Decenas de miles de bielorrusos volvieron a desafiar este domingo la feroz represión del régimen bielorruso para protestar contra la reelección de Alexander Lukashensko en las calles Minsk, donde las fuerzas del orden acordonaron el centro de la ciudad y los blindados protegían lugares estratégicos.
Según la organización de defensa de los derechos humanos Viasna, al menos 37 personas fueron detenidas al margen de esta manifestación.
Ante un presidente que descarta cualquier diálogo, los opositores volvieron a las calles de Minsk para protestar contra la elección presidencial del 9 de agosto, que consideran fraudulenta, y reclamar nuevas elecciones pese a la brutal represión de las manifestaciones que se han sucedido desde entonces.
Lukashenko, que denuncia un complot occidental desde el inicio de estas protestas, ha recurrido al apoyo de Moscú, que parece dispuesto a brindárselo, como lo demuestra la visita esta semana a Minsk del primer ministro ruso, Mijaíl Mishustin.
Esta semana estuvo marcada por la severa respuesta de las autoridades a las manifestaciones de estudiantes, con detenciones de éstos y de periodistas.
Desde el inicio del año escolar, el 1 de septiembre, los estudiantes se pusieron en huelga y llevaron a cabo varias acciones con los colores rojo y blanco de la oposición para denunciar el poder de Lukashenko, que dirige el país con mano de hierro desde hace 26 años.
El sábado, unas 4.000 personas se manifestaron por las calles de Minsk y 91 fueron detenidas, según el ministerio del Interior de Bielorrusia.
“Recuerden que somos fuertes mientras estemos unidos”, declaró en un breve mensaje de vídeo la líder de la oposición, Svetlana Tijanóvskaya, refugiada en Lituania y que se considera ganadora de las elecciones.
Fue tras su llamado, los bielorrusos se reúnen todos los domingos en Minsk para expresar su oposición a Lukashenko.
Estas manifestaciones históricas reunieron a más de 100.000 personas, un récord en la historia del país.
El viernes, Tijanóvskaya pidió a la comunidad internacional sanciones contra el régimen de Lukashenko y el envío de una misión de la ONU para “documentar” las violaciones de derechos humanos, la represión de las manifestaciones que han dejado tres muertos y decenas de heridos, así como las denuncias de numerosos casos de tortura y malos tratos.
