Autoridades mexicanas han comenzado a construir refugios de tiendas de campaña gigantes en Ciudad Juárez para prepararse ante la posible afluencia de mexicanos deportados bajo las deportaciones masivas prometidas por el presidente estadounidense Donald Trump.
Los albergues temporales en Ciudad Juárez tendrán capacidad para miles de personas y deberán estar listos en cuestión de días, afirmó el funcionario municipal Enrique Licón.
“Es sin precedente”, dijo Licón el martes por la tarde, mientras trabajadores descargaban largos armazones metálicos de remolques de tractores estacionados en los grandes patios vacíos del Río Grande, que separa la ciudad de El Paso, Texas.
Las tiendas de campaña en Ciudad Juárez son parte del plan del gobierno mexicano para preparar refugios y centros de recepción en nueve ciudades del norte de México.
Las autoridades del sitio proporcionarán a los mexicanos deportados alimentos, alojamiento temporal, atención médica y asistencia para obtener documentos de identidad, según un documento del gobierno que describe la estrategia, llamada “México te abraza”.
El gobierno también planea tener lista una flota de buses para transportar a los mexicanos desde los centros de recepción a sus lugares de origen.
Trump ha prometido llevar a cabo la mayor operación de deportación en la historia de Estados Unidos, que expulsaría a millones de inmigrantes. Sin embargo, una operación de esa escala probablemente llevaría años y sería enormemente costosa.
Casi cinco millones de mexicanos viven en Estados Unidos sin autorización, según un análisis del centro de estudios mexicano El Colegio de la Frontera Norte (Colef) basado en datos recientes del censo estadounidense.
Muchos de ellos proceden de zonas del centro y sur de México asoladas por la violencia y la pobreza. Unos 800,000 mexicanos indocumentados en Estados Unidos son de Michoacán, Guerrero y Chiapas, según el estudio del Colef, donde las encarnizadas batallas entre grupos del crimen organizado han obligado a miles de personas a huir en los últimos años, a veces dejando a pueblos enteros abandonados.
Advertencia de Sheinbaum
En tanto, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dijo el miércoles que el país latinoamericano no ha aceptado recibir en su territorio a migrantes solicitantes de asilo en Estados Unidos, un día después de que el mandatario estadounidense, Donald Trump, anunciara el restablecimiento de un programa para tal fin.
El martes, la administración de Trump informó sobre la restitución del programa “Quédate en México”, una iniciativa terminada por su predecesor Joe Biden que obligaba a los solicitantes de asilo no mexicanos a esperar en el país latinoamericano la resolución de sus casos en Estados Unidos.
“Para que haya un acuerdo de tercer país (seguro) tiene que haber una firma del país (que acepte recibir a los migrantes)”, dijo Sheinbaum durante su habitual rueda de prensa matutina.
“Y nosotros, en este caso, lo que estamos haciendo es (...) ofrecer una atención humanitaria (a migrantes retornados desde Estados Unidos) y se les ofrece que, si de manera voluntaria quieren regresar a sus países, existen mecanismos para ser repatriados”, explicó la mandataria.
El lunes, Trump volvió a la Casa Blanca prometiendo seguir adelante con medidas agresivas de seguridad fronteriza, incluida la reinstauración del programa “Quédate en México”, anteriormente conocido como Protocolos de Protección a Migrantes (MPP, por su sigla en inglés).
El republicano lanzó el programa en 2019 durante su primer mandato. Sus funcionarios dijeron que disuadiría de solicitudes de asilo fraudulentas, mientras que los defensores de derechos humanos aseguraron que ponía en peligro a los migrantes vulnerables, incluidas las familias con niños pequeños.
Biden puso fin al programa en 2021, argumentando que los migrantes estaban siendo abandonados en condiciones precarias y peligrosas en el lado mexicano de la frontera.
Sheinbaum dijo también el miércoles que su canciller, Juan Ramón de la Fuente, y el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, iniciaron contactos en la víspera con una conversación “muy cordial” en la que hablaron de migración y seguridad.
Despliegue militar
Pese a ello, el Ejército de Estados Unidos se está preparando para enviar alrededor de 1.000 soldados adicionales en servicio activo a la frontera con México, dijo un funcionario estadounidense, apenas dos días después de que el presidente Donald Trump firmara una orden ejecutiva sobre inmigración.
El funcionario, que habló bajo condición de anonimato, no detalló cuándo se desplegarían las tropas. Pero se unirían a miles de integrantes activos de la Guardia Nacional que ya están en la franja limítrofe.
Asimismo, el gobierno del presidente Trump ordenó a los fiscales federales que investiguen penalmente a los funcionarios estatales y locales que intenten resistirse a sus esfuerzos de aplicación de la ley de inmigración, según un memorando al personal del Departamento de Justicia visto por Reuters.
“La ley federal prohíbe a los actores estatales y locales resistirse, obstruir o incumplir de otro modo las órdenes y solicitudes legales relacionadas con la inmigración”, reza el memorando, cuyo autor es Emil Bove, el vicefiscal general en funciones, designado por Trump.
El memorando, fechado el martes, señala una postura agresiva sobre las políticas de inmigración de línea dura de Trump por parte del Departamento de Justicia y plantea la perspectiva de cargos penales para aquellos que puedan interferir.
Dice que los funcionarios estatales y locales que se resistan u obstruyan la aplicación de la ley de inmigración podrían ser acusados en virtud de las leyes federales que prohíben defraudar a los Estados Unidos o albergar a inmigrantes que están en los Estados Unidos ilegalmente.
Si los fiscales optan por no presentar cargos penales tras esas investigaciones, deberán alertar a la dirección del Departamento de Justicia, según el memorando.
El memorando también restableció una política que se remonta al primer gobierno de Trump, que ordena a los fiscales acusar delitos de inmigración que podrían desencadenar la pena de muerte o sentencias mínimas obligatorias.
Bove dijo a los empleados del Departamento de Justicia que la directiva es una forma de hacer cumplir la avalancha de órdenes ejecutivas que Trump firmó sobre inmigración ilegal en su primer día en el cargo.
Trump, que hizo campaña con la promesa de deportaciones masivas, designó la inmigración ilegal como una emergencia nacional y encargó a las Fuerzas Armadas estadounidenses que ayudaran a una seguridad más amplia.
Bove también citó las amenazas que suponen las bandas internacionales y los cárteles de la droga.
“Es responsabilidad del Departamento de Justicia defender la Constitución y, en consecuencia, ejecutar legalmente las políticas que el pueblo estadounidense eligió al presidente Trump para implementar”, señala el memorando.
