Los escenarios que podrían salvar a Guillermo Lasso de su destitución

El proceso para destituir al Presidente ecuatoriano, Guillermo Lasso, tomó nuevas fuerzas, luego de que la Asamblea Nacional aprobase un informe no vinculante en el que se recomendaba hacerle un juicio político al mandatario, considerando sus supuestos vínculos con el caso de corrupción “Encuentro”. La votación contó con 104 votos a favor del informe, de entre los 137 asambleístas del Legislativo ecuatoriano.

Frente a esta situación, y aún con muchos pasos por realizarse, ya se están viendo los escenarios posibles para que el presidente se salve de una posible destitución. Ya en junio del año pasado, los parlamentarios habían intentado destituirlo, y habiendo una mayoría de oposición en el Legislativo, se ve posible que la censura al mandatario prospere.

El informe de la comisión, al no ser vinculante, solo puede ser “el insumo” para otro documento: una solicitud por escrito para iniciar un proceso de juicio político. Según la Constitución ecuatoriana, esta solicitud la tiene que enviar un congresista, y debe contar con un primer apoyo de al menos un tercio de la Asamblea, o sea, 46 firmas. La coalición UNES, que precisamente tiene 47 congresistas, ya anunció que presentará el pedido.

Con eso, se espera que luego la solicitud por escrito sea enviada al Consejo de la Administración Legislativa y a la Corte Constitucional, para que verifiquen los requisitos y emitan dictámenes de “admisibilidad”. Para esto, estas instancias tendrán hasta 6 días de tiempo para resolver.

En este sentido, ambas entidades, y sobre todo la Corte Constitucional, podrían salvar a Lasso de su probable destitución. De esta decisión, que tiene 6 días de plazo, depende gran parte de lo que sucede: de rechazarse la solicitud, Lasso se salvaría, pero de aprobarse, la pelea pasaría a la Asamblea Nacional, donde el presidente necesitaría 46 votos (de 137) para mantener la presidencia.

Ahora bien, al presidente le queda una última carta en ese caso, que ya se había discutido en junio del 2022, cuando el Legislativo intentó por primera vez censurar a Lasso: la “muerte cruzada” o disolución de la Asamblea Nacional. Según la Constitución ecuatoriana, hay tres situaciones en las que un mandatario puede disolver el Legislativo. En primer lugar, si, a su juicio, la Asamblea se hubiera arrogado funciones que no le competen, previo dictamen favorable de la Corte Constitucional. También, si, de forma reiterada e injustificada, la Asamblea obstruye la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo, y por grave crisis política y conmoción interna.

La ventaja que tiene Lasso en este caso es que tiene el poder, según la Constitución, de disolver la Asamblea sin necesidad de preguntarle a la Corte Constitucional, en la segunda y tercera causal.

De llegar a dar este paso, Ecuador quedaría sin Asamblea Nacional, y sería el Consejo Nacional Electoral el llamado a convocar por nuevas elecciones presidenciales legislativas. En el intertanto, antes de los comicios, el presidente quedaría en el poder, y podría gobernar a través de decretos leyes, pidiendo incluso presentarse a la reelección.

De momento, Lasso no ha dado indicio de querer usar la opción de “muerte cruzada”, pero ya se refirió al informe que recomienda su juicio político. En un tuit el sábado, justo después de que la Asamblea aprobara este informe, el presidente declaró: “El informe aprobado por la Asamblea Nacional carece de sustento lógico, probatorio y jurídico. No obstante, he dispuesto contestar con absoluta transparencia y celeridad todo requerimiento de la @FiscaliaEcuador para esclarecer cualquier duda” .

En la misma dirección, el mandatario envió una carta a la fiscal general del Estado, Diana Salazar: “Solicito a usted que desarrolle todas las investigaciones pertinentes con toda la rigurosidad y profundidad que la gravedad de estas falsedades amerita. La acusación de la Asamblea Nacional se enfrenta a la imposibilidad lógica de probar un hecho falso, y a la imposibilidad jurídica de robar la autoría por omisión en delitos en los que tal figura no aplica”, indicó Lasso.

En esto, su gobierno también lo acompaña. Según el ministro Henry Culacón, el informe aprobado es “un mamotreto, un documento que no tiene ni pies ni cabeza, sin valor jurídico alguno”.