Milei entrega a Lula lista de 86 bolsonaristas fugitivos en Argentina que huyeron tras el ataque del 8/1 a Brasilia

A 10 días de que la administración del Presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, solicitara a Argentina oficialmente la entrega de la lista de 86 ciudadanos brasileños que, estando investigados por la Justicia, condenados o en calidad de fugitivos, huyeron al citado país, finalmente el gobierno de Javier Milei accedió a la petición.

Se trata de 86 nombres acusados de participar en los ataques a los tres poderes del Estado de Brasil durante el último cambio de mando, donde una horda de personas se lanzó contra los edificios institucionales del gigante sudamericano el 8 de enero de 2023, en Brasilia.

Fue la Cancillería trasandina la que le proporcionó la lista a las autoridades brasileñas. Si bien el Palacio de Planalto solicitó los datos de 143 personas que habrían quebrado las medidas cautelares -como arrestos domiciliarios, el no uso de tobilleras electrónicas, cambiar de domicilio sin comunicarlo o no comparecer en los juzgados- y se habrían dirigido a Argentina a intentar encontrar refugio, las autoridades de este último país dieron cuenta de 86, según el registro de la Dirección Nacional de Migraciones.

La cercanía geográfica entre ambas naciones vecinas, sumado a las facilidades del Mercosur, hicieron de nuestro vecino el destino ideal para muchos de los prófugos en la dura causa judicial levantada para perseguir a los instigadores del ataque de enero de 2023. Además, hay un factor político a considerar: el expresidente brasileño Jair Bolsonaro, a quien defendían bajo el probadamente falso argumento de que le habían robado la elección ante Lula, es aliado directo del actual mandatario argentino, Javier Milei.

Se sospecha, de hecho, que muchos de los que aparecen en el documento ya solicitaron ser reconocidos como refugiados, lo que forzaría al gobierno trasandino a no entregar los nombres a Brasil, según indica la ley de confidencialidad. Esto podría chocar con las intenciones de la principal economía latinoamericana, que, según el portal de noticias brasileño G1, buscará la extradición de estas personas.

Hace más de una semana que la Justicia brasileña había pedido de manera oficial el detalle de los más de 100 nombres que está buscando. Tras recibir el documento, la Cancillería del país lo entregó en el despacho del juez del Tribunal Supremo Federal, Alexandre de Moraes, persona encargada de los procesos por el ataque golpista en el que incluso se investiga al expresidente Bolsonaro, así como a varios militares de alto rango y exministros del gabinete.

Según el diario Folha de Sao Paulo, se estima que si bien fueron más de 80 los nombres que les hicieron llegar las autoridades argentinas a las brasileñas, son muchos más los que se encontrarían en tierras vecinas. Además, cerca de una decena ya se habría marchado del país.

Las gestiones diplomático-judiciales se dan en el marco de una investigación mayor en Brasil, quienes se han tomado muy seriamente lo relativo al intento de golpe de Estado, calificándolo como un ataque a la democracia misma.

El 6 de junio, la Policía Federal de Brasil llevó adelante una operación en numerosos estados del país con el objetivo de detener a 209 personas acusadas de haber intentado “eludir la aplicación de la ley penal”, consignó la prensa local, todo en el marco de la Operación Lesa Pátria. Se trató de la ejecución de medidas judiciales dictadas por el Supremo Tribunal Federal (STF) en 18 estados y en el Distrito Federal, detalló G1.

Sin embargo, el éxito del procedimiento culminó con relativa austeridad: solo 50 fueron apresados. El resto, señaló la prensa, podría haberse fugado a Argentina, pero también a Uruguay o Paraguay, los tres países de fácil acceso fronterizo. El portal de noticias G1 planteó que se espera que sean al menos 180 los acusados que se encuentran en otros países de la región. Esto, según Ricardo Saadi, director de la lucha contra el crimen organizado que participó en los operativos de principios de junio.

Luego, llegaría la petición a Argentina para la entrega de los nombres. A Uruguay o Paraguay, en cambio, no se le ha solicitado lo mismo de momento. G1 añadió que la demora en la entrega de información sobre el paradero de los brasileños en Argentina se podría deber a que la Casa Rosada debió analizar caso por caso, una a una, las solicitudes, ya que la petición no se hizo por un grupo unificado.

Todavía no se detalla el papel que tuvieron los fugitivos brasileños en el ataque de enero de 2023, uno muy similar en estética, método y trasfondo al ocurrido en 2021 en Estados Unidos, donde centenares de trumpistas llegaron al Capitolio, en Washington, clamando que le habían robado -nuevamente, sin pruebas hasta ahora- la elección a Donald Trump. Según El País, sin embargo, todos los solicitados por la Justicia estarían involucrados, ya sea como participantes activos de la invasión del Congreso, del Tribunal Supremo y del Palacio de Planalto, o como financiadores o incentivadores del mismo.

Según G1, ninguno de los localizados por las autoridades argentinas pasaron por controles de inmigración. De hecho, algunos de ellos ingresaron escondidos en los maleteros de vehículos, otros lo hicieron por un puente fronterizo o cruzando el río Paraná. Todas las fugas, añadió el medio, se produjeron durante 2024.

La gran interrogante fue sobre la cercanía entre el actual mandatario argentino, Javier Milei, y Jair Bolsonaro, el expresidente brasileño. Basta con retroceder unos meses, a la asunción del primero, donde no estuvo presente Lula da Silva, el Presidente del gigante latinoamericano, pero sí lo estuvieron -y en puesto preferencial- tanto Jair como Eduardo Bolsonaro, el hijo y diputado del exmandatario.

La relación de Milei y Lula no ha sido nunca buena. De hecho, se puede calificar sin miedo a errar como mala. Previo a la llegada del libertario a la Casa Rosada, este calificó a su ahora par de “comunista y corrupto”, y amenazó con cortar lazos entre ambas naciones, pese a que Brasil es uno de los principales socios económicos de Argentina.

En la misma línea, y durante el último encuentro en el que coincidieron, ambos mandatarios decidieron ignorarse de lleno. Aunque difícilmente se repita durante el próximo evento en el que estén los dos presentes, puesto que el próximo 8 de julio se realizará la cumbre de líderes del Mercosur, en Asunción.

Es por eso que el miércoles el portavoz de la presidencia argentina, Manuel Adorni, se encargó de responder a dichas dudas. En conferencia de prensa con medios locales, el funcionario libertario aseguró que no existe ningún pacto de impunidad entre Javier Milei y Jair Bolsonaro.

“Nosotros no hacemos pactos de impunidad con absolutamente nadie, vos te referiste a Bolsonaro; no, no lo hacemos ni lo haremos jamás con nadie, y, por otro lado, es un tema judicial. La justicia tomará las medidas correspondientes cuando llegue el momento de tomarlas y las respetaremos como respetamos cualquier decisión judicial, punto”, dijo el representante de la Casa Rosada.

Sin embargo, el periódico argentino Clarín aseguró que, aunque el gobierno no lo pueda confirmar, se sabe entre pasillos que la mayoría -y posiblemente la totalidad- de los que aparecen en la lista de 86 bolsonaristas habrían pedido refugio político ante la Comisión Nacional de Refugiados (Conare). Este es el organismo que se encarga de tramitar las solicitudes de asilo y refugio en el país vecino. La información sobre quiénes la pidieron es confidencial.

Además, el lunes, la canciller Diana Mondino publicó un tuit que entusiasmó al bolsonarismo en donde sostiene que “Argentina será santuario para aquellos siendo perseguidos por ejercer su libertad de expresión. Cualquier ciudadano de bien encontrará protección en nuestro suelo y embajadas. Especialmente aquellos periodistas siendo intimidados por el mero hecho de preguntar e informar”. Sin embargo, luego aclararon extraoficialmente que los dardos iban para Pedro Sánchez, el jefe del Ejecutivo español, con quien Milei mantiene una áspera disputa.

Ejemplo de la cercana relación entre Milei y el clan Bolsonaro es que, a fines de mayo, Eduardo Bolsonaro y otros parlamentarios del sector estuvieron en Argentina, puntualmente en la Cámara de Diputados, pidiendo interceder por los prófugos que su sector califica como “perseguidos políticos”.

Lo cierto es que en Brasil el calificativo de quienes invadieron los edificios de los tres poderes del Estado es materia de debate. Gran parte de la población, detalló una encuesta realizada por la empresa Datafolha en marzo pasado, lo ve más como meros actos vandálicos antes que como un golpe de Estado. En la misma línea, dos de cada tres consultados se posicionan en el primer grupo, y uno de cada tres en el segundo, detalló el sondeo.