En su segundo día de gira por China, el Presidente Sebastián Piñera salió al paso de las críticas surgidas por su viaje al país comunista liderado por Xi Jinping. Ante una consulta de la prensa, congregada a las afueras de la Universidad de Tsinghua de Beijing, donde poco antes había recibido el grado de honoris causa, el Mandatario defendió las relaciones diplomáticas con el gigante asiático. "Cada uno tiene el sistema político que quiera darse", afirmó, marcando un claro contraste con su postura sobre Venezuela, Cuba y Nicaragua, otros países cuestionados por su situación de DD.HH.
La declaración de Piñera no solo gatilló la respuesta de diversos sectores políticos en Chile (ver nota secundaria), sino también de representantes de organismos internacionales de derechos humanos. "¿Sabe el Presidente Piñera que desde el establecimiento de la República Popular China (PCCh) en 1949 a las personas en ese país se les han negado sistemáticamente los derechos a la participación política, la libertad de expresión y otros derechos básicos? Es difícil comprender su conclusión de que el actual sistema político en China es uno que 'el país' se ha 'dado a sí mismo'; a las personas no se les ha dado la oportunidad de elegir otra cosa que no sea el gobierno del PCCh", comentó a La Tercera Sophie Richardson, directora en China de Human Rights Watch (HRW).
El abogado chileno y director de la División de las Américas de HRW, José Miguel Vivanco, fue igual de crítico frente a los dichos de Piñera. "Se trata de una declaración muy desafortunada. Con independencia de las decisiones políticas que cada país tome, todos los Estados deben garantizar derechos humanos básicos", señaló a este diario. "Nada de ello ocurre en China", aseguró.
Pero la postura de Piñera, de evitar criticar la situación de DD.HH. en China, no parece un caso aislado entre los gobernantes occidentales, muchos de los cuales han apostado por una posición pragmática respecto de Beijing considerando su peso económico.
Así, al menos, quedó en evidencia con la situación del disidente chino y premio Nobel de la Paz 2010, Liu Xiaobo, fallecido en 2017. Mientras agonizaba en un hospital de Shenyang víctima de un cáncer terminal, cientos de activistas, organizaciones internacionales y ciudadanos de a pie pidieron sin éxito a las autoridades chinas, las mismas que en 2009 lo condenaron a 11 años de cárcel por "incitar a la subversión del Estado" con sus escritos, que lo dejaran salir del país para ser tratado en el extranjero.
Pese al clamor internacional, sin embargo, ni uno solo de los líderes congregados en la Cumbre del G-20 de 2017, en Hamburgo, se refirió públicamente a la situación de Liu Xiaobo, salvo la anfitriona, la canciller alemana Angela Merkel, según recordó el diario español El Mundo.
Para Vivanco, la razón del silencio de Occidente frente a la situación de DD.HH. en China es clara. "Es evidente que muchos países están dispuestos a hacer la vista gorda ante los gravísimos abusos que se cometen en China por temor a que se vean dañadas sus relaciones comerciales con este país que tiene la segunda economía más importante del mundo", dijo a La Tercera.
Guy Sorman, filósofo y economista francés, difiere en ese punto con Vivanco. Para el autor del libro China: el imperio de las mentiras (2006), "si los líderes occidentales hablaran sobre los derechos humanos, no habría consecuencias económicas". "China necesita los mercados occidentales tanto como Occidente necesita a China", asegura.
Con todo, para Wenfang Tang, académico de la U. de Iowa, la Presidencia de Xi Jinping ha dado muestras de la "resiliencia autoritaria" en China. En una columna publicada en 2018 en la revista America Affairs, el politólogo plantea que el "gobierno autoritario todavía se está fortaleciendo", al punto que los observadores de China han cambiado sus temas de investigación. "Ya no buscan predecir cuándo se democratizará el país, sino comprender por qué es resistente a la democratización", concluye Wenfang Tang.
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