“De simple figura a hombre bomba”. En septiembre pasado, Paulo José Cunha, columnista del portal Congresso em Foco, describía así a Mauro Cid, exayudante de órdenes del expresidente brasileño Jair Bolsonaro, con motivo de la información que el teniente coronel –a través del mecanismo de la delación compensada- podría entregar en la investigación sobre la tentativa golpista del 8 de enero de 2023.
En su cuarta declaración como parte del acuerdo de culpabilidad que firmó con la Policía Federal, que duró nueve horas y alcanzó la madrugada de este martes, Cid detalló que su exjefe quería seguir siendo mandatario, incluso, después de ser derrotado en las urnas por el actual gobernante Luiz Inácio Lula da Silva.
“Según los investigadores, Cid afirmó que los entornos de Bolsonaro objeto de la operación golpista -exasesores y militares- y el propio expresidente ya habían sido advertidos de que no había fraude en las máquinas de votación electrónica, y que el sistema era completamente confiable y seguro. Aun así, según Cid, continuaron reuniéndose y planeando un golpe de Estado”, escribió Camila Bomfim, columnista del portal G1 de Globo.
“Quienes siguieron el testimonio dicen que el exayudante de campo de Bolsonaro denunció que, a pesar de haber sido advertido, el grupo continuó con narrativas porque desacreditar al sistema era la única manera de apoyar el golpe”, agrega Bomfim, quien recuerda que se trató de la séptima declaración de Cid ante la Policía Federal (la primera de ellas el 3 de mayo de 2023), si bien en tres ocasiones no habló.
El militar de 44 años aparece como un nodo central del intercambio de informaciones entre los sospechosos de la trama golpista. Tras cuatro meses en prisión por falsear su cartilla de vacunación contra el Covid y la de Bolsonaro para poder viajar juntos a EE.UU. tras la derrota electoral, el teniente Cid decidió hablar. Esa es la valiosa munición con la que la policía acusa al expresidente y al resto de los sospechosos.
En septiembre pasado, Cid abandonó la prisión militar de Brasilia en la que ingresó en mayo y se trasladó a una urbanización de viviendas para uniformados en la capital. El juez que autorizó su excarcelación, el magistrado con superpoderes Alexandre de Moraes, le impuso entonces varios requisitos, como usar una tobillera electrónica, comparecer semanalmente en el juzgado, tiene prohibido comunicarse con otros investigados, y usar redes sociales. Quedó también temporalmente apartado de sus funciones en el Ejército, pero mantiene su salario de 27.000 reales mensuales (casi 5.500 dólares), informó por entonces el diario El País.
Al citar círculos relacionados con las investigaciones, el diario Correio Braziliense indicó Cid afirmó en su última declaración que no participó en una reunión de contenido golpista realizada por Bolsonaro con ministros de Estado de su gobierno en 2022. Pero, destacó, que se encontró con los entonces comandantes del Ejército, Marco Antonio Freire Gomes; de la Marina, Almir Garnier; y de la Aeronáutica, Baptista Junior.
Según Prensa Latina, Cid aseguró también que, en la ocasión, fue presentado un borrador golpista, el cual invalidaría el resultado de las elecciones y arrestaría autoridades, como el ministro Alexandre de Moraes, presidente del Tribunal Superior Electoral.
El exayudante vigorizó las declaraciones anteriores, en las cuales destacó haber sido informado de que Bolsonaro presionó a comandantes para perpetrar el intento de golpe del 8 de enero de 2023 y detalló lo operacional del esquema.
Se espera que la investigación sobre el caso se cierre en junio y, a partir de ahí, tenga anuencia de la Procuraduría General de la República. La expectativa es que eso ocurra y el Supremo Tribunal Federal pueda abrir un proceso penal e iniciar el juicio de los involucrados. En caso de condena, las penas podrán fijarse hasta finales de año.
La manera en que Bolsonaro utilizó su cargo durante la campaña por su reelección, en 2022, le ha valido hasta ahora dos condenas por abuso de poder que lo inhabilitan a postularse a cargos electivos hasta 2030.
La primera fue emitida el 30 de junio y se debió a que durante su mandato convocó a embajadores de decenas de países a un inusual encuentro en Brasilia para denunciar ante ellos, sin presentar pruebas, supuestas debilidades del sistema electoral que se utiliza en el país.
La segunda condena, aprobada en noviembre por el Tribunal Superior Electoral por cinco votos contra dos, apunta al uso con fines electorales de los actos del 7 de septiembre, cuando se conmemora el Grito de Ipiranga, la independencia de Brasil. En 2022, cuando esa fecha cayó en plena campaña electoral, Bolsonaro modificó la celebración convirtiéndola en un acto político, según la conclusión a la que llegó la corte.
Pese a su situación judicial, Bolsonaro protagonizó un acto en Sao Paulo el 25 de febrero pasado, rechazando su inhabilitación política y subrayando la importancia de la inclusión de opositores en el escenario político. “No podemos aceptar que un poder elimine del escenario político a quien quiera que sea, a no ser por un motivo justo. No podemos pensar en elecciones apartando a los opositores”, afirmó el líder ultraderechista.
