El 8 de enero de 2023, cuando los partidarios del expresidente Jair Bolsonaro (Partido Liberal) destrozaron la Plaza de los Tres Poderes en Brasilia, ello fue resultado no solamente de la incitación orquestada por golpistas del entorno del expresidente, sino que del mismo Bolsonaro, quien “planeó, actuó y tuvo dominio de los actos” para justificar el golpe de Estado, según reveló el informe final sobre el complot que la Policía Federal (PF) publicó este martes.
La PF trazó un cronograma para demostrar que el expresidente Bolsonaro tuvo un papel central en la trama. En detalle, el documento señala que Bolsonaro redactó un decreto para justificar una ruptura institucional tras las elecciones de 2022, en las que ganó Lula. Elaborado por su equipo legal, ese decreto buscó instaurar un estado de defensa en el Tribunal Superior Electoral y crear una Comisión de Regularidad Electoral para verificar la legalidad del proceso electoral.
El núcleo legal de la “organización criminal” -como la denomina el informe- además de Bolsonaro, incluyó entre sus redactores a su exasesor Filipe Martins, el exministro de Justicia Anderson Torres, el abogado Amauri Saad y el sacerdote José Eduardo de Oliveira e Silva. En la práctica, el objetivo del documento era impedir que Lula asumiera la presidencia, explica el diario Folha de S. Paulo.
Ya en las primeras páginas del informe, la Policía Federal señaló que los antecedentes recabados evidencian “la actuación de una organización criminal que, desde el año 2019, comenzó a desarrollar acciones destinadas a desestabilizar el Estado Democrático de Derecho, con el fin de obtener ventajas consistentes en intentar mantener al entonces Presidente de la República JAIR BOLSONARO en el poder”.
La PF mostró los detalles, las citas de los sospechosos, los pantallazos de los mensajes de Whatsapp que éstos intercambiaron, los lugares y las circunstancias de los muchos episodios del fracasado complot. Recabaron las pruebas mediante registros, interceptación de comunicaciones, documentación bancaria y la confesión del secretario personal de Bolsonaro durante su mandato presidencial (2019-2022), el teniente coronel Mauro Cid.
Además, los testimonios de los ex comandantes Marco Antonio Freire Gomes y Carlos Almeida Baptista Júnior aportaron evidencias a la investigación de la Policía Federal. El informe sostiene que el decreto presentado a los jefes de las Fuerzas Armadas por el presidente Bolsonaro y el ministro de Defensa, Paulo Sérgio Nogueira, es el mismo hallado en la residencia del exministro de Justicia, Anderson Torres.
Este lunes, Bolsonaro negó haber liderado la trama del golpe de estado, pese a que sus abogados ya afirmaron que fueron ellos los responsables de enviar al ex presidente dos borradores encontrados en el celular del coronel Mauro Cid tras su arresto en mayo de 2023. Según la defensa, Bolsonaro quería estar al tanto de la investigación y del contenido de los documentos.
La cronología del golpe, según la Policía Federal
En 2019, se comenzó a gestar la creación y difusión de información falsa sobre la seguridad del voto. La investigación de la Policía Federal sostuvo que la organización criminal “construyó y propagó la narrativa de vulnerabilidades y fraudes en el sistema de votación electrónica” desde el primer año de gobierno de Bolsonaro.
El 22 de marzo de 2021, se descubrió un plan de fuga de Bolsonaro. La Policía Federal encontró en una computadora confiscada a Mauro Cid una presentación de cinco diapositivas que hablaba sobre el uso de algo llamado RAFE/LAFE, en caso de que Bolsonaro no cumpliera con una orden del STF. Según un glosario militar, RAFE significa Red de Asistencia de Escape y Evasión, y LAFE se refiere a Línea de Asistencia de Escape y Evasión.
El 29 de julio de 2021, Bolsonaro apareció en un programa en vivo donde hizo numerosas afirmaciones falsas sobre las máquinas de votación electrónica. Junto al ex Ministro de Justicia, Anderson Torres, presentó supuestas pruebas de fraude, pero se basó en teorías de conspiración que ya habían sido desacreditadas y que llevaban años circulando en Internet.
El 7 de septiembre de 2021, durante manifestaciones en Brasilia y São Paulo, Bolsonaro amenazó al Supremo Tribunal Federal (STF) y criticó el sistema electoral. Afirmó que solo dejaría la presidencia si estaba muerto, llamando a desobedecer las decisiones judiciales. También atacó el sistema de voto electrónico, llamándolo una ‘farsa’ apoyada por el Tribunal Superior Electoral.
Todos los episodios que apuntan a un plan concreto de golpe cobran aún más protagonismo en el informe a partir de la victoria de Lula en las presidenciales, el 30 de octubre de 2022. Los mensajes y documentos incautados en la recta final del gobierno de Bolsonaro indican que, según la PF, el exmandatario liberal discutió decretos de ruptura con militares y pidió apoyo antes de abandonar el país.
Según el documento, un mensaje del general de reserva Mário Fernandes al general Marco Antônio Freire Gomes, fechado el 7 de noviembre de 2022, habla de la necesidad de un “evento desencadenante” para el golpe.
El 7 de diciembre de 2022, hubo una reunión en la residencia oficial relacionada con el proyecto, lo que fue confirmado por el general Freire Gomes, quien testificó que el borrador fue presentado a Bolsonaro en dicha reunión, con la presencia de altos mandos militares de las Fuerzas Armadas, a quienes presionó para que apoyaran el plan de abolición del Estado democrático.
En principio, los líderes del Ejército y la Fuerza Aérea se negaron a seguir adelante con el plan. Pero dos días después, el 9 de diciembre, Bolsonaro se reunió con el general Estevam Theóphilo, comandante del Comando de Operaciones Terrestres, quien sí estaba dispuesto a ejecutar el plan si se firmaba un borrador. El mismo día, Bolsonaro habló públicamente por primera vez desde su derrota ante Lula, indicando que había retirado el decreto.
Después de la reunión, entre el 26 y el 29 de noviembre, los involucrados intercambiaron mensajes sobre el decreto, confirmando que éste había sido enviado a Bolsonaro y que éste aprobó la carta golpista firmada por oficiales del Ejército. Según el informe, esta carta fue parte de una estrategia para incitar a los militares y presionar al Comando del Ejército para que apoyara la ruptura institucional.
El plan para asesinar a Lula, Alckmin y de Moraes
Como si fuera poco, los investigadores encontraron que un grupo de militares planeaba el asesinato del presidente Lula, del vicepresidente Geraldo Alckmin y el ministro del Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes.
El 9 de noviembre, se imprimió el plan para matar a los tres mencionados. La investigación indica que minutos después de que el documento denominado “Daga Verde y Amarillo” fuera impreso por Mario Fernandes en el Palacio de Planalto, el militar fue a la residencia oficial para hablar con Bolsonaro. El 19 de noviembre, la Policía Federal arrestó a cuatro militares y un policía por este plan.
La policía también señaló que el ministro de Moraes, estaba bajo amenaza de arresto y homicidio. El 15 de diciembre un grupo de militares se preparó para arrestar y matar a de Moraes, pero la operación fue cancelada. Si se hubiera llevado a cabo el 15 de diciembre, se habría concretado el golpe de Estado ese día como estaba previsto originalmente.
El 12 de diciembre, los bolsonaristas intentaron invadir la sede de la Policía Federal en Brasilia, incendiaron automóviles y autobuses, esparcieron cilindros de gas por toda la ciudad y rodearon el hotel donde se hospedaba Lula. Ese día, Lula fue certificado por el Tribunal Electoral.
El 16 de diciembre, se creó la Oficina de Gestión de Crisis Institucional, compuesta casi en su totalidad por militares, bajo el mando de los generales Augusto Heleno y Walter Souza Braga Netto, y algunos civiles, entre ellos el ex asesor Filipe Martins.
Las conclusiones de la Policía Federal
Finalmente llegó el 8 de enero, día en que se concretó la invasión y depredación de las sedes de los Tres Poderes. El borrador de todo el plan en su versión física fue encontrado el 10 de enero de 2023, en un operativo de búsqueda e incautación contra el exministro de Justicia Anderson Torres. El documento de tres páginas, creado en una computadora, fue encontrado en un armario de su residencia.
“Las pruebas obtenidas durante la investigación demuestran de manera inequívoca que Jair Messias Bolsonaro planeó, actuó y tuvo dominio (…) de los actos realizados por la organización criminal con el objetivo de consumar un golpe de Estado”, afirman los investigadores. De esta manera, la conclusión de la Policía Federal de Brasil fue categórica: “Bolsonaro estaba al tanto y participó activamente” en la trama golpista.
El ministro de Moraes fue quien levantó el secreto de la investigación y ordenó la remisión del informe final de la Policía Federal a la Procuraduría General de la República (PGR). El ministro consideró que no era necesario mantener el secreto, ya que se había presentado el informe final y se habían cumplido con todas las medidas y debida diligencia exigidas por el PF, según se indica en un comunicado de prensa del Supremo Tribunal Federal.
