Poco después de haber asumido como Presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva no perdió tiempo y tomó las primeras medidas para revertir decretos llevados adelante durante el gobierno de Jair Bolsonaro. Las iniciativas van desde revocar las privatizaciones a empresas y la ley de armas hasta dar pie atrás a una medida de la anterior administración que fomentaba la minería ilegal.
Una de las primeras iniciativas fue ordenar a los ministros que presenten propuestas para sacar a ocho empresas estatales del programa de privatización. Se trata principalmente de Petrobras y Correos, que ya se encontraban en el proceso de privatización y bajo análisis de miembros del Tribunal de Cuentas de la Unión. Según el diario Folha de Sao Paulo, también será retirada de la lista la Empresa Brasil de Comunicación (EBC).
En su discurso del domingo, el nuevo mandatario dijo que las privatizaciones terminarían en el país, generando reacciones en el mercado financiero, ya que el Ibovespa, principal índice de la bolsa de valores de Sao Paulo, cerró la jornada con una baja del 3,06%. Eso sí, revertir el proceso de privatización no será fácil, puesto que para ello Petrobras deberá romper con el acuerdo firmado con el Consejo Administrativo de Defensa Económica a cambio de la suspensión de los procesos sancionatorios por presunto abuso de poder económico.
Esta política también afectará a las empresas Dataprev, Nuclep, Serpro y las empresas y propiedades de la Compañía Nacional de Abastecimiento (Conab).
Lula firmó, además, la medida provisional que mantiene el pago mensual de 600 reales (US$ 112) para las familias vulnerables inscritas en el actual programa Auxilio Brasil, que ahora se llamará Bolsa de Familia. La medida que estaba vigente anteriormente establecía ese monto hasta el 31 de diciembre, y el mandatario llevó adelante una reforma para liberar los recursos a partir de 2023 para mantener ese mínimo.
El presidente también prorrogó, por otros 60 días, la exención de impuestos federales sobre el combustible. En el caso del diésel, biodiésel y gas de cocina, las tasas de estos mismos impuestos fueron disminuidas a cero hasta fines de 2023. La tributación a las importaciones de todos estos combustibles también fue puesta a cero, dentro de los respectivos plazos.
Asimismo, el gobierno de Lula revocó este domingo el decreto del expresidente Bolsonaro que redujo a la mitad las tasas impositivas pagadas por las grandes empresas, en una medida que podría tener un impacto de 5.800 millones de reales (US$ 1.086 millones) en ingresos en el primer año de la administración del petista, destacó Folha de Sao Paulo.
También firmó un auto que determina que la Contraloría General de la Unión reevalúe, en un plazo de 30 días, decisiones de Bolsonaro que imponían secreto a documentos e información de la Administración Pública.
Por otro lado, Lula firmó un decreto que reduce el acceso a armas y municiones y suspende el registro de nuevas armas de uso restringido para Cazadores, Tiradores y Coleccionistas (CAC). También suspende las autorizaciones para nuevos clubes de tiro hasta que se emita un nuevo reglamento.
El decreto supedita la autorización para portar un arma a la prueba de necesidad; actualmente, una declaración es suficiente. Además, determina la reinscripción en el Sistema Nacional de Armas (Sinarm), de la Policía Federal, en 60 días, de todas las armas adquiridas con posterioridad a un decreto de 2019.
Entre las restricciones establecidas por el decreto firmado por Lula están la prohibición de transportar armas cargadas, la práctica de tiro deportivo por menores de 18 años y la reducción de seis a tres el número de armas para ciudadanos comunes, entre otras.
Por decreto, el mandatario determinó la creación de un grupo de trabajo que tendrá 60 días para presentar una propuesta de nueva regulación del Estatuto de Desarme.
En otras medidas, Lula ordenó al Ministerio de Ambiente y Cambio Climático que presente, en un plazo de 45 días, una propuesta de nueva normativa al Consejo Nacional del Medio Ambiente (Conama).
Otro decreto firmado este domingo restablece el Fondo Amazonía y habilita el uso de 3.300 millones de reales (US$ 620 millones) en donaciones internacionales para combatir los delitos ambientales en la Amazonía.
También, por medio de un decreto, Lula revocó una medida del gobierno de Bolsonaro que fomentaba la minería ilegal en la Amazonía, en tierras indígenas y en áreas de protección ambiental.
Con la promulgación de dos decretos, Lula suspendió otro decreto que segregaba a niños, jóvenes y adultos con discapacidad, impidiendo el acceso a la educación inclusiva, y también anuló una medida que creaba barreras a la participación social en la discusión y elaboración de políticas públicas. Para los especialistas, la política de Bolsonaro causaba segregación y violaba el derecho a la educación inclusiva.
Durante el día, el Presidente brasileño tenía programadas reuniones bilaterales con sus pares de Chile, Argentina, Colombia. Bolivia, Ecuador, el premier de Perú, Luis Alberto Otárola, además del vicepresidente de China, Wang Qishan.
Nueva regla fiscal
Tras asumir como ministro de Hacienda, Fernando Haddad se comprometió a enviar al Congreso la nueva regla fiscal para las cuentas públicas en el primer semestre de 2023. Según Haddad, el nuevo marco debe cumplirse.
“Asumo con todos ustedes el compromiso de enviar, aún en el primer semestre, al Congreso Nacional, la propuesta de una Nueva Ancla Fiscal, que ordene las cuentas públicas, que sea confiable y, principalmente, respetada y cumplida”, dijo el ministro.
La ceremonia de toma de posesión tuvo lugar la mañana de este lunes en el Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), donde también tenía su sede el gobierno de transición.
Otro punto de política económica planteado por Haddad fue la democratización del acceso al crédito. Según el ministro, “la prioridad es social: generar empleos, oportunidades e ingresos”.
“Vamos a democratizar nuevamente el acceso al crédito, como en 2003, cuando Brasil vivió un período de gran expansión crediticia, con responsabilidad”, señaló.
Haddad concluyó destacando que el equipo económico trabajará para combatir la inflación, centrándose en la creación de empleos y aumentos salariales. “No estamos aquí para aventuras. Estamos para que el país vuelva a crecer para atender las necesidades de la población en salud, educación, en el ámbito social y, al mismo tiempo, garantizar el equilibrio y la sostenibilidad fiscal”, aseguró.
El ministro de Hacienda dijo este lunes que las medidas de última hora del gobierno de Bolsonaro le costarán a la gestión de Lula entre 10.000 millones y 15.000 millones de reales (entre US$ 1.873 millones y US$ 2.809 millones). Este impacto ya está dado y no depende de la revocación de ningún acto, como lo que ya ha comenzado a hacer el Ejecutivo, destacó el diario O Globo.
“(El impacto es) entre 10.000 millones y 15.000 millones. Considerando lo que imaginamos hoy es irrecuperable, a menos que haya una suspensión de las medidas por parte del Poder Judicial”, dijo Haddad luego de asumir el cargo. “El daño está hecho”.
