Hasta el martes, México era uno de los pocos países de la región en que la bomba de Odebrecht no había estallado. Sin embargo, una declaración clave hizo que la Fiscalía mexicana abriera una nueva arista de la investigación que por “primera vez en la historia” apunta directamente a un expresidente mexicano: Enrique Peña Nieto (2012-2018).
El exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin, detenido por cargos de corrupción y que mantiene un acuerdo de colaboración con la justicia, denunció que “hubo una serie de sobornos por una cantidad que sobrepasa los US$ 4,4 millones, los cuales fueron fundamentalmente utilizados para la campaña 2012 a la Presidencia” en la cual también fue colaborador.
De acuerdo al testimonio, habría sido Peña Nieto y su secretario de Hacienda, Luis Videgaray, quienes dieron las órdenes para que el dinero entregado por la constructora brasileña llegara a manos de “varios asesores electorales extranjeros”. A esto se suma la presunta transferencia de US$ 5,3 millones para la “compra de votos”, dirigida a “un diputado y cinco senadores” para que aprobaran reformas entre 2013 y 2014.
El testigo clave -que tendría “cuatro testigos, recibos y un video” para respaldar su versión- fue más allá, al señalar que en el gobierno de Felipe Calderón (2006-2012) hubo una “serie de beneficios económicos” a favor de la empresa Etileno XXI, socia de Odebrecht.
La reacción por parte del Palacio Nacional no se hizo esperar y durante la conferencia matutina de ayer, el Presidente Andrés Manuel López Obrador defendió que la acusación “implica que los dos expresidentes, entre otros servidores, sean llamados a comparecer. Todos tienen que declarar”.
Pero para el fiscal general, Alejandro Gertz, “el Presidente no tiene ninguna vinculación jurídica con la fiscalía”. Por lo tanto, el proceso judicial seguirá su curso y realizarán las diligencias necesarias.
Mediante una columna en el diario mexicano El Universal, titulada “Peña manda mensaje a AMLO: si me citan, voy a declarar”, el periodista Carlos Loret señaló que el político priista “comunicó (desde España) vía telefónica un mensaje para su sucesor” que si en el caso que la Fiscalía lo cite a declarar, viajará de regreso a México y adelantó lo que diría al Ministerio Público: “Que nunca supo de los millones a su campaña y que si Lozoya pidió dinero, fue a título personal”.
En tanto, Calderón acusó una “persecución política” en su contra. “Quieren asustar o castigar a enemigos políticos, adversarios del gobierno que saben que les pueden quitar la mayoría en el 2021”, aseguró a la prensa local.
El trasfondo de las acusaciones tomó mayor relevancia desde marzo de 2019, cuando el Senado reformó dos artículos de la Constitución que ahora permiten someter a procesos penales a mandatarios ya no solo por traición a la patria como estaba establecido, sino también por corrupción y delitos electorales.
A pesar de esto, AMLO dijo que será la ciudadanía, a través de una “consulta popular”, la que decidirá si se juzga o no a sus antecesores.
La prensa mexicana había especulado sobre posibles hechos de corrupción, ya que Odebrecht y 21 de sus filiales han tenido actividades en el país “desde 1992 en por lo menos 10 obras de infraestructura, pero solo una funciona adecuadamente”.
