Ha sido un año particularmente complicado en Ecuador, con una crisis política que terminó acortando el gobierno del Presidente Guillermo Lasso, y una crisis de seguridad que se desarrolló paralelamente, con el crecimiento de las pandillas y una cantidad récord de asesinatos en 2023.
En un escenario como este, el presidente que reciba el cargo tendrá que terminar el mandato de Lasso, dándole así solo 18 meses para gobernar: hasta el 24 de mayo de 2025. Según la analista senior de Control Risks, Laura Lizarazo, la seguridad es el gran problema del país: “Sin lugar a duda, el desafío más urgente de la próxima administración será abordar la inédita crisis de seguridad que atraviesa el país, la peor en su historia republicana”, dijo a Bloomberg Línea.
Una encuesta de la empresa Tracking, previa a las elecciones generales de este domingo, indicaron los problemas más importantes para los ecuatorianos: inseguridad, con un 44%, y economía, con un 30%, son los dos temas que lideran.
Es el tema omnipresente en Ecuador: los crímenes cometidos por miembros de las pandillas, y qué hacer con ellos. La campaña electoral se vio afectada directamente por la crisis de seguridad, luego de que Fernando Villavicencio, uno de los candidatos a la presidencia, fuera asesinado.
Los asesinatos se han multiplicado durante estos años: si en 2020, la tasa de homicidios era de 6 cada 100 mil habitantes, este año el índice es de 25. En paralelo con las muertes, han aumentado una serie de delitos que no tenían tanta predominancia en Ecuador hace tiempo: el secuestro y la extorsión a negocios, llevada a cabo por distintas pandillas. De momento, se han producido 5 mil muertes violentas en el país.
El problema, aseguran los expertos, es más profundo que solo narcotráfico. Al Portal de Noticias de la Universidad San Francisco de Quito, el experto en seguridad ciudadana Hugo Acero, comentó: “El error de los gobernantes de turno es pensar que el narcotráfico está de paso. El narcotráfico viene acompañado de sicariato, homicidios, lavado de activos, y para enfrentarlo hacen falta programas integrales y cooperación internacional”.
Ahora bien, también se habla de los factores políticos que llevaron a las elecciones adelantadas. La “muerte cruzada” tuvo lugar luego de un conflicto entre el presidente y el Congreso, donde el segundo se aprestaba a hacer un juicio político y destituir al primero. En la Constitución ecuatoriana, la posibilidad de muerte cruzada terminó “reiniciando” la Asamblea Nacional y sacando a Guillermo Lasso de la Presidencia.
Según Pablo Medina-Pérez, coordinador de Ciencias Políticas de la Universidad San Francisco de Quito, “hoy es más importante que nunca una reforma política para el Ecuador, aunque el escenario actual sea muy difícil, esta reforma debe ser planteada necesariamente”.
El tema tiene que ver con la gobernabilidad del país, sobre todo luego de una relación tan conflictiva entre Ejecutivo y Legislativo: “Tenemos una Asamblea que se ha hecho especialista en hacer pedidos de información, especialmente desde la bancada de la Revolución Ciudadana, quienes han utilizado los pedidos de información como instrumentos de fiscalización”.
La economía también tiene cosas por mejorar en Ecuador: actualmente el Estado ecuatoriano está viviendo una crisis fiscal y problemas para sostener las finanzas públicas. Aun cuando la inflación se mantiene controlada en el país, la alta dependencia del petróleo preocupa, considerando los vaivenes del precio del crudo en el mundo durante este año.
En tanto, en los últimos días, el Fondo Monetario Internacional modificó los pronósticos de crecimiento de Ecuador para 2023 y 2024: el PIB del país aumentaría un 1,4% este año, cuando se esperaba que creciera un 2,9%. En tanto, la disminución para 2024 es del 2,8% al 1,8%.
Laura Lizarazo señala al respecto: “En términos generales, Lasso logró una relativa consolidación fiscal que por el momento ha alejado a Ecuador del riesgo de incumplimiento de pagos (tanto de intereses como de capital) de sus obligaciones crediticias internacionales. Pero quien sea que asuma la Presidencia tendrá que gestionar un entorno económico complejo, marcado por una alta dependencia de las rentas petroleras, un aparato productivo escasamente diversificado y una limitada capacidad y fuentes de recaudación tributaria”.
