Los cuestionamientos que enfrenta AMLO por su estrategia de extender la presencia de militares en las calles hasta 2028

Cuando el 11 de diciembre de 2006, en el marco de la llamada guerra contra el narcotráfico, el entonces Presidente mexicano Felipe Calderón envió cerca de 7.000 militares y policías al estado de Michoacán para realizar el operativo antidrogas más grande hasta esa fecha, no muchos esperaban que esta nueva función de las Fuerzas Armadas se mantuviera a través de los años.

Pero no fue así. El jueves pasado, la Cámara de Diputados aprobó extender la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública hasta 2028. La reforma, que ya había sido aprobada por el Senado el 4 de octubre, es impulsada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

La decisión fue remitida a las legislaturas de los estados y al Congreso de la Ciudad de México para su consideración. Una vez ratificada, regresará a la cámara de origen, que dará la declaratoria de reforma constitucional y la enviará al Ejecutivo para promulgación y publicación.

López Obrador defendió la propuesta argumentando que se necesita más tiempo para consolidar a la Guardia Nacional y que el objetivo es garantizar “el principal de los derechos humanos, que es el derecho a la vida”. La Guardia Nacional fue creada por el gobierno actual en 2019 con el objetivo de combatir la delincuencia organizada, recordó CNN en Español.

Hace unos años, el escenario actual era improbable. De hecho, la medida se aceptó con recelo por sectores y bajo el llamado de que sería un apoyo temporal. Antes de llegar al poder, el propio AMLO se opuso a la llegada de militares a las calles para ejercer la tarea del orden público, e incluso prometió en la campaña presidencial que, de lograr la presidencia, los devolvería a los cuarteles. Hoy, la historia es otra.

“Aprovecho para agradecer a los legisladores, porque ya se aprobó que la Guardia Nacional sea apoyada por la Secretaría de la Defensa y de Marina hasta 2028″, dijo el mandatario en su tradicional conferencia matutina desde el Palacio Nacional, una vez aprobada la modificación constitucional en la Cámara de Diputados.

La modificación de la ley de la corporación creada en 2019, que establecía el 2024 como fecha para el regreso de los militares a sus cuarteles, permite “que siga siendo apoyada por las Fuerzas Armadas y se fortalezca la Guardia Nacional, que no es militarizar”, remarcó López Obrador, informó la agencia de noticias Sputnik.

Las críticas, sin embargo, no han faltado. Organizaciones de derechos humanos y ONG ligadas al tema cuestionan la idoneidad de las Fuerzas Armadas para reemplazar a la cuestionada policía nacional y municipal, ambas con amplias investigaciones que han demostrado la corrupción enquistada en su interior. Amnistía Internacional, por ejemplo, considera que “militarizar la seguridad pública generará más violaciones de derechos humanos y perpetuará la impunidad” en el país.

Ejemplos como el Caso Ayotzinapa, donde 43 estudiantes normalistas fueron secuestrados en 2014 y en el que se ha vinculado a miembros del Ejército, sirven como argumento para quienes se oponen a la medida. Sumado a lo anterior, los datos no parecen corroborar de forma fehaciente que la llegada de los militares a las calles haya ayudado a disminuir delitos comunes.

Cuando la prensa local destaca que la relación entre el mandatario y el Ejército es estrecha, no es una afirmación antojadiza. Es más, medios detallan que López Obrador es el presidente que más responsabilidades le ha entregado a militares y marinos en el México moderno.

En lo que va de su gobierno, iniciado en 2018, las Fuerzas Armadas no solo contribuyeron en la distribución de las vacunas contra al Covid-19. También fueron parte de la construcción de obras emblemáticas del mandatario, como la del aeropuerto Felipe Ángeles, nuevo terminal de la capital mexicana, el levantamiento de un tren turístico en el sur del país llamado el Tren Maya y el control de aduanas y aeropuertos, demostrando su creciente participación (y, según críticos de la política, el creciente poder) dentro del tejido social mexicano.

El desplazamiento de la policía civil en el control del orden público, aseguran expertos, no se debe solo a la corrupción presente en sus filas, sino que también responde a la mala formación y el poco profesionalismo demostrado a través de los años. El problema, dijo a La Tercera el sociólogo de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Roberto Josué Bermúdez Olivos, es que tampoco se ha avanzado en mejorar las razones por las que se dejó de utilizar a la policía tradicional.

“No se ha trabajado para formar una policía civil capacitada para combatir el crimen organizado y cambiar de estrategia, solo se regularizó lo que era ilegal e irregular en sexenios anteriores, encargando al Ejército mexicano la seguridad pública”, criticó el académico. Si bien la reforma constitucional menciona una inyección financiera para la mejora de dichas instituciones -fondo que López Obrador recortó poco después de asumir el cargo-, se desconoce la cantidad destinada, pues no se detalló en el proyecto aprobado por el Senado.

Otra vertiente clave del proyecto es el rol que juega y jugará la Guardia Nacional, estamento creado por AMLO para reemplazar a la antigua Policía Federal Civil. Originalmente, esta rama iba a cumplir roles en la seguridad pública al alero de la Secretaría de Seguridad Pública, donde se mantenía bajo eminente control civil. Junto a las reformas impulsadas por el mandatario, eso no continuará así, pues pasará a depender del Departamento de Defensa.

“Este cambio deja al país sin policía federal civil y otorga las tareas policiales federales exclusivamente a instituciones militares”, advirtió una carta escrita por Amnistía Internacional, Human Rights Watch, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y otras organizaciones afines. El modelo defendido por AMLO “contradice los estándares internacionales de derechos humanos y desconoce más de 15 años de evidencia que muestra el fracaso de la militarización como estrategia para controlar la violencia”, agregaron.

Según el think tank Wilson Center de Washington, aunque el gobierno creía que la mayoría de los efectivos de la extinta Policía Federal se unirían a la Guardia Nacional cuando esta última se creó, lo cierto es que la mitad lo hizo. Cifras recolectadas por el centro de investigación detallan que solo un cuarto de las filas de la Guardia Nacional está compuesto por exagentes de la antigua fuerza pública.

Inicialmente, las tareas asignadas a la Guardia Nacional variaban entre la limpieza de algas en playas, gestión de puertos, el control aduanero, la construcción de proyectos de infraestructura gubernamental y el control de las caravanas de migrantes, entre varias otras, detalló el Wilson Center. Esto cambió con un decreto presidencial emitido en 2020, el que permitió que la rama realizara funciones relativas a la seguridad pública por cinco años.

Para la también académica de la UNAM, Lena Brena, “la Guardia Nacional, como la planteó el presidente de la República en 2019, no es civil, solamente lo es en su discurso. Ratifica lo que se ha hecho en los últimos 15 años en México: empoderar al Ejército. En lugar en pensar en desmilitarizar al país, este gobierno lo está militarizando”, aseguró a La Tercera.

Cuando López Obrador anunció que pretendía incluir a la Guardia Nacional en la Secretaría de la Defensa Nacional, varias voces, incluido el Wilson Center, se mostraron críticas de la decisión, puesto que militarizaría en su totalidad las funciones de orden público y, si se desarrollaba a través de un decreto, caería en la inconstitucionalidad. Pero AMLO tuvo los votos necesarios para realizar los cambios en el Congreso, lo que le permitió no saltarse las instancias regulares.

Tanto a favor como en contra, las razones para defender cada postura son numerosas. Para el mandatario y sus seguidores, el descontrol de la delincuencia es gravitante para mantener al Ejército en las calles. Según encuestas del diario Reforma, López Obrador mantiene un respaldo ciudadano cercano al 60%, pese a que un 66% piensa que la inseguridad ha aumentado en 2022, frente al 40% que lo creía en 2020.

Motivado por la violencia, 500 soldados fueron enviados al estado de Zacatecas para apoyar los continuos problemas que la policía estatal tenía para controlar el orden público e intentar contener a los carteles. No es el único lugar donde se enviaron destacamentos en los últimos meses. Guanajuato, Jalisco, Michoacán y Tamaulipas también lo hicieron, asegura InSight Crime, fundación dedicada al estudio y a la investigación de amenazas para la seguridad nacional y la ciudadana en América Latina y el Caribe.

Según The Associated Press, los sondeos muestran que efectivamente la población confía más en el Ejército que en la policía local y prefieren que estos junto a la Marina se desempeñen en las tareas policiales. Sin embargo, la mayoría de los datos no demuestran de forma empírica una disminución en las cifras relacionadas con la delincuencia y su persecución penal.

Un análisis de los datos del gobierno federal realizado por México Evalúa, centro de estudios no partidista que se financia con aportes de los gobiernos de Estados Unidos y Canadá, reveló que los fiscales mexicanos investigaron y tomaron medidas legales en el 4,4% de los delitos federales que se denunciaron en 2020. Dos años antes, en 2018, el índice era del 5,4%.

Al comparar la efectividad de los fiscales para llevar sospechosos ante un juez entre los mismos años, la cifra se mantiene idéntica: un 3% de las veces en que se judicializa un delito, los persecutores presentan a los presuntos responsables.

“El contacto del Ejército con la sociedad civil desarmada ha sido un desastre en términos de violencia y con resultados poco favorables en la estrategia de militarizar. Recordemos que en 2014 desaparecieron 43 estudiantes en Guerrero y hay claras evidencias de que miembros del Ejército estuvieron involucrados”, dijo a este medio el académico Bermúdez Olivos, haciendo referencia al Caso Ayotzinapa.

La decisión de entregar atribuciones del orden público a militares se dio justo cuando una masiva filtración de documentos se daba en México, lo que sirvió como leña para quienes se oponen a la medida. Para Bermúdez Olivos, esto “demostró que el Ejército sigue siendo utilizado para espiar opositores y organizaciones civiles como feministas y organizaciones de derechos humanos en este sexenio”.

Pese a los reparos de organizaciones de derechos humanos, lo cierto es que la mayoría parlamentaria y, según algunas encuestas, también la ciudadanía, está de acuerdo con que el Ejército se mantenga a cargo del orden público hasta 2028, de paso permitiendo a AMLO ganar el gallito y cobrar una victoria política importante.