Los escenarios que se abren para Nicaragua tras el cuestionado proceso electoral

Previo a los comicios presidenciales de este domingo en Nicaragua, los opositores ya consideraban que se estaban prestando para una “farsa”, puesto que, a su juicio, las elecciones tendrían un ganador incluso antes de ir a las urnas: Daniel Ortega (75) y su esposa Rosario Murillo (70), la actual vicepresidenta. Con la mayoría de sus principales rivales tras las rejas, el exguerrillero de la Revolución Sandinista se aprestaba a imponerse en el cuestionado proceso electoral, con lo que extendería su mandato hasta, al menos, enero de 2027, convirtiéndose en el gobernante americano vivo con más tiempo consecutivo en el cargo.

Tras los comicios, criticados por Estados Unidos, la Unión Europea y varios países de América por considerar que no existían garantías democráticas para celebrarse, Ortega allanaría el camino para lograr un cuarto mandato consecutivo. De confirmarse, varias interrogantes se plantean para el futuro del segundo país más pobre de América.

La comunidad internacional ve con preocupación la caída de los niveles democráticos en el país, que en los últimos años ha vivido un éxodo de nicaragüenses y una profunda crisis social y económica agravada tras las masivas protestas de 2018.

Hace tres años, una reforma al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) destapó el descontento acumulado por algunos sectores del país contra el gobierno del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN). Las protestas que se extendieron por semanas fueron reprimidas por las fuerzas de seguridad, y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) contabilizó al menos 300 fallecidos, más de 2.000 heridos y 1.600 detenidos en varios períodos.

Ante la condena mundial, el denominado orteguismo denunció un intento de golpe de Estado en curso. Sin embargo, este 2021, en pleno año electoral, los arrestos selectivos fueron retomados, inicialmente a una treintena de líderes opositores, que luego se extendió a las principales figuras que podrían competir con Ortega en las urnas, como la periodista e hija de la expresidenta Violeta Chamorro, Cristiana Chamorro, que se alzaba como la opción al recambio político. En total, 37 adversarios, incluidos siete aspirantes a la Presidencia, fueron aprehendidos.

Además del temor instalado en las calles por la prohibición de protestas antigubernamentales, el cierre de periódicos por bloqueos en las aduanas de productos y equipos, y el cese de funciones de organizaciones sociales, la preocupación radica en cuáles serán los próximos pasos del Ejecutivo para perpetuarse en el poder.

Ante la persecución de las principales figuras, el exilio obligado de algunos líderes y la pérdida de acreditación legal de tres partidos políticos por parte del Consejo Supremo Electoral, la oposición dividida en varios frentes políticos tiene las manos atadas para rearticularse. Tan solo participar o intentar organizar a grupos podría conllevar penas de cárcel o acusación de injerencia extranjera amparado en la Ley Soberanía, aprobada por el oficialismo en 2020.

La CIDH exhortó a la familia Ortega-Murillo a liberar a Cristiana Chamorro y a otros 13 presos políticos, porque “son la muestra más extrema del proceso de hostigamiento y persecución en su contra”, siendo la tercera resolución desde junio pasado con la misma solicitud, hasta ahora sin respuesta.

Según el portal Infobae, la ola represiva que se inició en mayo pasado mantiene tras las rejas a una serie de personeros políticos, que han debido enfrentar meses de terror. Para algunos es el aislamiento, para otros el impacto de las luces encendidas u oscuridad total 24/7, o la pérdida de peso por la escasa calidad de los alimentos. No tienen acceso a visitas familiares o de asesores legales y los interrogatorios son constantes en la cárcel denominada el “Nuevo Chipote”.

Por esto, una vía alternativa sería agruparse antes de las elecciones municipales del próximo año, cuando Nicaragua elija a los 153 alcaldes y concejales del país.

En los últimos años, resultado de las protestas y de las consecuencias económicas de la pandemia del Covid-19, el Producto Interno Bruto (PIB) se contrajo un 8,8% acumulado entre 2018 y 2020, y los niveles de pobreza se instalaron en un 40%, lo que genera una vida compleja para los más de seis millones de habitantes del país. Empujados por la baja calidad de vida, cada día son más las personas que deciden emigrar de su país ante la profundización de los problemas económicos de Nicaragua.

Una encuesta de CID Gallup de octubre sostiene que la mayoría de los nicaragüenses se muestran pesimistas frente al futuro, por lo que un 68% migraría fuera del país si tuviera la oportunidad. Manuel Orozco, analista del centro de estudios estadounidense Diálogo Interamericano, señaló al diario El Confidencial que para 2019 la cantidad de personas que quería migrar era de un 19%; en 2020 subió al 34% y en abril de este año llegó hasta el 35%. Hasta ahora, 60 mil nicaragüenses han escapado del país para irse a la frontera de México con Estados Unidos, mientras otros 40 mil se asentaron en Costa Rica.

Cifras oficiales de la oficina de migración estadounidense revelan que las detenciones por ingresos ilegales de nicaragüenses en la frontera sur se dispararon de 575 en enero pasado, a 13.391 en julio. La mayoría de los que logran llegar a concretar el “sueño americano” envía remesas a sus familias, las que representan alrededor del 15% del PIB del país, uno de los porcentajes más altos de Latinoamérica.

Desde el 10 de enero de 2022, Nicaragua iniciará un nuevo mandato presidencial. Daniel Ortega y Rosario Murillo, además de algunos de sus nueve hijos, están sancionados internacionalmente. En pleno aislamiento y cuando la pareja en el poder solo tiene de aliados a Venezuela, China y Rusia, uno de los mecanismos que podría desencadenarse en los próximos días es que la comunidad internacional o algunos países en específico desconozcan los resultados electorales, según los analistas.

A fines de 2018, el Congreso de Estados Unidos aprobó la Nica Act, que obliga a los funcionarios norteamericanos de instituciones multilaterales de crédito a detener el financiamiento a organismos estatales nicaragüenses. Luego vinieron los bloqueos financieros emitidos por parte del Departamento del Tesoro y previo a las elecciones se avaló la Ley Renacer (Reforzar el Cumplimiento de Condiciones para la Reforma Electoral), que abrirá las puertas para mayores rondas de castigos, incluido el cierre de préstamos, lo que podría llegar a generar un “embargo de facto”.

Además, el gobierno de Joe Biden ha iniciado una revisión de la participación de Nicaragua en un acuerdo de libre comercio con Centroamérica (DR-CAFTA). Sin embargo, el pacto fue rechazado por el partido oficialista Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) cuando era oposición en 2005, según destaca el portal Voz de América.

El jefe de la diplomacia de la Unión Europea (UE), Josep Borrell, declaró que las elecciones son un “fake (mentiras)” y mantienen las puertas abiertas a nuevas sanciones, que se sumarían a las ya impuestas a 14 sandinistas claves, como Rosario Murillo, con la “inmovilización de activos”, así como la “prohibición de viajar o transitar por el territorio”, que se mantienen hasta octubre del próximo año.

En este complejo escenario, es posible que Managua busque iniciar una mesa de diálogo, a cambio de la liberación de detenidos. En esa línea, los representantes del bloque de 27 países europeos señalaron que ante el “claro giro autoritario del régimen” de Ortega, “probablemente habrá un rechazo a reconocer el resultado” de los comicios.