Tras una jornada en que el Congreso de Argentina estuvo prácticamente blindado producto de manifestaciones y escaramuzas entre la Policía y opositores al gobierno de Javier Milei, este jueves se retomó la discusión parlamentaria sobre la ley ómnibus, el proyecto estrella con el que el mandatario libertario busca desregularizar la economía. Pero una serie de nudos complican la aprobación de la ley de “Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos”, como se llama formalmente.
Entre las mayores complicaciones que el gobierno mileísta enfrenta en el Congreso, destacan las propuestas de la ley ómnibus relativas a las privatizaciones de empresas que el mandatario quiere llevar adelante, la entrega de facultades que la figura presidencial no tiene por largos períodos de tiempo o la distribución del impuesto PAÍS, con fuertes reclamos desde las provincias, entre otros.
Si bien La Libertad Avanza (LLA), el bloque oficialista, cuenta con 39 asientos si se agregan los del bloque de Carolina Píparo –excandidata a la gobernación de la provincia de Buenos Aires por la coalición, pero que ha demostrado distancia con la misma–, al sumarlos con los del PRO y sus aliados (39), la Unión Cívica Radical (34) el bloque de Hacemos Coalición Federal e Innovación Federal (30), más votos que no responden al kirchnerismo, el Ejecutivo llegaría sobrado al quórum, incluso superando los 140 votos. Pero la suma no es tan simple, considerando que hay puntos con los que ni la Casa Rosada ni la llamada “oposición dialogante”, que incluye a los radicales y al federalismo, quieren ceder.
Según La Nación, las cuentas del oficialismo eran que contaban con 149 votos para aprobar el proyecto en general, pero al menos una veintena de ellos podría diferir en las votaciones en particular, especialmente en los puntos más complejos.
El gobierno de Javier Milei ya cedió con varios puntos. De hecho, lo hizo a tal nivel que, según La Nación, el proyecto quedó convertido “en letra muerta”. De los más de 600 artículos con los que originalmente fue presentado, desde el inicio de la discusión parlamentaria ya se redujo a poco más de 300, quedando fuera elementos otrora claves, como el paquete fiscal, para dar prioridad a la discusión sobre la entrega de facultades extraordinarias para el Ejecutivo.
“Por obra y gracia del propio gobierno, la ambiciosa ‘Ley de Bases’ con la que el Presidente Javier Milei pretende sentar nuevos pilares fundacionales en materia económica, política, social y cultural que echen por tierra las que cimentó el kirchnerismo, quedó en buena parte convertida en letra muerta”, empieza el periódico trasandino.
“En lugar de agotar las negociaciones con los bloques de la oposición dialoguista, optó por retirar la totalidad del paquete fiscal de la iniciativa -el corazón que la hacía latir- y corre el riesgo de perder, durante la discusión en particular del texto, los pocos artículos claves que todavía quedan en pie. Revocado el paquete fiscal, las facultades delegadas constituyen ahora el alma del proyecto”, continuó.
Desde el oficialismo habían planteado inicialmente que esperaban terminar la discusión y votar durante el jueves, pero, con el pasar de las horas –y los días–, se hizo evidente que no contaban con los votos tal y como estaba el proyecto original.
El jefe de bloque de LLA en la Cámara de Diputados, Óscar Zago, señaló a la prensa que estimaba que el viernes se aprobará el proyecto, agregando que su sector “está dispuesto al diálogo”. “Como viene la cuestión, no terminaríamos hoy (jueves) sino quizás mañana (viernes). Estamos esperanzados en que vamos a sacar la ley como está, pero estamos siempre dispuestos al diálogo. Si corregimos algo, es para enriquecer la ley”, planteó a Radio El Observador. Según el diario El Cronista, hay versiones que indican que la votación se podría alargar hasta el sábado, aunque dicho cronograma tendría que ser votado, agregan las fuentes citadas.
Las principales trabas
En el detalle, y una vez reducido el alcance de la ley ómnibus, los puntos en los que difiere el oficialismo con la oposición “dialogante” parte con las privatizaciones, punto clave en la ideología libertaria que defiende Milei. Allí, La Libertad Avanza parece poco dispuesta a entregar más de lo que ha dado, puesto que se trata de un emblema, explicó Clarín. En el radicalismo, en tanto, voces más duras empiezan a sugerir que se le haga un guiño al Ejecutivo y que se busque una opción intermedia.
La lista presentada por la Casa Rosada incluía la privatización de 41 empresas, incluida YPF. Pero en la serie de concesiones para que le aprueben el grueso del proyecto, el oficialismo retiró a la empresa argentina dedicada a energía, además de pactar que las empresas estatales no se privaticen al 100%, sino que se puedan convertir en mixtas.
Uno de los puntos de fricción es definir el mecanismo para que el proceso cuente con un aval del Congreso. El proyecto plantea que, tras su aprobación, los diputados dejan “sujetas a privatización” todas las empresas del listado, por lo que bastaría con que Javier Milei firme un documento y quedaría habilitada la transición.
Desde la Unión Cívica Radical (UCR) plantean que se habiliten no más de 10 o 14 empresas a privatizar, todas acordadas. Según Clarín, fuentes del oficialismo aseguran que en la Casa Rosada están dispuestos a reducir la lista a unas 30 o 25. También cederían en lo solicitado por el mismo partido y por Hacemos Coalición Federal, de enviar al Congreso cada proyecto de privatización.
Desde el federalismo levantaron otro punto de discordia referente al impuesto PAÍS. Desde los “dialoguistas”, intentan hacer que este se haga coparticipable, es decir, el sistema argentino mediante el cual el gobierno central redistribuye una parte de los impuestos recaudados a nivel nacional, y los entrega a las provincias.
Un tercer punto problemático es el intento libertario para concederle al Poder Ejecutivo amplias facultades legislativas, sin la necesidad de ser avalado por el Congreso. Entre ellas, podría tomarse atribuciones en áreas como la económica, financiera, fiscal, de seguridad, tarifaria, energética y administrativa, todo por un plazo de un año, con la posibilidad de ser prorrogado por otro más. Todo ello, bajo el contexto de una supuesta urgencia.
Al igual que en otros temas, la propuesta inicial era aún más radical, considerando que contemplaba la posibilidad de que el gobierno de turno podía obtener facultades mucho más amplias, y por hasta cuatro años. Sin embargo, sectores del PRO, UCR, Hacemos Coalición Federal e Innovación Federal salieron a rayar la cancha al libertarismo.
Facundo Manes, neurocientífico, que maneja un sub-bloque de 10 radicales en la Cámara de Diputados, disparó contra el mandatario por su intento de ampliar sus facultades legislativas por medio de un duro discurso.
“Les vamos a decir que no a los populismos de izquierda, a los de derecha, a los que ejercen el poder con prepotencia, a los que descalifican, a los que aprietan en las redes sociales, a los que se creen iluminados y solo ofrecen pedantería, histrionismo, teatralidad, conductas antisociales e improvisación”, señaló Manes.
“A los que aborrecen el diálogo, a los que quieren imponer dogmas irreales, ideas fanáticas y quieren, además, facultades extraordinarias. No cuenten con nosotros para facultades extraordinarias”, consignó el portal web especializado, La Política Online. Seis diputados de la UCR ya anunciaron que votarían en contra de esta delegación de poderes, y se estima que entre siete y ocho sean arrastrados por la postura de Manes, añadió Clarín.
“No cuenten con nosotros para facultades extraordinarias. La libertad que proclaman es una falsa libertad, sin fraternidad ni igualdad. Es una libertad que nace del fanatismo, no del diálogo del acuerdo. Esto no es capitalismo moderno, es anarcopopulismo de derecha con falta de humanismo”, agregó el diputado.
Desde LLA, defienden las propuestas libertarias. “Este es el nuevo inicio del país con incentivos reales para ser ciudadanos libres y tener prosperidad como sociedad. A Alberto Fernández, por menos, le delegaron más facultades. Este proyecto es polémico para los que quieren cuidar sus privilegios”, criticó José Luis Espert, diputado y presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda.
En medio de la discusión parlamentaria, todavía se pueden sentir las esquirlas de la política comunicacional agresiva del Presidente de Argentina. “Váyanse a otro lado los que nos dicen coimeros porque 27 veces propusimos que venga el presidente y el ministro del Interior”, planteó Nicolás Massot, de Hacemos Coalición Federal. Hacía referencia a las palabras del mandatario, quien aseguró que en el Congreso algunos hay legisladores que “buscan coimas”.
“Con una mano le daba ‘me gusta’ a una publicación que nos tildaba de kirchneristas y con la otra firmaba la resolución que nombraba a Daniel Scioli (exembajador de Alberto Fernández en Brasil que asumió como secretario de Turismo en el gobierno de Milei) como funcionario de su gabinete”, prosiguió Massot.
Otro escollo que falta por resolver guarda relación con la seguridad. Ya se eliminó un artículo que generó discordia al plantear que se consideraría una reunión ilícita cuando se juntaran más de 30 personas, así como otro que aumentaba las multas contra los organizadores de las manifestaciones callejeras que obstruyan la circulación del público, pero se mantienen las referidas al uso de armas de las fuerzas de seguridad.
