones de cooperativistas auríferos de Bolivia tenían previsto reunirse este jueves en el coliseo cerrado Julio Borelli, en La Paz. Entre los puntos principales que tratarían estaba la viabilidad o no del proyecto de la llamada “ley del oro”, que es vista como la vía más rápida y efectiva para frenar la gran demanda de dólares en el país producto de rumores de una posible devaluación. Pese a ello, la tramitación de la norma se ha entrampado.

A inicios de 2021, el gobierno remitió a la Asamblea Legislativa el anteproyecto de ”ley del oro”, destinado al fortalecimiento de las reservas internacionales. Según el diario paceño La Razón, la propuesta plantea la compra del mineral a las cooperativas auríferas, con facilidades impositivas, aunque autoriza al Banco Central de Bolivia la venta del oro sin consultar al Congreso.

A inicios de 2023, la Cámara de Diputados inició el tratamiento de la propuesta y los mineros cooperativistas auríferos organizaron una resistencia y lograron que el documento quedara paralizado en la Comisión de Planificación de la Cámara Baja. Ello, pese a que se han multiplicado los pedidos para aprobar la ley, incluidos los empresarios.

“Una de las medidas urgentes que necesitamos es la aprobación de la ‘ley del oro’”, dijo a comienzos de mes el gerente del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), Gary Rodríguez. El empresario explicó que así se pueden equilibrar las reservas internacionales y calmar la demanda de la moneda extranjera. El presidente de la Cámara Nacional de Industria (CNI), Pablo Camacho, también se pronunció a favor y su par de la Cámara Nacional de Industria, Mario Paredes, hizo lo propio.

“El proyecto ha sido aprobado por la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas de la Cámara de Diputados a inicios de febrero. Ya debería pasar a consideración del pleno de la Cámara de Diputados y posteriormente al Senado para su posterior promulgación. Sin embargo, presentó oposición de legisladores, mineros y otros actores de la sociedad civil antes de que entre a ser considerada en la Cámara de Diputados, aspecto que paralizó hasta hace poco su tratamiento”, explicó a La Tercera Óscar Campanini, director del Centro de Documentación e Información Bolivia (Cedib) y experto en extractivismo.

Héctor Córdova, expresidente de la Corporación Minera de Bolivia (Comibol) y actual analista de la Fundación Jubileo, se refiere a las razones del empantanamiento de la iniciativa. “El proyecto de ley del oro está en suspenso mientras se consiga consenso para su tratamiento y aprobación. La Cámara de Diputados que estaba analizando el proyecto ha decidido aplazar el tratamiento, porque se percibió que no habría la mayoría necesaria para su aprobación. Este aplazamiento ya está durando mucho, porque no se logra convencer a los interesados, sobre todo con el mandato del artículo 9″, detalla.

El artículo 9 del proyecto de ley establece que “el Banco Central realizará operaciones en los mercados internacionales con las reservas en oro, pudiendo comprar, invertir, depositar en custodia, emplear en instrumentos de cobertura, transformar y convertirlas en divisas, a fin de optimizar la liquidez y/o el rendimiento de las reservas internacionales”.

Campanini afirma que el objeto de la ley es posibilitar al Estado la realización de operaciones financieras con las reservas internacionales en oro en mercados internacionales. “También establece la posibilidad de que el Estado compre oro en el mercado interno, pero esto ya es posible por ley N° 175 del 2011″, agrega.

Córdova explica a La Tercera que “el temor de los sectores de oposición es que se venda oro de las reservas y disminuyamos el respaldo para sostener el tipo de cambio; además, de que no se pueda comprar el oro de las cooperativas mineras”.

Un planteamiento que coincide con lo manifestado por Campanini. “El cuestionamiento central es que se vendan las reservas en oro y se las gaste. Bolivia ha experimentado en los últimos años una disminución significativa de sus reservas internacionales. En febrero de este año esta disminución (especialmente de divisas) ya generó una crisis de liquidez de dólares en el mercado nacional que aún no ha sido superada. Diferentes actores políticos han manifestado que monetizar las reservas de oro permitiría al gobierno disminuir por completo las reservas y dejar a Bolivia sin estos recursos”, apunta el director del Cedib.

“El oro se ha convertido en nuestro principal producto de exportación”, afirma Córdova. “El año pasado, según el Instituto Nacional de Estadísticas, hemos exportado más de 60 toneladas de oro (personalmente, creo que el dato es erróneo y que sólo llegarnos a 54 toneladas) con un valor de más de 3.000 millones de dólares, pero el pago al Estado, por regalías e impuestos, no alcanzó ni siquiera a los 70 millones de dólares”, asegura.

Según el analista de la Fundación Jubileo, “este oro se vende, mayormente, a India y a Emiratos Árabes Unidos”. Y agrega un dato revelador: “Según denuncia del Banco Central, los compradores depositan los dólares en cuentas de los comercializadores en bancos de esos países. Estos comercializadores, con la notificación del depósito del valor, compran dólares en el Banco Central con moneda local, provocando una disminución permanente de estas divisas en el ente emisor”.

“El año 2021, el gobierno intentó controlar esta situación y propuso una ley que regulaba, sobre todo a los comercializadores, y que obligaba a los mineros a vender el oro al Banco Central que cerraría el negocio en moneda local. Este proyecto no duró ni dos días en la mesa de negociaciones. La presión de los mineros fue enérgica y decidida”, relata Córdova.

“La situación económica es todavía estable, pero el costo es muy alto: consumo de nuestras reservas internacionales y consumo de divisas del Banco Central. Desde hace unos meses, el Banco Central ha restringido la venta de dólares al público en general hasta recuperar sus niveles habituales. Para esto, necesita de una ley que le autorice la venta del oro físico y su conversión en divisas”, comenta el expresidente de la Corporación Minera de Bolivia.

Ante esta demanda por el metal y la posibilidad del blanqueo de oro robado, Campanini reconoce que “el riesgo es permanente”. “Es una práctica persistente a la que no se hace seguimiento ni control. Esto, sin embargo, no tiene relación con esta norma, pues como su nombre y propósito lo indican, hace referencia a las operaciones financieras del oro de las reservas internacionales”, explica. Córdova, de hecho, asegura que “no se ha dado el fenómeno de robo de oro en el país”.

En cuanto al contrabando de oro boliviano, Córdova dice que “se sospecha que hay a países vecinos”. “Esto se comprobó en los años 2008 a 2010 y se puso en marcha un mecanismo para frenarlo; luego, hubo un contrabando, desde Perú, en sentido contrario, durante el año 2014. Más tarde, las autoridades mencionaron que se detectó contrabando, nuevamente, de Bolivia hacia los vecinos. En marzo de 2021, el ministro de Minería afirmó que la misma cantidad de oro, que se registra oficialmente, sale de contrabando”, detalla. “No se conoce si existe contrabando de oro hacia Chile”, apunta Campanini.

De acuerdo con el último dato del Banco Central de Bolivia, las reservas internacionales al 8 de febrero se situaban en US$ 3.538 millones, de los que US$ 472 millones estaban en divisas (dólares), US$ 538 millones en Derechos Especiales de Giro (DEG) y US$ 2.592 millones, en oro monetario, consigna La Razón.