Ira, rabia, enojo e impotencia en España. Todos esos sentimientos desató la decisión de la sala de la Audiencia Provincial de Navarra, de poner en libertad provisional bajo fianza de 6.000 euros, a los cinco condenados por abusar sexualmente de una joven en las fiestas de San Fermín en 2016, más conocidos como La Manada.
La noticia provocó hoy el inicio de una nueva ola de protestas ante la indignación de las españolas, que a través de organizaciones feministas convocaron para este viernes a masivas manifestaciones en Pamplona y todo el país.
El grito "no es abuso, es violación", se volvió a repetir en España, a propósito de la polémica del pasado 26 de abril, por la sentencia que condenaba a La Manada, por abusos y no por violación, planteando en el terreno político la necesidad de revisar el Código Penal para ese tipo de delitos.
Las consignas
"Somos mujeres: no vamos a parar", se leía en una gran pancarta desplegada en Pamplona, la ciudad en la que tuvo lugar la violación grupal y en la que hoy se corean consignas como "no es no, lo demás es violación"; "hermana, yo si te creo" o "basta ya de justicia patriarcal". Las mismos gritos se repitieron a lo largo de Barcelona, Zaragoza o Bilbao.
Pero a pesar de salir en libertad bajo fianza, a los cinco condenados se les impusieron medidas cautelares, como la obligación de comparecer tres días a la semana en el juzgado correspondiente de su localidad de residencia y se les prohibió entrar a Madrid, donde reside la víctima, al igual que toda comunicación con ella.
Igualmente, se les quitará el pasaporte y se les prohibirá salir de España sin autorización judicial.
Sin embargo, según Agustín Martínez, abogado de los cinco condenados, están "absolutamente contentos con la posibilidad de volver a regularizar sus vidas" y "obviamente" todos ellos volverán a Sevilla (su ciudad origen) para "esperar" una resolución firme.
Desde el gobierno socialista español decidieron no emitir juicio de valor sobre el fallo a la espera de conocer más detalles del caso. Pero instituciones y partidos políticos mostraron su rechazo por la puesta en libertad de La Manada, al tiempo que la administración de Navarra anunció que presentará un recurso por la decisión del tribunal calificándola como un hecho de "extrema gravedad".
