El primer escalón ya fue superado: lograr la Presidencia de Colombia. Pero este es solo un paso en el camino de cuatro años que le espera por delante al nuevo jefe del Ejecutivo. Ahora, la lista de retos que el gobierno entrante deberá abordar se posiciona como la primera prioridad de una nación que no consideró al centro ni a la derecha tradicional en su primera vuelta presidencial.

Con el “estallido social” de 2021 a cuestas, las consecuencias sanitarias y económicas provocadas por el Covid-19, las implicancias del Acuerdo de Paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias (Farc) junto a un eventual avance similar con el Ejército de Liberación Nacional (ELN). Estos son algunos de los desafíos que le esperan al nuevo inquilino del Palacio de Nariño, quien ya tiene un camino delineado. Cómo lo va a desarrollar es la pregunta para los meses venideros.

Acuerdo de paz

Con el proceso político de 2016 que llevó a la disolución de las Farc y a su posterior integración política, son varios los cabos sueltos que faltan por cerrar. Respetar el acuerdo firmado entre Juan Manuel Santos y el entonces líder de las Farc o traspasarlo al ELN fue una de las preguntas más repetidas durante la primera y segunda vuelta presidencial, y todos se mostraron de acuerdo con mantenerlo, con distintos matices. Sin embargo, llevarlo a cabo será una tarea para el gobierno entrante.

Un informe realizado por el Instituto Kroc para Estudios Internacionales de Paz reveló que, hasta abril pasado, fecha en la que se publicó el reporte, solo se había implementado un poco más de un tercio de los acuerdos y disposiciones negociadas en el pacto. “Registramos 37% de las disposiciones en un estado ‘mínimo’ de implementación, es decir, han iniciado, pero apenas, y el reto es garantizar que, por empezar, pasen al estado ‘intermedio’”, dijo a France 24 Gerard Martin, analista de la institución.

Guerrilleros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) previo a su disolución. Foto: Europa Press

En entrevista con La Tercera, la investigadora colombiana del Instituto Arnold Bergstraesser, Viviana García Pinzón, el problema se heredará de un gobierno al otro, pues el saliente Presidente Iván Duque “no ha implementado el Acuerdo de Paz. Muy por el contrario, parte de su campaña fue el estar en contra de varias medidas del pacto, y eso se tradujo en la no implementación de muchas de las reformas de fondo que tenía contemplado el acuerdo”.

Inseguridad y narcoparamilitares

Por otra parte, la desarticulación de las Farc dio paso a la aparición de otros grupos que tomaron la posta, como es el caso de las disidencias de las Farc, quienes no suscribieron al acuerdo, por lo que continúan operando como guerrilla. El propio Ejército de Liberación Nacional (ELN), que en algún momento quiso sumarse al proceso de paz, también será parte de la agenda del gobierno entrante. Pero, además, dio paso a organizaciones como el grupo narcoparamilitar Clan del Golfo, también conocido como Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC).

“A nivel regional, los índices de violencia están creciendo de la mano del regreso de hechos de violencia como masacres y desplazamientos. Cifras de asesinatos de líderes sociales de derechos humanos que son impresionantes, y una sensación de inseguridad en contextos urbanos”, detalló la doctora en Ciencia Política de la Universidad de Marburgo a este medio.

Demandas sociales

El estallido social colombiano, como fue apodado por la prensa, no solo puso en la palestra los problemas económicos que el Covid-19 conllevó en el momento más álgido de la pandemia, sino que también concitó la atención las organizaciones de derechos humanos en Colombia.

Acusaciones de abuso policial que incluyeron investigaciones por violaciones a DD.HH. y un saldo de más de 70 muertos hicieron escalar el conflicto hacia múltiples dimensiones. Por eso, encontrar solución a estas demandas será tarea central de la próxima administración que asumirá el 7 de agosto de este año.

Según García Pinzón, “Colombia viene en una ola de protestas masivas. En el 2019 fue grande y en 2021 fue incluso mayor, por lo que la administración entrante probablemente se enfrentará a más protestas y movilizaciones”.

Imagen de las protestas de 2021 en la ciudad colombiana de Cali.

Pobreza e informalidad

Ningún proyecto político se puede siquiera planificar sin un soporte económico acorde a los gastos que conlleve. El analista político Pedro Viveros afirmó a EFE que “lo primero que tiene que hacer el próximo gobierno es garantizar que haya recursos para poder hacer todas las reformas sociales”, destacando la importancia de este punto para el desarrollo de su programa.

Las cifras de pobreza alcanzadas durante la crisis originada por el Covid-19 son altas. Un informe de la Cámara de la Industria de Alimentos (ANDI) junto a la Red de Bancos de Alimentos de Colombia (Abaco) detalló que, para 2021, siete millones de personas vivían en situación de pobreza económica extrema, mientras que 21 millones de colombianos no podían costearse alimento todos los días.

“La mitad de las personas que trabajan lo hacen en la informalidad, y si bien en las proyecciones Colombia aparece como uno de los países de la región con los mejores índices a futuro, eso no significa que todos se vean beneficiados por ello, considerando que tenemos una estructura social bastante desigual. Esto explica, en parte, las movilizaciones y protestas sociales del año pasado”, argumentó García Pinzón.

Venezuela y la crisis migratoria

Durante 2021, según datos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), una media de 2.000 venezolanos viajaron a diario hacia el oeste para cruzar la frontera con Colombia. Si bien el número ha disminuido desde 2015, fecha en que la emigración masiva inició, la cifra nunca llegó a cero.

Como fue la tónica en la región, tras la pandemia del Covid-19 el fenómeno migratorio también se agudizó. Desde el flanco norte, y también en 2021, la crisis se intensificó en la frontera de Colombia con Panamá, donde se registró un alza desde los 300 a 400 migrantes diarios, hasta los 800.

Personas tratan de cruzar de Venezuela a Colombia a través del Puente Internacional Simón Bolívar, en Cúcuta.

“Algunos migrantes denunciaron mafias que les venden paquetes turísticos para hacer el recorrido desde Ipiales en Nariño (sur del país) con costos que llegan a los 300 dólares para pasar la frontera”, afirmó Carlos Camargo, el defensor del Pueblo de Colombia, según consigna EFE.

Con la elección presidencial ya en el pasado, un nuevo desafío se asoma para el recién electo mandatario colombiano. A problemáticas que se arrastran desde hace décadas, como lo son los conflictos armados internos, se suman otras más recientes, como la crisis de la migración y el descontento social. Solucionarlos será la próxima tarea del electo mandatario.