Las protestas regresan este miércoles a Perú con una gran marcha convocada en Lima para exigir otra vez la renuncia de la Presidenta Dina Boluarte y de los congresistas, que se prevé que sea la reanudación de las movilizaciones de oposición que agitaron el país a inicios de año y que dejaron 67 muertos y 1.900 heridos.
La nueva convocatoria a manifestarse, cuya duración no ha sido anunciada por los organizadores de la protesta, busca presionar para que haya una salida de las autoridades actuales. Con una impopularidad que supera el 80% en el caso de la mandataria y del 90% para los legisladores, de acuerdo a un estudio de opinión ciudadana a nivel nacional de la firma CPI publicado el lunes, Boluarte hizo un llamado a la unidad de los peruanos ante la convocatoria de una decena de organizaciones sociales, incluidos sindicatos y federaciones de estudiantes.
Acompañada de los miembros del Gabinete Ministerial, Boluarte dijo esperar que la marcha sea realice de forma pacífica, sin actos de violencia y sin que ocurran sucesos que puedan generar caos o crisis. “Esperamos todos los peruanos que amamos la patria que esta movilización de mañana (miércoles 19 de julio) sea dentro del marco constitucional, que sea una marcha pacífica, sin generar violencia, caos o crisis, sin querer protagonizar un anarquismo”, expresó.
“En el país, todos los peruanos somos testigos que este Gobierno, desde el primer minuto, solo se ha dedicado a resolver minuto a minuto los problemas que a la patria aquejan”, añadió. Boluarte consideró, en ese sentido, que la mejor forma de llegar a acuerdos concretos y ejecutarlos “es con el diálogo, con la palabra y el respeto”.
“Hagamos como política de la sociedad el respeto mutuo, el saber entenderse y conversar de manera hermanada, porque cuando gritamos no nos escuchamos, pero cuando conversamos sí nos oímos, y de ese oír llegamos a acuerdos pacíficos valederos y duraderos en el tiempo”, enfatizó.
La presidenta llamó a los dirigentes que convocaron a la marcha a sentarse a dialogar para analizar sus demandas y encontrar soluciones a sus principales reclamos. “Respetamos las marchas de protestas pacíficas, pero también les decimos: actos de violencia no se van a permitir. Quiero hacer un llamado a la Fiscalía, Defensoría del Pueblo, Procuradurías, a que estén acompañando durante la marcha para que podamos garantizar que estas sean pacíficas, que no violenten con el derecho ajeno, tenemos que saber respetar”, manifestó.
Finalmente, dijo que tampoco se puede permitir que los efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) sean agredidos durante la movilización, “porque ellos también son personas del pueblo como todos nosotros, de todas las sangres”.
Las protestas contra Boluarte, entonces vicepresidenta, empezaron el 7 de diciembre del año pasado cuando ella asumió el poder tras la destitución de Pedro Castillo, quien intentó disolver el Parlamento para evitar una votación en su contra y terminó acusado y en prisión preventiva por el presunto delito de rebelión. Más de dos meses de manifestaciones, principalmente en los Andes pero también en la capital, dejaron 49 civiles muertos en choques con las fuerzas de seguridad y 11 más en accidentes de tránsito o bloqueos de vías relacionados con la protesta, así como siete uniformados fallecidos.
Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos así como varias organizaciones no gubernamentales, como Human Rights Watch y Amnistía Internacional, mostraron su preocupación por el uso excesivo de la fuerza de los cuerpos de seguridad. Las autopsias determinaron que 30 del casi medio centenar de víctimas civiles murió por proyectil de arma de fuego.
El gobierno de Boluarte acusó a inicios de año al narcotráfico, la minería ilegal y al contrabando de ser los financistas de las protestas antigubernamentales, pero al momento no ha mostrado ninguna evidencia. La mandataria es investigada por la Fiscalía, junto a varios miembros de su gabinete, por las muertes en las manifestaciones. Frente a los pedidos ciudadanos para que renuncie, la jefa del Ejecutivo dijo en junio que no dimitirá y gobernará hasta 2026. Aunque varias iniciativas de adelanto electoral, incluidas del oficialismo, fueron rechazadas por el Congreso.
Fuertes medidas de seguridad
Las autoridades ya se encuentran tomando medidas de seguridad de cara a las movilizaciones. La plaza mayor de Lima, ubicada frente al palacio presidencial, quedó aislada y enrejada en medio del enojo de comerciantes, turistas extranjeros y transeúntes que tenían que rodearla para llegar a bancos, tiendas de chocolates, cafés y otros sitios históricos, indicó la agencia The Associated Press.
Está previsto que la protesta congregue hasta 4.000 manifestantes, según cálculos de la policía. La Municipalidad de Lima y la Policía Nacional entregaron detalles de las medidas que se han tomado y se piensan implementar de cara a lo que se ha denominado como la “Tercera Toma de Lima”.
En las entradas norte y sur de la capital, los agentes revisan desde la semana pasada los documentos de identidad de los pasajeros de buses que llegaban a Lima desde los Andes, luego de que grupos de manifestantes de diversas regiones indicaran que estaban viajando a la capital para protestar. El gobierno también extendió por 30 días la suspensión de derechos constitucionales en vías claves de Perú, incluido el derecho a la libre reunión, para evitar posibles bloqueos carreteros.
Asimismo, el teniente alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, dispuso que se cuenta con un número importante de cámaras tanto en el Cercado de Lima como en toda Lima Metropolitana, la cuales, dijo, serán de mucha utilidad para poder identificar a los manifestantes que realicen actos violentos durante la marcha. En esa línea, afirmó que los medios de comunicación podrán tener acceso a estas imágenes para su posterior difusión.
“Nosotros hemos tenido, desde hace varios meses, la política de compartir las imágenes de las cámaras de videovigilancia con los medios de comunicación. Esto es para que se puedan usar y difundir, sin ningún tipo de condición, las imágenes que se registren en las cámaras”, sostuvo.
En tanto, el general PNP Roger Pérez, jefe de la Región Policial Lima, señaló que hasta el momento no hay un dirigente que asuma la responsabilidad de la marcha y que no se conoce la ruta exacta que recorrerán los manifestantes, pero precisó que se tienen identificados 28 puntos donde posiblemente se concentren los manifestantes.
De éstos, sostuvo que cinco son los más importantes y ahí es donde habrá un mayor resguardo policial. Se trata del Congreso de la República, la Plaza de Armas (Palacio de Gobierno), Plaza San Martín, el cruce de las avenidas Abancay y Nicolás de Piérola y la Plaza Bolognesi.
Reggiardo informó que el municipio capitalino, en el ámbito del Cercado de Lima, dispone de un total de 196 cámaras de videovigilancia. Resaltó que además se cuenta con otras 3 mil cámaras interconectadas en varios distritos de Lima Metropolitana, a las cuales tiene acceso la Policía Nacional para el monitoreo a través de la Central 105. El fin es registrar en tiempo real lo que ocurra en las calles y principales avenidas por donde se desplace la marcha.
En tanto, señaló que se ha instalado un software en gran parte de estas cámaras para que puedan trabajar con inteligencia artificial y así detectar aglomeraciones con fines violentos y personas buscadas entre la multitud.
“Son 196 cámaras en el Cercado de Lima y todas están operativas. En lugares sin presencia de cámaras vamos a tener el servicio de sobrevuelo de drones. En cuanto al uso de la inteligencia artificial, es para cruzar información con la base de datos de ‘Los más buscados’ del Ministerio del Interior, información que es de “dominio público”. Descartamos que se esté violando el derecho de protección a la intimidad o confidencialidad de las personas. Es una base de datos de más de mil personas que hemos estado abasteciendo a nuestro sistema de identificación facial”, sostuvo Reggiardo.
El jefe de la Región Policial Lima dijo que en total serán 8 mil policías quienes resguardarán el orden en todo Lima. Se contará, demás, con una reserva adicional de 3 mil agentes. “Todos ellos debidamente capacitados y entrenados en el manejo de control de disturbios. El equipamiento que se utilizará es el que se rige por las normas nacionales e internacionales. No vamos a usar armas de guerra, ni armas de fuego, solo elementos disuasivos. De ninguna manera vamos a hacer uso de algún material de forma indiscriminada, solo de aquellos que nos permita la norma”, aseguró.
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