Los organizadores del juicio político dentro de la Cámara de Representantes dijeron que tienen una base constitucional sólida para lograr condenar a Donald Trump por incitar a una insurrección de cara al ataque del Capitolio el 6 de enero, mientras que los abogados del expresidente negaron que él haya motivado el violento motín y argumentaron que es inconstitucional que el Senado condene a un exfuncionario que ya tuvo un proceso de impeachment.
De cara a la semana del juicio, los demócratas de la Cámara de Representantes a cargo de llevar el caso de juicio político al Senado presentaron un informe el martes, y Trump respondió formalmente a una citación emitida por el Senado. El propio informe de Trump vence el lunes, un día antes de que comience el juicio en serio.
En su primer informe para el juicio, en el que se argumenta que los redactores de la Constitución anticiparon la amenaza de abuso presidencial, los organizadores del impeachment escribieron que “es imposible pensar que esos mismos redactores nos dejaran virtualmente indefensos contra la traición de un Presidente en sus últimos días, permitiéndole hacer mal uso del poder, violar su Juramento, e incitar una insurrección en contra del Congreso y nuestras instituciones electorales simplemente porque es un pato cojo. No existe una ‘Excepción de Enero’ para el juicio político o cualquier otra disposición en la Constitución”.
Los abogados de Trump argumentaron en su presentación de 14 páginas que el objetivo de condenar a un Presidente en el Senado es la destitución, haciendo inconstitucional la celebración de un juicio de este tipo para alguien que ya ha dejado el cargo, y pidieron que se desestimará el caso.
Sus abogados también argumentaron que Trump no instó a una insurrección o rebelión, y señalaron que había “ejercido su derecho de la Primera Enmienda bajo la Constitución de expresar su creencia de que los resultados de la elección eran sospechosos” y que no había incitado a la violencia.
“Se niega que la frase ‘si no luchas como el infierno ya no vas a tener un país’ tenga algo que ver con lo ocurrido en el Capitolio ya que claramente se trataba de la necesidad de luchar por la seguridad electoral en general”, escribieron sus abogados.
La presentación no incluyó las afirmaciones infundadas de Trump de fraude electoral, excepto para disputar con los demócratas de la Cámara de Representantes que lo criticaron por declarar falsamente su victoria. Sus abogados escribieron, “existe evidencia insuficiente sobre la cual un jurista razonable podría concluir que las declaraciones del 45° Presidente eran exactas o no, y por lo tanto niega que fueran falsas”. También criticaron a los demócratas por no permitir a Trump contar con un abogado durante el proceso del juicio político en la Cámara de Representantes.
Bajo las reglas generales esbozadas para el juicio, ambos partidos fueron encargados de responder dos preguntas principales: si es que Trump puede ser juzgado en el Senado por sus actos cometidos cuando era Presidente, y cómo responderían a la condena de “incitamiento a la insurrección”.
Cuarenta y cinco de los 50 republicanos del Senado respaldaron una impugnación procesal del juicio por considerarlo inconstitucional ya que Trump ahora es un ciudadano. No está claro si es que los republicanos harán más esfuerzos para evitar el juicio, pero el equipo de defensa de Trump está usando el tema de constitucionalidad para defender su absolución.
Si Trump es condenado, lo que requerirá 67 votos en el Senado, entonces la cámara podría celebrar una votación subsiguiente por mayoría simple para decidir prohibirle ocupar un cargo gubernamental en el futuro.
Gran parte del caso demócrata se centra en una aparición de Trump en la Elipse cerca de la Casa Blanca el 6 de enero, cuando dijo: “No concedes la derrota cuando hay un robo” y que sus seguidores tenían que “luchar como nunca”. Los demócratas argumentan que tales comentarios fueron como encender un fósforo después de esparcir pólvora en el suelo. Ellos dijeron que él había estado sentando las bases ya hace meses, comenzando en julio de 2020, cuando en una entrevista se negó a aceptar que respetaría los resultados de las votaciones, continuó este verano, cuando él dijo que solo perdería si es que la elección fuera arreglada, y ya pasadas las elecciones, señaló que fueron robadas.
Después de la votación del Colegio Electoral el 14 de diciembre, él “fijó” una sesión conjunta en el Congreso el 6 de enero en la que “presentó su última y mejor esperanza de revertir los resultados de las elecciones y mantenerse en el poder”, comentaron los organizadores del impeachment.
“Era obvio y completamente previsible que la multitud furiosa reunida ante el Presidente Trump en la concentración Salvemos a Estados Unidos del 6 de enero que fue preparada (y organizada) para la violencia en caso de que él encendiera la chispa”, escribieron los organizadores.
En su informe, los demócratas de la Cámara de Representantes citaron el contenido del video de la turba asaltando el Capitolio y de las declaraciones de los manifestantes diciendo que lo habían hecho en nombre de Trump. El Senado todavía está finalizando las reglas para el juicio, sin resolver qué pruebas se pueden presentar y si se pueden llamar testigos.
Trump y sus prominentes aliados habían instado durante semanas a sus seguidores a que se levantaran contra el resultado de una elección nacional que dijeron que estaba amañada, y el escrito de los demócratas alega que sus comentarios del 6 de enero fueron parte de un esfuerzo más amplio para subvertir los resultados. Además, citan una llamada grabada el 2 de enero en la que Trump instó al secretario de Estado de Georgia, Brad Raffensperger, a “encontrarle” miles de votos para anular los resultados del estado. Georgia realizó múltiples recuentos y enfrentó varios desafíos legales, pero no surgieron pruebas de fraude generalizado.
La presentación de Trump reconoció la llamada, pero dijo que él “estaba expresando su opinión de que si se examinaban cuidadosamente las pruebas una podría ‘encontrar muchos votos que ni siquiera estaban firmados y muchos que eran falsificaciones’”. Sus abogados dijeron que él no ha actuado inapropiadamente.
El equipo de Trump está considerando pedirle a la Corte Suprema que se pronuncie acerca de la constitucionalidad de hacer un juicio en el Senado a un expresidente, dijo un asesor, agregando que Trump quiere evitar pasar varios días con los demócratas atacándolo con material de video. Expertos legales dicen que es poco probable que las cortes federales impidan un juicio o reviertan una posible condena.
“Por motivos históricos, por motivos procedentes y por motivos textuales, me vería muy sorprendido si es que una corte interviniera”, dijo el profesor de leyes Kent Greenfield, de la Boston College.
El Senado ha llevado a cabo juicios de personas que ya no estaban en cargos federales, el más importante es el de un secretario de gabinete que renunció en 1876, señaló Greenfield. En 1993, la Corte Suprema dijo que el poder judicial no tiene las facultades para revisar los juicios del Senado cuando un juez federal que ha sido acusado desafía los procedimientos como injustos.
La Constitución establece que el “Senado tiene el absoluto poder de intentar todos los juicios políticos posibles”. Escribiendo para la corte, el presidente del Tribunal Supremo William Rehnquist dijo que el lenguaje ya resolvió el asunto.
Un reporte en enero del Servicio de Investigación del Congreso, el brazo de investigación en políticas públicas del Congreso, concluyó que mientras el asunto está abierto al debate, las autoridades académicas están de acuerdo en que un exfuncionario sea sometido a juicio político.
Bajo la Constitución, el presidente del Tribunal Supremo preside los juicios políticos de los Presidentes en ejercicio, pero el juez John Roberts ya declinó presidir el juicio de Trump según Chuck Schumer, el líder de la mayoría del Senado.
Los demócratas del Senado estaban viendo si es que los organizadores del juicio planeaban enfocarse exclusivamente en el discurso de Trump en la Elipse el día del ataque o en argumentar que sus aseveraciones fueron parte de un esfuerzo mayor en incitar a una turba enfurecida.
“Las palabras que él usó para esa audiencia en su reunión fueron el último capítulo de una historia que comenzó con los términos y condiciones bajo los cuales se convocó a tal concentración”, dijo el senador demócrata, Sheldon Whitehouse. “No es como si hubiera una audiencia y él fuera enfrente de ella e incitara todo. Hizo mucho trabajo de preparación relevante a lo que terminaría diciendo en la misma concentración”.
Personas familiarizadas con la estrategia de defensa del expresidente dijeron que esperaban que su equipo se concentrará en los argumentos alrededor de la constitucionalidad más que las declaraciones de fraude electoral. Los asesores de Trump creen que plantear esto último desanimaría a demasiados senadores republicanos, dijo una de las personas. Otro asesor dijo que Trump ha estado dubitativo sobre el asunto.
Algunos republicanos del Senado retrocedieron ante la idea de que el equipo legal de Trump gaste tiempo en acusaciones infundadas de que la elección fue robada. “Creo que no sería de utilidad para la defensa del propio presidente molestarse en asuntos que no se deberían tratar ante el Senado’', dijo el senador John Cornyn (Republicano, Texas).
A medida que el juicio se acerca, Trump ha consultado a su abogado personal Rudy Giuliani, a su exasesora Kellyanne Conway, su exjefe de gabinete Mark Meadows, el senador Lindsey Graham y otros, dijo un consejero.
David Schoen y Bruce Castor van a dirigir la defensa de Trump, dijo, después de que sus abogados anteriores se fueran del equipo una semana antes de que comenzara el juicio.
En una entrevista en el programa Hannity de Fox News el lunes, Schoen dijo que si los demócratas se mueven para llamar a testigos durante el juicio, el equipo de defensa podría llamar a senadores como testigos también, para demostrar que no serían jurados imparciales. “¿Puedes imaginar a cualquier ciudadano estadounidense considerando estar en un juicio donde el juez y el jurado ya han anunciado públicamente que el imputado debe ser condenado?”, preguntó Schoen.
El remezón en el equipo legal de Trump surgió debido a un desacuerdo en la estrategia de defensa, según dice una persona familiarizada con esas discusiones. Trump quería que sus abogados plantearan sus denuncias de fraude electoral, mientras que el abogado Butch Bowers quería concentrarse en las materias constitucionales. El asesor de Trump, Jason Miller, disputó eso y dijo que “la única defensa a la que el Presidente se ha abocado ha sido esta cacería de brujas que es inconstitucional”.
La partida Bowers fue seguida por una disputa por un pago con Trump. Bowers dijo que representaría al expresidente por US$ 250.000 antes de subir su precio a US$ 3 millones después de tener en cuenta los costos de los otros miembros del equipo, dijo Miller. Eso puso al abogado en una “situación complicada” con el expresidente que “nunca se pudo recuperar”, dijo Miller. Bowers recibió un pago parcial, dijo. Bowers no respondió a una solicitud para hacer comentarios.
