El anuncio realizado este sábado por Guillermo Lasso, Presidente de Ecuador, reavivó una potestad civil que llevaba casi doce años pausada, luego de que el expresidente Rafael Correa firmara en 2011 un Decreto Ejecutivo en el que se prohibía la tenencia y porte de armas de uso civil.
El estado de excepción en la Zona 8, que incluye a Guayaquil, Durán y Samborondón, además de las provincias de Santa Elena y Los Ríos, se sumó a un toque de queda entre 1 y 5 de la mañana y al anuncio hecho en cadena nacional sobre el regreso de las armas y la inclusión del gas pimienta como equipos para hacer “frente al enemigo en común que tiene Ecuador que es la delincuencia, el narcotráfico y el crimen organizado”, dijo en la ocasión el líder derechista.
Sus repercusiones, sin embargo, son materia de discusión entre diversos círculos ecuatorianos. Desde las dudas sobre si la medida ayudará con la crisis delictual que ha experimentado la nación sudamericana hasta la interrogante acerca de si los criminales se sentirán disuadidos de actuar frente a una población armada, son algunas de preguntas que se han tomado la discusión política en Ecuador. Según BBC, la decisión del mandatario llegó luego de que se reportara una ola de asesinatos, ataques a funcionarios y un aumento en el número de casos de extorsiones y secuestros.
En concreto, a través del Decreto Ejecutivo 707 el Presidente Lasso derogó el de 2011, lo que permitirá que civiles en todo el país puedan contar con permisos para portar armas durante dos años, en el caso de las personas naturales, y cinco en el de personas jurídicas. La medida también permitirá a los civiles portar y usar gas pimienta como medida de defensa personal.
La medida impulsada por Lasso también permitirá que los guardias de seguridad privada puedan apoyar “a la policía nacional en las labores de vigilancia y seguridad, portando sus armas en los alrededores de sus puestos de trabajo”, detalló el mandatario.
Entre los requisitos para disponer y utilizar un arma de uso civil estará tener cumplidos al menos 25 años de edad; contar con un certificado de la prueba psicológica emitido por el Ministerio de Salud Pública; otro que respalde la destreza en el manejo y uso del arma, entregado por el Ministerio de Defensa Nacional; no contar con una sentencia ejecutoriada condenatoria por la comisión de un delito; y no tener antecedentes de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar, entre otros requerimientos, detalló El Universo. Por el contrario, no podrán utilizarlas interdictos; dementes, aunque no estén bajo interdicción; y quienes carezcan de domicilio en Ecuador, agregó el mismo medio.
Efectos bajo la lupa
La Tercera habló con Simón Pachano, politólogo ecuatoriano y columnista del medio El Universo. Según el doctor en Ciencias Sociales, este decreto puede generar “varios efectos”, pero el más importante y preocupante, puntualizó, “es que se incrementen los niveles de violencia, esta vez con la justificación de la defensa propia”.
Para el académico, existe un riesgo real de que se puedan evadir las condiciones solicitadas por el gobierno de Lasso debido a la “debilidad de las instituciones encargadas” de aquello, advirtió. “Ciertamente, hay varias condiciones previas a la autorización de tenencia y porte de armas, pero no es equivocado suponer que podrán ser evadidas con facilidad por la debilidad de las instituciones encargadas de su cumplimiento”.
Otro efecto que se podría dar, agregó Pachano, es que “al suponer que las víctimas de robos y asaltos pueden estar armadas, los delincuentes dejen de lado la amenaza y hagan uso directo de las armas”.
Según cifras del gobierno, en Guayaquil, una de las ciudades en las que regirá el estado de excepción registra una tasa de homicidios de 17.43 personas por cada 100.000 habitantes. Durante el primer trimestre de este año, ya van 555 asesinatos intencionales en la capital, consignó BBC.
También fue consultado por La Tercera el profesor de la Escuela de Sociología y Ciencias Políticas en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Wladimir Sierra, aseguró que uno de los efectos ha sido el “rechazo generalizado de las instituciones de Educación Superior”, y que la medida buscar mejorar la imagen del Presidente Lasso “a puertas del posible juicio político que deberá enfrentar el primer mandatario”.
Para el académico, “la desprotección que siente la ciudadanía por parte del Estado ya ha provocado la organización de grupos de vecinos que buscan defenderse de la delincuencia cotidiana con violencia (atropellando y linchando supuestos delincuentes). Es inimaginable lo que puede ocurrir si estos vecinos pueden portar armas de fuego”, advirtió.
Consultado por El Universo, Carlos Blanco, coronel en servicio pasivo de la Policía que dirigió algunas unidades de inteligencia al interior de la policía, además de oficiar como director de Seguridad Pública, afirmó que este era un pedido que la “ciudadanía en general venía haciendo”, dado que necesitan sentirse protegidos. Blanco mostró una visión completamente contraria a la expuesta por Pachano y Sierra, puesto que aseguró que esta política afectará la percepción de seguridad y que los delincuentes “ya no estarán confiados en que pueden entrar a domicilios o establecimientos a asaltar y salir ilesos”, consignó el medio.
En una línea similar, pero con reservas, se posicionó Julio César Cueva, magíster en Derecho Penal y Constitucional, quien dijo estar a favor de la medida, aunque le preocupa que mientras el ciudadano tendrá acceso a armas cortas, la delincuencia utiliza armamento largo y equipo de alto calibre, como fusiles, ametralladoras, granadas, bombas, explosivos, carros blindados y chalecos antibalas, detalló El Universo. Pero también le preocupa que la actual “sensación de histeria colectiva” lleve a que la población se arme y, a la más mínima sospecha, se lamente una tragedia de un muerto o herido no involucrado en actos delictuales, agregó.
Dicho periódico también habló con Agustín Burbano de Lara, sociólogo por la Universidad de Buenos Aires (UBA), quien detalló que “todos los países que permiten el porte de armas para civiles poseen altos índices de homicidios por cada 100.000 habitantes”, con Estados Unidos liderando el ranking, agregó.
Según Burbano de Lara, la política impulsada por Lasso es reflejo de la incapacidad del Estado de cumplir su rol fundamental como ente con el monopolio del ejercicio de la violencia, encarnado en las policías y fuerzas armadas, y sumó a la discusión que los ciudadanos jamás podrán enfrentar ni superar al crimen organizado, precisamente por la organización con la que este último cuenta, detalló El Universo.
Algunas de las armas que le serán permitidas portar y utilizar a los ciudadanos serán pistolas hasta el calibre 9 mm, semiautomáticas, con alimentadoras de hasta diez proyectiles; revólveres hasta el calibre 38; escopetas recortadas del calibre 10 al 410 o sus equivalentes; y otras armas no incluidas que cuenten con previa autorización del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, informó El Universo.
En una línea similar a la de Agustín Burbano de Lara, Simón Pachano dijo a este medio que el regreso de las armas y el permiso para utilizarlas de parte de civiles “de ninguna manera constituye una solución para problemas como la violencia y el narcotráfico”. Según el politólogo, “es el reconocimiento de la incapacidad del Estado para hacer frente a las amenazas más graves que enfrenta el país. Es una muestra de la renuncia a ejercer el monopolio de la fuerza que corresponde a cualquier Estado de derecho”.
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