La misión de investigación de la ONU sobre Venezuela advirtió de la “reactivación” de la represión en los últimos meses, marcados por un aumento de la detención de personas percibidas como opositoras al gobierno de Nicolás Maduro y por la restricción de derechos civiles y políticos.
La responsable de esta misión, Marta Valiñas, compareció este miércoles ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas para alertar de que, desde el mes de septiembre, en Venezuela se ha recuperado “la modalidad más violenta de represión por parte de las autoridades”, con el objetivo de “silenciar las voces” disidentes e inducir un “clima de temor e intimidación”.
En este sentido, denunció una “nueva ola de detenciones”, en gran medida vinculadas a “conspiraciones reales o ficticias” con las que, según los expertos, las autoridades buscan “amedrentar, detener y procesar” a personas contrarias al gobierno. Entre los casos examinados por el grupo figura el de la activista hispanovenezolana Rocío San Miguel, que también ha llevado aparejado acciones de intimidación sobre su familia.
Al respecto, el abogado chileno y miembro de la misión de investigación de la ONU sobre Venezuela, Francisco Cox, señaló: “En este último período de investigación hemos determinado que el gobierno está usando la inhabilitación de candidatos para restringir el espacio cívico y detener arbitrariamente a defensores de DD.HH. para silenciar cualquier crítica. El ejemplo más duro es el de Rocío San Miguel”.
Valiñas aseguró que las fuerzas de seguridad siguen perpetrando “graves violaciones de los Derechos Humanos”, hasta el punto de que la Guardia Nacional Bolivariana habría incurrido en crímenes internacionales. La Fiscalía, por su parte, “sigue operando como parte de la maquinaria represiva del gobierno para otorgar apariencia de legalidad a la persecución de las voces críticas”.
Todas estas medidas han llevado a que el espacio cívico y democrático sea “cada vez más frágil”, en opinión de los investigadores, que expusieron el caso de María Corina Machado, triunfadora de las primarias opositoras para las próximas elecciones venezolanas pero inhabilitada por los organismos chavistas.
“Estas acciones ponen en evidencia las graves dificultades que existen para garantizar que las próximas elecciones presidenciales se desarrollen de conformidad con el derecho a participar en los asuntos públicos previstos en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos”, lamentó Valiñas en su exposición ante el Consejo.
La misión, que lamenta “profundamente” la decisión del gobierno venezolano de expulsar a la misión técnica de la oficina de la ONU para los Derechos Humanos, recriminó también al Ejecutivo de Maduro su falta de colaboración, incidiendo en que los investigadores han solicitado “repetidamente” información y permisos para entrar en Venezuela “sin obtener respuesta”.
Un “panfleto partidista”, según Caracas
La jefa de la misión defendió la imparcialidad de los análisis de su grupo, pero para el Ministerio de Relaciones Exteriores venezolano se trata de “juicios parcializados con fines meramente políticos”. En este sentido, acusó a la misión de ser “cómplice de sectores extremistas que han promovido sanciones inhumanas (...) y han exhibido planes de asesinar su presidente y causar caos y destrucción” para elaborar “un panfleto partidista”.
Caracas negó por tanto lo que considera “acusaciones infundadas y mentiras” por parte de una misión “falsa y vergonzosa” e instó al Consejo de Derechos Humanos de la ONU a desestimar “inmediatamente” cualquier informe, así como a respetar los principios de imparcialidad y de “no injerencia” en asuntos internos, entre otros.
