Unas 1.000 personas irrumpieron el sábado en el Congreso de Guatemala y quemaron parte de sus instalaciones en medio de protestas contra el presidente Alejandro Giammattei y el Poder Legislativo por la aprobación de un presupuesto general de la nación para el próximo año que redujo fondos para la educación, salud y lucha por los derechos humanos.
Según reporta AP Los hechos de violencia tuvieron lugar en momentos en que unas 7.000 personas se manifestaban frente al Palacio Nacional como parte de una protesta convocada anticipadamente.
“Nos indigna la pobreza, la injusticia, cómo se han robado el dinero del pueblo”, señaló Rosa de Chavarría, profesora de psicología de la universidad pública de San Marcos de Guatemala.
Los bomberos dijeron que una parte importante de la sede del Congreso fue consumida por el fuego, específicamente la sección adonde ingresan las propuestas de ley.
De acuerdo con reportes de los medios, se registraron varios heridos e intoxicados por los gases lacrimógenos lanzados por la policía y el humo de las llamas dentro del edificio legislativo.
La protesta también se dirigía contra la Corte Suprema de Justicia por tramitar el retiro de inmunidad a magistrados constitucionales, que con sus fallos han frenado varios intentos de políticos por detener la lucha contra la corrupción e impunidad, señala AP. Asimismo contra la fiscal general Consuelo Porras por haber solicitado el retiro de inmunidad de los magistrados constitucionales y su falta de acción en persecución penal en algunos temas de corrupción, según los críticos.
Lo que colmó la paciencia de la ciudadanía guatemalteca fue el manejo que se le dio a la discusión del presupuesto en el Congreso, que terminó aprobando unos 12.700 millones de dólares la madrugada del miércoles mientras la población dormía.
El presupuesto aprobado por 116 de 160 diputados en el Congreso, entre diputados oficialistas y aliados, redujo dinero en temas para la atención primaria a pacientes de COVID-19, educación, lucha por los derechos humanos, la atención a nutrición, entre otros. En contraste, fortaleció ministerios como Infraestructura y Vivienda, que presuntamente han sido focos para hechos de corrupción.
En 2015 diversos sectores de la sociedad guatemalteca salieron a las calles de forma pacífica en rechazo a las denuncias de corrupción en el gobierno del general Otto Pérez Molina. Las protestas llevaron a la renuncia de Pérez Molina, de su vicepresidenta Roxana Baldetti y de los miembros de su gabinete. Tanto el exmandatario como Baldetti están presos a la espera de juicios por varios casos de corrupción.
