Miles de personas salieron a protestar en las calles de la capital peruana, Lima, para pedir al Poder Judicial del país una nueva Constitución y el cierre del Congreso, mostrando así su apoyo al Gobierno de Pedro Castillo.

En concreto, sindicatos y organizaciones sociales han acudido a la manifestación denominada “La toma de Lima” para mostrar su rechazo a las vacancias presidenciales promovidas por el Parlamento, presidido por el derechista José Williams Zapata, y para apoyar la gobernabilidad del país.

La convocatoria ha tenido lugar en medio de una polémica generada tras la propuesta del Ejecutivo de plantear que se anule una ley que limita la cuestión de confianza del Gobierno.

Esa prerrogativa permite al Parlamento hacer efectiva la responsabilidad política del Consejo de Ministros, o de los ministros por separado, lo que en los últimos meses ha llevado a la dimisión de varios ministros del Gobierno.

Sin embargo, el presidente del Congreso peruano rechazó la medida, acusando al Consejo de Ministros de Pedro Castillo de estar intentando cerrar el Parlamento.

“Yo creo, y lo digo a nombre de la Mesa Directiva, que esta es una provocación del Ejecutivo, una provocación más que está haciendo el Ejecutivo en la situación en la que se encuentra: preocupado, desesperado, recurriendo a situaciones como esta, así como la de la Organización de Estados Americanos (OEA), donde desprestigia al Estado”, apuntó Zapata.

“Lo que creo es que el Ejecutivo pretende enfrentar al Congreso de la República, y que el Ejecutivo pretende cerrar al Congreso de la República (...). Revisar esta ley, que es constitucional, más bien rompería el equilibrio de poderes”, agregó.

El primer ministro peruano, Aníbal Torres, anunció este jueves de manera definitiva que presentará una nueva solicitud para reformar la moción de confianza, pese a que el titular de la Cámara, José Williams, lo haya rechazado.

La iniciativa del jefe de Gobierno busca que el Legislativo entre a debatir un proyecto impulsado por el Ejecutivo para la derogación de la normativa sobre la cuestión de confianza, mecanismo del que la oposición ha hecho uso en innumerables ocasiones desde la toma de posesión del presidente Castillo, en julio de 2021.