El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, sufrió una amarga derrota por una importante legislación destinada a proteger la selva amazónica y los pueblos indígenas que la habitan, y está dispuesto a negociar para eludir nuevas pérdidas en el Congreso de mayoría conservadora.
Los legisladores alentados por el poderoso lobby agrícola en Brasil aprobaron el martes un proyecto de ley que limita el reconocimiento de nuevas reservas indígenas, una decisión que los ambientalistas y defensores de los derechos humanos consideran un revés.
El miércoles, el Gobierno de Lula -que no tiene mayoría en el Congreso- enfrenta otra votación clave en la Cámara que reducirá la autoridad de los ministerios de Medio Ambiente y Asuntos Indígenas.
Pero esta vez, Lula decidió negociar la aprobación del decreto temporal para evitar que expire el viernes, lo que frenaría la reorganización del Gobierno que casi aumentó a 37 el número de ministerios cuando asumió el cargo en enero.
Eso incluiría la reestructuración del Ministerio de Economía, donde el comercio y la industria, y la planificación presupuestaria se dividieron en carteras separadas.
Los legisladores también eliminaron decisiones sobre tierras del Ministerio de Asuntos Indígenas, mientras que el registro de áreas rurales, una herramienta vital para detener la deforestación, será administrado por el Ministerio de Agricultura y no por el Ministerio de Medio Ambiente.
Lula convocó una reunión de emergencia del gabinete para discutir el tema y llamó al presidente de la Cámara baja, Arthur Lira, con quien también planea entrevistarse, para garantizar que se apruebe la medida.
El principal bloque de oposición y el más grande en el Congreso, el conservador Partido Liberal, al que pertenece el expresidente Jair Bolsonaro, dijo que votaría en contra del decreto de reorganización.
Retroceso ambiental e indígena
La ley aprobada el martes fija una fecha límite para reconocer los reclamos de tierras indígenas, estableciendo que debían ser ocupadas antes de que se promulgara la Constitución actual de Brasil en 1988.
La propuesta desencadenó protestas de grupos indígenas. En las afueras de Sao Paulo, la ciudad más grande de Brasil, los manifestantes bloquearon una importante autopista con neumáticos en llamas y usaron arcos y flechas para enfrentarse a la policía, que los dispersó con gases lacrimógenos.
El proyecto de ley 490 no afectaría las reservas reconocidas actualmente, pero puede abarcar cientos de territorios bajo evaluación. Fue puesto bajo discusión por la vía rápida por la Cámara baja para evitar debates en comités.
La Constitución garantiza al millón de indígenas de Brasil el derecho a vivir en sus tierras ancestrales. La creación de una reserva brinda a sus comunidades protecciones legales que pueden disuadir la invasión de madereros y mineros de oro.
Las ocupaciones ilegítimas surgieron durante el Gobierno de Bolsonaro, quien se mostró a favor de las actividades de agricultura intensiva y minería incluso en reservas reconocidas.
Tras la aprobación del proyecto de ley, la ministra de Pueblos Indígenas, Sonia Guajajara, dijo que los diputados que lo respaldaron serían “responsables de aprobar un proyecto de ley que ataca explícitamente la vida de los pueblos indígenas en Brasil”.
El proyecto aún necesita la aprobación del Senado y la firma de Lula. El mandatario podría vetarlo, pero podría haber suficiente apoyo en el Congreso para anularlo.
