Los ministros de Exteriores de la Unión Europea debatirán este lunes la crisis en Gaza, con la creciente preocupación por la “catástrofe” que puede desencadenar la ofensiva israelí en Rafá, y tras la petición de España e Irlanda para actuar contra Israel en base al Consejo de Asociación que rige la relaciones entre el bloque y Tel Aviv.

En un momento de máxima preocupación por la situación en Rafá, donde se concentran 1,3 millones de palestinos desplazados de toda la Franja, los 27 se reúnen tras la carta del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el primer ministro irlandés, Leo Varadkar, para que la Comisión Europea revise el acuerdo con Israel para que se investigue si se están cumpliendo los puntos esenciales del mismo en materia de Derechos Humanos.

La suspensión de Acuerdo de Asociación, marco que rige las relaciones entre la UE e Israel, está en manos de los Estados miembro una vez lo proponga el Alto Representante para Política Exterior, Josep Borrell, o por el propio Ejecutivo comunitario, y su suspensión total requiere de unanimidad, mientras que cuestiones parciales como suspender aspectos comerciales haría falta una mayoría cualificada.

Más allá de una votación entre socios europeos que ahora mismo parece improbable, fuentes diplomáticas señalan que la iniciativa busca espolear el debate y conseguir que Israel permita la ayuda humanitaria a la Franja, se acabe los ataques a civiles gazatíes y lograr que la UE tenga una voz y un papel que jugar en este conflicto.

El paso de España e Irlanda se enmarca en el debate a 27 de cara a la cumbre de líderes de marzo, que estará centrada en temas de política exterior, y en la que el bloque quiere reformular su posición respecto a la guerra en Gaza. También están enquistadas las medidas punitivas contra colonos radicales israelíes implicados en episodios de violencia en Cisjordania, unas sanciones bloqueadas por Hungría y República Checa, y a las que Borrell espera que los ministros de Exteriores den un “empuje político” durante la cita.

Muerte de Nalvani

Además, la noticia del fallecimiento del opositor ruso Alexei Navalni ha sacudido al bloque europeo y la reunión del lunes en Bruselas será la primera oportunidad en la que los responsables de Exteriores de los 27 exhiban un frente común ante Moscú y pongan sobre la mesa nuevas medidas contra el régimen ruso por este caso.

La UE ha señalado directamente al presidente ruso, Vladimir Putin, como responsable de la muerte de Navalni, que cumplía condena en régimen de aislamiento en una prisión en la remota región de Yamalia-Nenetsia y, según ha reconocido un alto cargo de la UE, los Veintisiete pueden abrirse ya el lunes a ampliar la ‘lista negra’ de sancionados por su persecución tras su muerte.

En un mensaje en redes sociales, Borrell se refirió a Navalni como “un hombre muy valiente que dedicó su vida a salvar el honor de Rusia, dando esperanza a los demócratas y a la sociedad civil” y aseguró que, a falta de más información, este caso “es responsabilidad exclusiva de Putin”.

En la misma línea, el vicesecretario general del Servicio de Acción Exterior, Enrique Mora, afirmó en un encuentro con periodistas que el disidente ha sido “lentamente asesinado” por Putin, de quien dijo que ha “matado a todos sus adversarios políticos”.

Igualmente, los países de la UE trabajan para aprobar la 13ª ronda de sanciones contra Moscú por la agresión militar contra Ucrania, un paquete que ya está muy avanzado en los grupos técnicos y que, una vez salve algunas reticencias de Hungría, debería ver la luz a finales de la semana que viene coincidiendo con el segundo aniversario del ataque lanzado por Putin contra el país vecino.

En este caso, la propuesta es extender las sanciones a unas 250 personas responsables de la invasión y añadir a más empresas que contribuyen a la guerra de agresión, en especial entidades relacionadas con los drones que Moscú usa contra Ucrania.

También se añadirá a las sanciones a “algunas” empresas extranjeras que facilitan a Rusia eludir las sanciones europeas, uno de los aspectos más controvertidos de las medidas de la UE ya que implica señalar a empresas de terceros países.