Los detalles del lapidario informe de Bachelet que denuncia torturas en Venezuela

El viernes 21 de junio, minutos antes de partir de Venezuela tras una visita de tres días, Michelle Bachelet hizo un balance en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de su paso por Caracas y habló de "graves violaciones a los derechos humanos". Además, reconoció que la oposición a Nicolás Maduro es víctima de la "violencia política" y pidió la liberación de los venezolanos que han sido detenidos "por ejercer sus derechos de forma pacífica". A pesar de sus temores iniciales, la visita de Bachelet fue en ese momento bien evaluada por el antichavismo -que entre otros asuntos destacó la forma en que la Alta Comisionada de la ONU para los DD.HH. empatizó con las víctimas-, mientras que el propio Maduro saludó el viaje, que calificó como una "buena visita".

Pero al conocerse ayer el informe de Bachelet sobre lo que observó en Venezuela, las opiniones mutaron: mientras la oposición coincidió en que la alta comisionada confirmó con mayor énfasis las violaciones a los DD.HH. que ellos han denunciado desde hace años, el gobierno de Maduro reaccionó con furia y presentó nada menos que 70 observaciones al documento.

Ocurre que el informe, elaborado a partir de 558 entrevistas y que abarca el período de enero de 2018 y mayo de 2019, fue más duro y detallado de lo esperado, por lo que aunque no es vinculante, sí podría tener un importante efecto. El documento se suma a otros elaborados en su momento por la ONU, como los de Ruanda, Bosnia, Haití y la República Democrática del Congo.

El informe acusa al régimen chavista de graves violaciones de los derechos civiles, políticos, sociales y económicos de los venezolanos, además de violencia y abusos de las fuerzas de seguridad. Al mismo tiempo, detalla "detenciones arbitrarias" y torturas. "Al 31 de mayo de 2019, 793 personas seguían privadas arbitrariamente de libertad, 1.437 habían sido liberadas incondicionalmente y 8.598 habían sido liberadas condicionalmente y afrontaban aún prolongadas actuaciones penales", señala el documento de Naciones Unidas.

"En la mayoría de estos casos, se sometió a las mujeres y los hombres detenidos a una o más formas de tortura o trato o pena cruel, inhumana o degradante, como la aplicación de corriente eléctrica, asfixia con bolsas de plástico, simulacros de ahogamiento, palizas, violencias sexuales, privación de agua y comida, posturas forzadas y exposición a temperaturas extrema", afirma el informe, que sostiene que los servicios de inteligencia (el SEBIN y la DGCIM) recurrieron a estos métodos.

De acuerdo con el informe, las detenciones y las torturas se enmarcan en un contexto donde los colectivos armados chavistas ejercen control social y labores de apoyo a las fuerzas de seguridad.

"Según el Ministerio Público, se han registrado 72 denuncias por supuesta tortura y otros malos tratos respecto de 174 personas detenidas en el contexto de protestas entre 2017 y 2019. No se proporcionó información respecto del estado de las investigaciones", apunta el documento.

Otro de los puntos clave tiene que ver con las "violaciones al derecho a la alimentación". "Las personas entrevistadas constantemente refirieron una falta de acceso a alimentos, debido tanto a la escasez como a los precios inasequibles", indica la alta comisionada, que agrega: "Además de la hiperinflación y la contracción de la economía, las políticas económicas y sociales adoptadas durante la última década han debilitado los sistemas de producción y distribución de alimentos, aumentando la cantidad de personas que dependen de programas de asistencia".

En cuanto a la salud, la ONU sostiene que "la situación es grave", al punto que denuncia una infraestructura deteriorada, éxodo de médicos y personal de enfermería, carencias en la atención básica y de medicamentos. Incluso asegura que "hay falta de acceso a todos los tipos de anticonceptivos (...)", mientras que "la tasa de embarazos en adolescentes ha incrementado en un 65% desde 2015".

"El número de personas que se han visto obligadas a dejar Venezuela ha aumentado dramáticamente desde 2018, alcanzando más de 4 millones para el 6 de junio de 2019", sostiene el informe en un capítulo especial dedicado a la migración. Así, plantea que las "violaciones de los derechos a la alimentación y la salud son los factores principales" del éxodo. "Las violaciones de los derechos económicos y sociales que impulsan la migración también afectan a las condiciones en que las personas dejan el país, la manera como se desplazan y las situaciones de vulnerabilidad que afrontan durante la migración", concluye.

Al final del documento, la Oficina de Bachelet plantea 23 "recomendaciones" al gobierno, entre las que figuran medidas inmediatas para "cesar, subsanar y prevenir" violaciones a los DD.HH, entre éstas torturas y ejecuciones extrajudiciales; que garantice la disponibilidad de alimentos; que ponga en libertad a todas las personas detenidas de forma arbitraria; que detenga la represión política y que prevenga el uso excesivo de la fuerza durante manifestaciones de la oposición".

Al mismo tiempo insta a Nicolás Maduro a disolver las milicias armadas; a que establezca un mecanismo para investigar las ejecuciones extrajudiciales y que "acepte u facilite el establecimiento de una oficina permanente del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos" en Venezuela.

El gobierno venezolano señaló que en el informe se privilegian fuentes "carentes de objetividad", por lo que el documento "no es objetivo".

"El informe recomienda otorgar libertad a todas las personas detenidas 'por motivos políticos'. Esta recomendación resulta inaplicable y por tanto equivocada, pues en Venezuela no existen personas detenidas por tal condición", afirmó Caracas.